Existe cierto consenso entre los candidatos con más chances de acceder a la presidencia de la Nación respecto de que, para intentar salir del trágico fondo en el que estamos, se debe generar un radical cambio de modelo económico en el país. Para alcanzar una mayor libertad comercial se espera, por lo menos, que en algún momento se realice una unificación cambiaria, una sensible reducción del Estado –en todos sus niveles de gobierno–, una implacable desburocratización y desregulación, y también una reforma laboral.

También debería tener un papel estelar en este cambio la política tributaria. De otro modo, cualquier plan estaría condenado al fracaso. Es más, hasta el propio candidato del oficialismo ha reconocido –aunque de manera tímida y tardía, ya que en su espacio prevalecen ideas económicas totalmente opuestas– que es necesario reducir la mochila fiscal y caminar hacia una simplificación tributaria.

Podemos afirmar, sin ponernos colorados, que el daño que ha causado el gobierno que se va ha sido catastrófico en materia de seguridad jurídica tributaria, al crear impuestos a mansalva y al aumentar o anticipar fuertemente los existentes. Esto es así, a tal punto que se ha desatado en el país un éxodo fiscal sin precedentes de empresas y de capital humano. Estamos hablando de más de 30 compañías (Banco Itaú, Nike, Falabella, Telefónica, Adidas, Petrobras, Latam y OLX, por nombrar solo un puñado) y de más de 1800 personas que pidieron el cambio de residencia fiscal, entre las que se encuentran empresarios de la importancia de Marcos Galperin o Martín Migoya.

No existen todavía estudios sobre el perjuicio económico que han producido estas relocalizaciones, pero seguramente han tenido –y tendrán– su correlato en la recaudación a la cual, paradójicamente, se pretendía apuntalar con estrafalarias medidas. Para peor, las distorsiones cambiarias y la sofocante inflación han llevado a que algunos impuestos a ingresar terminen licuándose. Lo cierto es que la desastrosa gestión tributaria de este gobierno ha sido un factor que ha contribuido indudablemente en la caída de la inversión y del crecimiento del país.

Ahora bien, ¿cuáles son las reformas por encarar? Existe bastante consenso entre quienes nos dedicamos a los impuestos en relación con lo que está mal. Muchas de las modificaciones necesarias habían sido puestas en marcha durante la gestión de Mauricio Macri. Pero el kirchnerismo, en su versión de 2019, las destruyó en poco tiempo e inició un camino completamente inverso.

Entonces, para la reconstrucción de nuestro sistema tributario debería comenzarse por deshacer prácticamente todo lo que hizo la actual administración durante sus perjudiciales años de gobierno. En este orden de ideas, cualquiera que pretenda un fuerte cambio de expectativas debería enfocarse en eliminar o reducir impuestos distorsivos en todos los niveles del Estado (derechos de exportación, impuesto al cheque, Bienes Personales, impuesto PAIS, percepciones sobre operaciones de cambio o de comercio exterior, impuesto sobre los Ingresos Brutos, impuesto de Sellos), además de volver a una alícuota razonable para las sociedades, que se encuentre en línea con las que se aplican en la región, y de limitar hasta su mínima expresión (por lo menos, mientras haya inflación) cualquier forma de financiación coactiva y anticipada para los fiscos (retenciones, percepciones, anticipos, etcétera). La nueva gestión debería orientarse también a una generosa apertura comercial, que permita a individuos y empresas acceder a aquellos bienes necesarios para la modernización de sus procesos y negocios.

Si bien habrá que ser cuidadosos, para que no falten recursos en las áreas claves que mantengan la gobernabilidad, hay que saber que no hay tiempo para medias tintas. En esto, los referentes económicos de los principales candidatos coinciden en que no hay crédito para largas aventuras.

Para compensar la merma de ingresos que se produciría por los impuestos que se eliminarían o reducirían, será necesario aprobar, a los pocos meses del inicio del mandato, un nuevo sinceramiento fiscal y una moratoria. Si bien son herramientas odiosas para los contribuyentes cumplidores, es un recurso efectivo para administraciones que recién comienzan y, sobre todo, cuando previamente se han transitado intensos años de crisis y con gobiernos que han espantado capitales y empresas.

No es ninguna novedad que la cantidad de dólares fuera del sistema –de individuos y empresas argentinos– es un target bastante apetecible para gobiernos pro mercado que recién inician. Y, efectivamente, es un método que permite ampliar la base imponible con ingresos extra y de fácil recaudación. Para que sea exitoso, debería generarse previamente mucha confianza –tarea ardua, aunque no imposible– y hacer aprobar una ley de estabilidad fiscal que blinde, cuanto menos, por los próximos 10 años a quienes vuelvan a confiar en el país.

También es necesario buscar herramientas para lograr que los que dejaron de ser residentes vuelvan a radicarse en nuestro país o vuelquen aquí sus inversiones. Ya existe una vacación fiscal desde hace tiempo en la Ley de Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto sobre los Bienes Personales (orientada a rentas y activos de fuente extranjera), pero solo resulta aplicable a extranjeros que se instalen en la Argentina. Entendemos que debería extenderse su aplicación para aquellos nacionales que dejaron de ser residentes. Esto debería complementarse con otras normas que contengan incentivos fiscales para promover la inversión y, sobre todo, las exportaciones de bienes y servicios.

Finalmente, es necesario que se dé seguridad sobre la factibilidad de las reformas. Es necesario mostrar un contundente apoyo político y social que despeje dudas respecto de la aprobación, pero también de la permanencia en el tiempo de los cambios. Así, se procuraría revertir en los inversores el amargo recuerdo de lo que ocurrió en el país luego de que el kirchnerismo derrotara al ingeniero Macri en 2019, con un candidato que se mostraba como moderado pero que ejecutó, sin cuestionamientos, todos y cada uno de los ruinosos planes de la agrupación política que le abrió el camino para acceder a la más alta magistratura.