Rappi, la aplicación de comidas y productos online de origen colombiano, apuntó contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires tras la sanción que le impuso a la empresa por $59 millones. La multa del Ejecutivo provincial que dirige Axel Kicillof “está basada en argumentos que no reflejan un entendimiento integral de la actividad”, definió Rappi.

El gobierno bonaerense informó este miércoles que había advertido en marzo de este año a la empresa que debía eliminar el cobro de cargos adicionales dentro de la categoría “tarifa de servicio” por ser contrarios a la ley de defensa del consumidor.

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, a cargo de este tema, había puntualizado que Rappi no informa un cargo extra llamado “tarifa de servicio”. Los consumidores recién se enteran al momento del pago.

La vicepresidenta de mercados para Hispanoamérica, Astrid Mirkin, aseguró que esa información está disponible y no constituye un engaño contra los usuarios: “El desglose de los costos que componen el monto final a abonar está visible para todos los usuarios antes de completar la compra; así como la descripción de cada concepto, a la cual pueden acceder a través del botón ‘Así funcionan nuestros costos’”.

Mirkin puntualizó que la operación de la compañía “siempre fue llevada adelante respetando el marco legal vigente”. Además, agregó: “Nos hemos puesto a disposición desde el primer momento para generar instancias de diálogo y entendimiento con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, a las que al momento no han dado lugar”.

En ese sentido, sostuvo que “la actividad de Rappi es la intermediación” y destacó que lo que hace la compañía es “brindar una solución tecnológica que conecta a consumidores, negocios y repartidores”.

El Ministerio de Producción alertó a principios de año que Rappi debía reintegrar a los consumidores los montos abonados por la “tarifa de servicios”. Estableció, en ese momento, una multa de 13 millones de pesos. Por los intereses, esa sanción subió a 59 millones de pesos.

“Se trata de un adicional que fue constituido claramente para aumentar las ganancias a costas de trasladar gastos y costos operativos de la propia plataforma a las y los consumidores y usuarios”, acusó el gobierno bonaerense.

La empresa se negó a modificar su conducta, aseguró el Ministerio de Producción, que subrayó que fue garantizado “su derecho a defensa”.

“No es en absoluto una actitud anti-empresa, sino al contrario, se le dio a la empresa la posibilidad de corregir esa cláusula, pero decidió no corregirla, y por eso llega la multa”, se excusó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones provincial, Ariel Aguilar, y sostuvo que “si Rappi quitaba ese concepto, la multa no llegaba”.