Una importante redada de la Policía Federal de Brasil en ciudades del sur de ese país derivó en el arresto de parte de la cúpula de Pietra Verdi, una supuesta megaplataforma de inversión internacional que prometía ganancias inmediatas y sostenidas gracias a una supuesto yacimiento de esmeraldas en Tocantins, pero que terminó siendo una de las estafas con esquema Ponzi más grandes en la historia de América del Sur.

El sostén de las ganancias en el valor de las piedras preciosas y, luego, en los movimientos de un criptobanco, hizo que cayeran en la trampa unos 25.000 inversores de 11 países, entre ellos, 2000 argentinos. El perjuicio estimado por el abrupto cese de las operaciones generó un perjuicio de al menos 100 millones de dólares, según estima la Justicia brasileña, que decretó el secreto del sumario mientras decide la situación procesal de los tres detenidos preventivamente: el exCEO de Pietra Verdi, Márcio Antônio Guindani; su esposa y presidente de la plataforma, Leydi Laura Pinheiro de Castro, y el supuesto gemólogo que garantizaba la calidad de las costosísimas piedras preciosas, Maicon Bellaver.

Los tres están acusados de lavado de dinero, asociación ilícita, peculado, fraude y delito contra el sistema financiero y la economía popular. Las penas por esos delitos llegan a los 30 años. Además, hay 11 prófugos con pedido de captura internacional, según pudo saber LA NACION.

Un total de 160 estafados de varios países como la Argentina, Perú, México, Colombia y España, entre otros, se unieron para buscar justicia. Dos de ellos son Ramiro Palma y César Bonato, abogados argentinos que están llevando adelante la demanda. Se asociaron con un estudio jurídico de Brasil para litigar en la causa que tramita ante el 1er. Tribunal Federal de Itajaí, en el estado de Santa Catarina, Brasil, que está a cargo de la jueza Carla Fernanda Fritsch Martins.

Pietra Verdi prometía ganancias diarias de 1.2% con una inversión mínima de 25 dólares y utilizaba de pantalla la actividad minera de piedras preciosas, particularmente la esmeralda en el Estado de Tocantins, en el interior brasileño. De allí el nombre cuya traducción significa “Piedra Verde”. Las transferencias se realizaban en criptomonedas, lo que complicó las investigaciones.

Si bien la empresa cerró adjudicando el motivo a una denuncia penal contra su CEO, prometieron devolver el dinero a los socios con “esmeraldas y acciones”, algo que nunca sucedió.

El abogado Palma dijo a LA NACION: “Tenían la fachada de que producían esmeraldas. Estaba muy bien armada. Había eventos a los que invitaban a figuras mediáticas de Brasil, había papeles... Tenían una estructura de comunicaciones confiable y material audiovisual de primer nivel de las minas de esmeraldas, los talleres y las tiendas para comprarlas. Incluso uno de los fundadores es un gemólogo”.

Sobre el proceso judicial, Palma explicó: “Trataron de dilatarlo en el tiempo lo más que pudieron y saben que somos pocos los que hicimos la demanda . Recopilamos buen material probatorio: capturas de pantalla, mails y transacciones”.

A comienzos de septiembre, en la operación “Linterna Verde” llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil, se decomisaron bienes en allanamientos a once domicilios de Balneario Camboriú, Itajaí, Itapema, Ilhota y en las ciudades de Farroupilha y Paraíso do Tocantins: había propiedades, autos –Porsche y BMW, entre otros– y un turbohélice Piper, además de “billeteras frías” –cajas fuertes de criptoactivos que se guardan en pendrives–, lingotes de oro y esmeraldas.

“Con el diario del lunes es más evidente ver que había una estafa, pero estaba muy bien armada y pensamos que realmente nos podíamos hacer ricos en poco tiempo, así caímos. Había una buena pantalla, era muy atractivo”, concluyó el letrado.