Tras el escándalo político que provocó la anulación de la causa contra un puntero del PJ Julio Rigau, que fue sorprendido con 49 tarjetas de débito y 1.260.000 pesos, el fiscal ante la Cámara de Casación Horacio Vogliolo recurrirá esa medida y la ONG Poder Ciudadano analiza presentarse en el expediente como querellante para ampliar y profundizar la investigación ante la sospecha de que se trata de una estafa a la Legislatura bonaerense, donde uno de sus empleados estaba cobrando el sueldo de otras personas, ya sean “ñoquis” o ciudadanos que nunca supieron que eran empleados públicos.

Rigau fue retenido por la policía el 9 de septiembre pasado cuando lo vieron sacando la plata de un cajero y demorando más de una hora en la operación. Sus abogados, en lugar de apelar la negativa de su excarcelación, presentaron un habeas corpus que fue otorgado por los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo de la Cámara Federal de La Plata. Los magistrados dijeron que la policía se inmiscuyó en la intimidad de Rigau, conocido como “Chocolate”, porque dijeron que no había motivo para detenerlo y anularon el procedimiento y lo actuado en consecuencia.

La intervención de los camaristas, cuyo fallo fue criticado con dureza por numerosos constitucionalistas que lo consideraron “aberrante” y políticamente motivado, llegó justo cuando la causa estaba a punto de escalar hacia los estamentos de recursos humanos de la Legislatura bonaerense, un área política sensible para el oficialismo en general y el Frente Renovador en particular.

Tal como informó LA NACION ayer, el fiscal general Vogliolo la recurrirá la semana próxima la nulidad del procedimiento para permitir que continúe la investigación sobre Rigau y quienes estén por encima de él en la cadena de responsabilidades, confirmaron fuentes del Ministerio Público. Vogliolo se opondrá a lo sostenido en el voto del juez Benavides -al que adhirió Villordo-, que sostuvo que la requisa que hizo la Policía fue ilegal.

Para revertir este fallo también se apronta Poder Ciudadano, que va a acudir en apoyo del Ministerio Público de la provincia, dijeron fuentes de la organización. La idea es articular resortes judiciales para que el caso no se archive, sino que siga la investigación. “No solo evitar que muera la causa sino ampliarla porque consideramos que estamos ante un caso de corrupción sistémica donde lo que se vio es la punta de un ovillo. Los vamos a llenar de pedidos de acceso a la información con la seguridad de que van a aparecer nuevas denuncias de personas que están siendo defraudadas”, dijo una fuente de la ONG a LA NACION.

Los juristas de la entidad analizan opciones que van desde presentarse como pretensos querellantes para apelar junto con el fiscal la nulidad, plantear ser “amigos del tribunal” o promover una nueva denuncia para eludir el límite que le puso la Cámara de Apelaciones de La Plata con su hábeas corpus.

Quien investigó el caso desde su inicio es la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata, Betina Luky, que había empezado a escuchar a los titulares de las tarjetas de débito. Ya tiene la declaración de unos diez testigos, algunos de los cuales dijeron que no sabían que eran empleados de la Cámara de Diputados. Uno de los testigos declaró que tras pedirle los datos, en la Cámara baja provincial se le informó que su contrató no salió y se le exigió devolver la tarjeta de débito.

Este testimonio es clave para acreditar la prueba que se terminará de componer una vez que el Banco Provincia acredite las extracciones que se realizaron desde 45 tarjetas a lo largo del tiempo.

Rigau fue detenido la semana que pasó cuando retiraba dinero de cajeros automáticos con 49 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Tres de esas tarjetas serían de familiares. La fiscal quiere saber si las extracciones por más de 27 millones de pesos constituyen una asociación ilícita para defraudar al Estado.

La Legislatura bonaerense tiene 1340 empleados en el Senado y 1510 en Diputados. El sueldo promedio es de $500.000. La Justicia intentará determinar si el caso del detenido con decenas de tarjetas de débito con nombres de presuntos empleados es una modalidad que se perpetuó durante el tiempo.

Las declaraciones testimoniales seguirán si la causa sigue con vida, así como el análisis de las respuestas que envíen el Banco Provincia y la presidencia de la Cámara de Diputados cuando respondan oficios librados para determinar quiénes firmaron los contratos de las personas titulares de las tarjetas y cuántas extracciones se hicieron a lo largo de los años.

Rigau estaba empleados como electricista de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Ya había afrontado cargos por defraudaciones reiteradas con 177 hechos consumados. “Chocolate” Rigau integró en 2019 una lista del peronismo en La Plata como precandidato suplente a concejal. Y es un conocido puntero del Partido Justicialista platense.

De acuerdo al pedido de detención, Rigau extrajo dinero los días 7, 6, 7, 8 y 9 de septiembre, siempre con más de 40 tarjetas de débito de distintas personas. Todas las tarjetas corresponden a la Cámara de Diputados y por su condición de intransferibles se sospecha que el imputado las obtuvo de manera ilegítima.

El juez de Garantías Guillermo Atencio, cuando la causa estaba operativa, allanó la casa de “Chocolate” y halló un cuaderno con presuntos detalles de los montos y los beneficiarios de las extracciones. “Para los investigadores Rigau no actuaba solo. Sospechan que formaría parte de un armado para financiar una caja negra de la política”, indicaron fuentes judiciales.

La hipótesis de una estafa compuesta mediante una asociación ilícita se sustenta en un dato llamativo para la Justicia: todas las tarjetas tenían una clave similar: 2021, 2022 ó 2023. Con cada una de las tarjetas se hicieron múltiples extracciones de $30.000 por día hasta completar $580.000 por titular. Es decir algo más de 700 extracciones. Hasta que la causa se cerró se averiguaba si esta modalidad se repitió en el tiempo.