El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, analiza por estas horas la designación del juez jubilado Alberto Baños como nuevo secretario de Derechos Humanos, en reemplazo del camporista Horacio Pietragalla Corti, dijeron a LA NACION fuentes oficiales que, de todos modos, no confirmaron la designación.

Baños es un juez que estuvo en funciones hasta septiembre pasado, cuando el expresidente Alberto Fernández le aceptó la renuncia. Se trata de un magistrado de la “vieja guardia”, que siempre se desempeñó en la justicia nacional de instrucción. Su causa más resonante fue la del robo de las manos del General Juan Domingo Perón.

De confirmarse, la designación de Baños es por demás sugestiva, ya que fue la propia Secretaría de Derechos Humanos la que pidió que el juez se apartara de la causa en la que se investiga la desaparición del Policía de la Ciudad Arshak Karhanyan.

Allí, la Secretaría de Derechos Humanos es querellante y en un largo y durísimo texto acusó al entonces juez de “no tener intenciones de conducir la investigación hacia la búsqueda de la verdad” y le reprochó irregularidades en la investigación.

La designación de Baños no fue confirmada oficialmente. “Se está analizando, pero no hay nadie confirmado ahí”, dijo una fuente oficial del ministerio de Justicia a LA NACION. No obstante, en la Secretaría de Derechos Humanos, donde reina una gran incertidumbre, daban por hecho la llega de Baños a partir de un mensaje interno que circuló en diferentes áreas del organismo.

Los perfiles de Baños y Pietragalla Corti no podrían ser mas opuestos. Pietragalla Corti es hijo de desaparecidos, restituido por Abuelas de Plaza de Mayo. Es hijo de Liliana Corti y Horacio Pietragalla, nació el 11 de marzo de 1976, unos meses después de que su padre fuera asesinado en Córdoba. Vivió con su madre hasta agosto de 1976, cuando fue asesinada en un operativo en Villa Adelina. Inmediatamente, Horacio fue llevado a la Clínica Mayo y a la Brigada Femenina de San Martín, donde los niños secuestrados por la dictadura eran entregados a familias de militares o de las fuerzas de seguridad.

El juez Baños siempre se despeñó en la justicia de instrucción, donde se lo recuerda por ser implacable y duro a la vieja usanza. En su carrera atravesó innumerables casos difíciles. Un preso le confesó que lo dejaron salir de la cárcel de Caseros para asesinarlo.

Baños también integra la Especialización en Derecho Procesal Penal de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), donde Cúneo Libarona era el decano de la Facultad de Derecho, hasta asumir en el Ministerio.

La Secretaría de Derechos Humanos es un área clave del ministerio de Justicia, que será reformulada. Cúneo Libarona entiende que no puede funcionar con una dotación de más 1000 personas.

Por eso es que hasta ayer todo era incertidumbre en esas oficinas, que ocupan parte del predio de la ex-ESMA. Allí funciona el museo del centro clandestino de detención, el Archivo Nacional de la Memoria y otros organismos, además de albergar a distintas organizaciones de derechos humanos.

También alentó la idea del posible cambio de rango –a Dirección– de la Secretaría de Derechos Humanos el hecho de que en el decreto que reformó la cantidad de ministerios del gobierno de Javier Milei aparece solo como Ministerio de Justicia y no de Justicia y Derechos Humanos, como lo era antes.

Una de las ideas que planteó Cúneo Libarona es trabajar sobre un sistema de control de acceso y egreso de personal, que permita establecer quiénes son los que concurren a trabajar, dónde y las tareas que desempeñan. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el exministro Germán Garavano planteó trasladar a la ex-ESMA la sede del Ministerio de Justicia, desde el microcentro porteño, pero no prosperó.

Cúneo Libarona plantea ajustes en los contratos que se vencen a fin de año y con los que calcula que se podrá reducir en un 33 por ciento el personal, sumado a los funcionarios que dejan sus funciones. En el ministerio funciona una Dirección de Asuntos Internacionales, de Comunicación Audiovisual en Contenidos de Justicia, está la Subsecretaría de Política Criminal, la Dirección de Protección de Testigos, la de Violencia Institucional, de Políticas Reparatorias de Grupos Vulnerables, el equipo de abogados de procesos por violaciones de los derechos humanos en la dictadura, el Inadi, el INAI (asuntos indígenas) y la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, entre otras áreas.

El Ministerio de Justicia, que absorberá ahora la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, cuenta en total con más de 1600 empleados. El Servicio Penitenciario Federal y las cárceles federales de todo el país dejarán de estar bajo su órbita y pasarán a Seguridad.