MADRID.– Después de años de enfrentamientos, la Unión Europea llegó finalmente a un acuerdo sobre uno de los problemas más serios y urgentes que estaban afectando las relaciones entre los socios y que define una senda clara en su acción exterior: el tratamiento de los flujos migratorios. Bajo el principio “solidaridad flexible pero obligatoria”, los Estados miembros acordaron dos importantes líneas: por un lado, endurecer los requisitos de entrada de los demandantes de asilo, y por otro, que todos los Estados asuman a una parte de esas personas que llegan buscando refugio. En el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, las nuevas regulaciones establecen un umbral mínimo de reubicaciones (traslados desde los países bajo presión migratoria a otros Estados miembros) de 30.000 al año. Una cifra, sin embargo, limitada. Los Estados que rehúsen acoger reubicados (de los que se excluye a los que están bajo presión migratoria) deberán aportar a la cesta de solidaridad común 20.000 euros por persona rechazada o contribuir con medios técnicos y logísticos cuantificables.

En 2022 llegaron a la Unión unas 180.000 personas en situación irregular y, aunque es una cifra muy inferior al pico alcanzado en 2015, con 1.400.000 migrantes, se trata de un flujo sostenido, El centro del actual acuerdo está en que todos los socios deben aportar y responsabilizarse para que el sistema funcione. Europa sigue buscando blindarse, aunque lo haga ahora de forma más solidaria.