“La gente está harta de este esquema clientelar que detonó con esta tragedia”, señaló Esteban González, un comerciante de Resistencia, Chaco, que observaba con bronca el despliegue policial frente a la fiscalía, donde fueron trasladados los detenidos sospechosos de la desaparición de Cecilia Strzyzoswki. Así detalla la excelente cobertura para LA NACION del colega Germán de los Santos en el lugar de los hechos. La frase resume el sentimiento de frustración y hartazgo de gran parte de la sociedad chaqueña que opina que sus derechos no son iguales a aquellos que pavonean ser amigos del poder. Pero esta vez la indignación por el supuesto femicidio traspasó las fronteras de la provincia del norte y está regando de bronca a todo el país.

Los siete detenidos son parte de ese grupo de privilegiados que funcionan como traccionadores de votos a cambio de dinero público con nulo control del gobierno local, de hecho en los allanamientos se incautaron seis millones de pesos sin ningún registro bancario de origen. Esa organización administra políticas sociales, un rol que debería cumplir el estado. Tres de los detenidos son Emerenciano Sena, conocido como el “Milagro Sala del Chaco”, su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, los otros cuatro son colaboradores de la Organización y del Partido Socialista Unidos por Chaco, aliados al gobernador Jorge Capitanich. Es tan estrecha la relación con Capitanich que supera la conveniencia de la actividad política. El gobernador comenzó su relación con Sena y Acuña en 2007, desde entonces fueron socios políticos inseparables, al punto que Capitanich escribió el prólogo de su libro Emerenciano, caudillo del norte y fue testigo de casamiento de ambos en 2012.

Loa Sena se sentían impunes y siempre fueron provocadores. Hace tres años inauguraron un natatorio en el barrio que lleva el nombre de “Emerenciano” y lo llamaron “Santiago Maldonado”, un homenaje desafiante que atraviesa el mal gusto; y el año pasado, Marcela Acuña, inauguró un gimnasio, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, al que bautizó con el nombre del excampeón del mundo de boxeo y Femicida, “Carlos Monzón”. Nada les importa, hasta el sábado pasado se sentían dueños de una parte del Chaco y de la vida de quienes dependen de ellos.

Capitanich está intranquilo, hay filmaciones y audios que comprometen a la familia Sena con la hipótesis que maneja el fiscal Sergio Cáceres Olivera, que presume que a Cecilia la asesinaron y descuartizaron o la incineraron para hacer desaparecer su cuerpo. En las últimas horas aparecieron intimidaciones y amenazas a la familia de la víctima. El oficialismo chaqueño está más preocupado en que este crimen no los afecte en las elecciones del próximo domingo que de esclarecer el caso.

La política feudal que arma pequeños estados paralelos en nombre de las políticas sociales, convirtiendo en capangas poderosos a militantes políticos a cambio de clientelizar los votos de los más necesitados es uno de los males que deslegitima el juego democrático en varias provincias argentinas desde hace más de 30 años.

La primera comparación que se hace con este tipo de dirigentes sociales, que no solo administran con impunidad el dinero público sino que también cometen delitos comunes, es con Milagro Sala y su raid delictivo en Jujuy en épocas de oro del kirchnerismo. Pero vayamos más atrás, cuando Emerenciano comenzó su actividad militante, en Catamarca sucedía el atroz crimen de María Soledad Morales, aquella joven de 17 años que estudiaba en un colegio religioso de la capital catamarqueña. El 8 de septiembre de 1990 desapareció y su cuerpo fue encontrado dos días después en un basural a 7 kilómetros de la ciudad. El caso de María Soledad fue emblemático: ese 8 de septiembre fue drogada, violada, asesinada y arrojada en un descampado a la vera de la ruta. Los perpetradores de su crimen eran “hijos del poder”. Lo que vino después fueron innumerables muestras de impunidad: se perdieron pruebas, se presionaron testigos y se intentó encubrir lo sucedido. Sin embargo, la lucha de su familia terminó por resquebrajar el poder despótico que gobernaba la provincia, bajo el mando de la familia Saadi. Hoy, 33 años después, podríamos encontrar muchas similitudes entre el crimen de María Soledad y la tenebrosa situación en torno del supuesto femicidio de Cecilia Strzyzoswki, como también con el asesinato de Paulina Lebbos sucedido en Tucumán en 2006, donde funcionarios del entonces gobernador Alperovich fueron denunciados por encubrimiento.

Pero también vale recordar lo que sucedió durante la pandemia en estas provincias con características de feudo, donde el comportamiento de los gobernantes se asemeja más al de aquellos “patrones de estancia” de principio del siglo XX que al de un dirigente que emerge de una democracia moderna. Luis Espinoza, de 31 años y padre de seis hijos, fue asesinado durante un violento operativo policial el viernes 15 de mayo de 2020 en el sur de Tucumán. Su cuerpo fue encontrado una semana más tarde en el fondo de un acantilado en Catamarca. El gobernador de esa provincia era Juan Manzur. También en Tucumán, en 2020, fue asesinado Walter Nadal, detenido por seis policías y asfixiado contra el suelo. En Santiago del Estero, gobernado por Gerardo Zamora, encontramos el caso de Mauro Ezequiel Coronel, que fue detenido en la comisaría 10ª de la capital provincial, donde supuestamente fue torturado, para luego llevarlo al liceo policial, antes de trasladarlo al Hospital Regional de la ciudad, donde murió dos días después. Y también el caso de Franco Nicolás Isorni, quien fue hallado muerto el 26 de agosto del 2020 tras una persecución policial disfrazada de accidente de tránsito, con algunos detalles escabrosos sobre violencia y complicidad institucional para cubrir el delito. En la San Luis de los Rodríguez Saá, el 5 de abril de 2020 fue detenida Florencia Magalí Morales por “violar la cuarentena”, luego apareció muerta en su celda.

Existe un informe del diputado Rubén Manzi que denuncia 5 muertes, 50 casos de tortura, 97 de lesiones graves, 69 de persecución, 52 de hostigamiento y 49 de represión, ocurridas en las provincias del NOA durante el control de la cuarentena, incluidas en otro más extenso del diputado Fernando Iglesias que da cuenta de casi 200 casos de violaciones a los DDHH en distintos puntos del país. También hay denuncias e informes de la Comisión Interamericana de DDHH, de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional, sobre las violaciones a los derechos humanos y civiles en la provincia de Formosa gobernada por Gildo Insfrán.

El abuso suele estar presente en estas provincias, donde todos se conocen y el poder político lo hace posible en favor de dirigentes sociales que se encumbran con manejo discrecional del dinero público al servicio del poder de turno. El caso del matrimonio Sena-Acuña en el Chaco vuelve a mostrarnos que el asesinato de María Soledad Morales solo sirvió para derrumbar un poder feudal de una familia que manejaba Catamarca como propia y no con un poder delegado por el pueblo, pero que ese asesinato no se aprovechó como ejemplo para mejorar la calidad de las instituciones en el resto de las provincias con sistemas políticos permisivos a ese accionar.

El kirchnerismo, que supo construir su propio feudo en Santa Cruz con las mismas características que los nombrados -uso arbitrario de los recursos, nepotismo, avance sobre el Poder Judicial, manejo discrecional de la obra pública con corrupción- es responsable de este tipo de prácticas en otras provincias porque desde el poder central las alentó, las financió tanto como delegó poder y dinero en los gobernadores y dirigentes sociales leales como Milagro Sala y Emerenciano Sena. Siempre se sintió cómodo con ese tipo de construcción política rancia y amañada. Hoy miran para otro lado, cuentan con el favor de los Organismos de Derechos Humanos y colectivos que actúan de acuerdo con el color político del acusado, antes de revisar la situación de la víctima. Con su silencio cómplice no hacen más que colaborar con el sostenimiento de estos gobiernos con características feudales que parecen detenidos en el tiempo, intentando cobijarse bajo un eterno manto de impunidad.