Un posteo en Instagram de Victoria Villaruel en el que habló del Servicio Militar Obligatorio hizo a muchos preguntarse sobre la postura de la candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza sobre la “colimba”, que fue suspendida en nuestro país en 1994.

En estos tiempos de campaña electoral, cuando la fecha del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei se acerca, las redes sociales de los candidatos ofrecen material para el debate de las propuestas y posibles acciones de gobierno, aún cuando se trate de posteos previos a la actual carrera por la presidencia, que se saldará el 19 de noviembre con la segunda vuelta de las elecciones.

En el caso de Victoria Villarruel y el Servicio Militar Obligatorio, muchas personas reaccionaron al texto de una publicación hecha por la candidata en mayo de 2022, cuando ya era diputada nacional: “La defensa nacional es para garantizar la soberanía e independencia, la integridad territorial y capacidad de autodeterminación y proteger la vida y libertad de los ciudadanos. El Servicio Militar Obligatorio tenía ese fin. El rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) es ese y ningún otro”.

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Sin embargo, luego de que las declaraciones de Villarruel se volvieran virales, desde su equipo de comunicación decidieron editar este post. Aunque el texto original todavía puede leerse en la imagen, la descripción de la misma —que replicaba esas palabras—, fue modificada: “Respecto del Servicio Militar Obligatorio, mi posición es públicamente conocida, pero no es aplicable al contexto actual. La función de las FF.AA. no es ser un canal de contención de jóvenes, sino apuntar a la defensa del país. Cualquiera que afirme otra cosa simplemente desconoce el tema”.

Pero el comentario original de Villarruel, sumado a sus posiciones en otros aspectos del tema militar, mantuvieron el debate sobre esta dirigente, que Javier Milei señaló como posible ministra de Seguridad y Defensa, en una combinación de ambas carteras.

Por un lado, la candidata a vicepresidenta prometió aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas, a contramano del ajuste del 15 por ciento del PBI que plantea como propuesta Javier Milei. El tema castrense estuvo presente en la campaña libertaria: el propio candidato incluso generó polémica y críticas al decir que el Proceso de Reorganización Nacional fue “un conflicto armado interno, una guerra de baja intensidad” y que los desaparecidos por el Terrorismo de Estado “no fueron 30.000″.

En aquella época, el Servicio Militar Obligatorio seguía en plena vigencia y los jóvenes convocados también sufrían hostigamiento por parte de sus oficiales. La misma candidata tiene vinculaciones familiares con las Fuerzas Armadas.

Su padre, Eduardo Villarruel, participó en el Operativo Independencia en Tucumán, iniciado por el gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón y continuado por la dictadura. Según contó, en este período intervino “en la lucha contra la subversión, tanto en el ambiente urbano como rural”, aunque nunca fue vinculado al terrorismo de estado, y más tarde combatió en la Guerra de Malvinas. En 1987 fue sancionado por insubordinación por negarse a jurar sobre la Constitución durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.

El tío de la candidata a vicepresidenta, el Capitán Ernesto Guillermo Villarruel, fue Jefe de Inteligencia del Regimiento de La Tablada e indicado por la Justicia como uno de los oficiales a cargo de las operaciones del centro clandestino El Vesubio. Así fue señalado en 2021, cuando ocurrió la elevación a juicio de una de las megacausas vinculadas a esta prisión clandestina ubicada en La Matanza, donde se imputó a una decena de militares por el homicidio de casi 50 personas y la privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas a otras 370. Sin embargo, en este caso Villarruel fue declarado incapaz para defenderse en el proceso por un avanzado estado de demencia senil.

Su sobrina y candidata a vicepresidenta es fundadora y presidenta del Celtyv, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, una asociación civil que realiza manifestaciones públicas pidiendo reconocimiento para las víctimas de atentados perpetrados por organizaciones terroristas en la década de los 70, sean o no militares. A pesar de declamar que aboga por “la memoria completa”, Villarruel ha tenido palabras muy críticas para las asociaciones de víctimas de la represión estatal como las Abuelas de Plaza de Mayo y en particular para su presidenta, Estela de Carlotto, a quien calificó de “personaje siniestro”.

El Servicio Militar Obligatorio (SMO) existió en la Argentina durante 92 años, entre diciembre de 1901 y agosto de 1994. Fue sancionado a través de la Ley N° 4.031, que llevaría el nombre del Coronel Pablo Riccheri, el ministro de Guerra de Julio Argentino Roca. Según esta legislación, la conscripción forzosa podía alcanzar a todos los jóvenes argentinos, nativos y naturalizados, que hubieran cumplido veinte años —posteriormente, se estableció la línea a los 18 años— el año anterior a su llamamiento.

El sistema de selección constaba de un sorteo, transmitido por los medios de todo el país, en el que cada potencial candidato tenía un número entre 1 a 1000 asignado a cada uno de los últimos tres números de identificación nacional de los ciudadanos hombres. Cada año se anunciaba un número de corte, y aquellos ciudadanos cuyo número de identificación nacional correspondía a un número de sorteo por encima del corte debían pasar la revisión médica para ser inscriptos al año de SMO. Concebido en el marco de las tensiones territoriales con Chile, que eventualmente podían derivar en un conflicto armado, el plan de Riccheri buscaba entrenar a 100.000 jóvenes en las artes militares en un plazo de diez años.

Aunque formó parte del paisaje nacional por más de nueve décadas, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la política nacional a través de golpes de estado, así como los abusos reportados por numerosos conscriptos por parte de sus oficiales, comenzaron a desacreditar la función moral del SMO. De estos tiempos partió su apodo, la “colimba”, que se forma con las palabras “corra, limpie, barra”, algunas de las órdenes más comunes que emitían los oficiales sobre sus conscriptos.

La Guerra de Malvinas, en la que buena parte de las tropas nacionales estuvieron conformadas por conscriptos que cumplían el SMO, debilitó aún más el sistema, cuya tasa de reclutamiento se achicaba mes a mes. Otros factores que contribuyeron a que se discutiera la vigencia de este sistema, ya bajo el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, fueron los alzamientos Carapintadas de 1987 y 1990 y la hiperinflación de fines del gobierno radical y principios del de Menem, que hacían a muchos cuestionar el nivel de gasto del SMO.

Ya en 1993, el coronel Martín Balza, jefe del Estado Mayor del Ejército, hizo un pedido oficial para avanzar hacia un Servicio Militar Voluntario (SMV), que no fue atendida por el Poder Ejecutivo. Todo cambió un año después, el 31 de agosto de 1994, cuando la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Omar Carrasco, un conscripto que había muerto producto de una paliza de sus oficiales mientras hacía la “colimba” y cuyo cadáver estuvo desaparecido por un mes, motivaron que el presidente Menem suspendiera el SMO mediante un decreto y habilitara el SMV, que rige actualmente.