El Consejo de la Magistratura se prepara para una nueva etapa luego de las elecciones presidenciales con la certeza de que cualquier sea el resultado se destrabará el funcionamiento del cuerpo, donde, si bien en 2023 se aprobaron 18 ternas para cubrir vacantes, están bloqueados concursos para elegir jueces en los cargos mas sensibles de la justicia penal federal. Es una dramática necesidad en un Poder Judicial en el que no hay magistrados designados en el 28 % de los cargos de la justicia federal.

La primera prueba del Consejo de la Magistratura la planteó Ana María Figueroa, que reclamó que la repongan en su cargo de jueza de la Cámara de Casación, lugar donde la Corte la dejó cesante porque cumplió 75 años el 9 de agosto y no obtuvo acuerdo del Senado. El propio Senado, dos meses después le dio acuerdo y Alberto Fernández la volvió a nombrar jueza con un decreto presidencial por cinco años más. Pero nunca reasumió su cargo.

Figueroa quedó en un limbo institucional, pero además económico porque no cobra sueldo como jueza desde agosto, y reclama que le paguen actualizados todos sus salarios de manera retroactiva. Tampoco cobra jubilación porque no inició los trámites ya que se considera en funciones.

Por eso presentó una nota en la Comisión de Selección de jueces del Consejo de la Magistratura reclamando que la repongan en el cargo y que le paguen el sueldo. Pero la Comisión de Selección se reunió la semana pasada, pero el asunto quedó postergado. Es que no solo se trata de analizar la nota que envió al Consejo, sino decidir si se convoca a un concurso para cubrir su vacante o no y si se la reemplaza como jurado en representación de los magistrados en otros concursos en trámite. Todos asuntos que nadie está dispuesto a tratar ahora, antes de las elecciones, según dijeron cuatro consejeros de diversos estamentos consultados por LA NACION.

“Nadie está dispuesto a ir contra la decisión de la Corte”, dijo un consejero opositor.

Las especulaciones son que la nota de Figueroa sea reenviada a la presidencia del Consejo, es decir a Horacio Rosatti, que también preside la Corte. Y desde allí eventualmente a la Casación. Pero el asunto, para los jueces de la Corte y de la Casación ya está resuelto.

Si hubo consenso entre los consejeros jueces, abogados, académicos y del estamento de los legisladores que ya sea que gane la elección presidencial Sergio Massa o Javier Milei, las cosas van a cambiar en el Consejo de la Magistratura.

En principio, si gana Milei, cambiaría el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, hoy Gerónimo Ustarroz, cercano a Cristina Kirchner y hermano del ministro del Interior Wado de Pedro. Y si gana Massa, es posible que también Ustarroz se vaya.

Por el lado de los legisladores, a Álvaro González, de Pro, se le vence el mandato y hay que ver si con la nueva conformación de la Cámara de Diputados se pone en juego la silla del macrismo en el Consejo o si es ese asunto es incierto.

Por el lado de los senadores, la Corte debe definir quién es el legislador por la minoría, si el senador de Pro Luis Juez o el senador del kirchnerismo Martín Doñate. Y si el planteo ese está vigente aún con la nueva integración del Senado después del 10 de diciembre.

No hay cambios por el lado de los jueces (dos de la lista Bordó, uno Compromiso Judicial y uno Celeste), ni los académicos (que responden a Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y cercano a Massa) ni de los abogados (un radical, un kirchnerista, una abogada cercana a Molea y otra cercana a Pro).

Con estos números lo que puede ocurrir es que se modifiquen las alianzas y que los jueces que hasta ahora votaban con el bloque de los radicales y de Pro puedan empezar a acercar posiciones con el bloque de Molea, a la hora de definir la cobertura de vacantes, que es el principal interés del estamento de los magistrados.

En la última reunión de labor no hubo acuerdos y no se pudieron destrabar la votación de las tenas. Gerónimo Ustarroz estuvo hasta último momento tratando de ponerlas sobre la mesa y que la Comisión la vote, pero no logró conmover a los opositores en ese encuentro.

Entre el 28 por ciento de las vacantes del Poder Judicial hay cargos, clave, estratégicos para definir la votación en causas de corrupción: se deben definir para los concursos para dos jueces de la Cámara Federal porteña, que tienen la llave para dejar pasar o frenar los casos de corrupción; tres juzgados federales de primera instancia en Comodoro Py 2002, que son los que investigan a los funcionarios del presente, del pasado y del futuro; y dos cargos en la Cámara de Casación (sin considerar a Figueroa), que es el tribunal penal más importante del país por debajo de la Corte. Además, están vacantes un tercio de los cargos de jueces de los tribunales orales federales que juzgan a los funcionarios.

Cualquiera sea su signo político, el nuevo Gobierno va a estar interesado en cubrir con postulantes de su agrado esas vacantes y además deberá negociar con la oposición en el Congreso la cobertura de la vacante de un juez de la Corte Suprema de Justicia (una mujer) y del Procurador General de la Nación.

El Consejo de la Magistratura votó por unanimidad el último año iniciar el juicio político del juez federal Walter Bento y aprobó 18 ternas para cubrir vacantes de jueces en lo civil, en lo laboral y en cámaras y juzgados federales del interior. No pudo aprobar las ternas de los cargos más sensibles de Comodoro Py.

Se aprobaron ternas menos conflictivas, porque había una indicación de Mauricio Macri, en la cúpula de Juntos por el Cambio, de impedir que sus consejeros apoyaran las postulaciones de candidatos que pudieran ser afines al kirchnerismo para ocupar vacantes clave.

Ahora todos los alineamientos podrían modificarse, lo que preanuncia que gane quien gane, el Consejo de la Magistratura puede cambiar. Los más optimistas hablan de un consejo dialoguista, que busque consensos para cubrir las vacantes.