Julio Rigau permitiría confirmar una sospecha extendida desde la recuperación de la democracia. El financiamiento ilegal de la actividad política en la provincia de Buenos Aires que consumarían todas las fuerzas políticas representadas en la Legislatura bonaerense. Pero particularmente en la Cámara de Diputados. La vitalidad y fortaleza de este sistema consolidado en los últimos 40 años es tal que consentir su existencia es el consenso básico, e imprescindible, sobre el que se toman decisiones. Pero sobre todo una importante: la elección de sus autoridades.

El control de esos fondos en las elecciones promueve disputas que tienen a La Plata como escenario. La ciudad es la capital de la provincia y la sede de sus tres poderes. En un ejercicio de gobierno apenas interrumpido por las intermitencias de Alejandro Armendáriz y María Eugenia Vidal, el peronismo se dedicó desde el Legislativo a moldear al Judicial a su imagen y semejanza. Rigau sería el eslabón débil en una trama compleja de intereses cruzados que se reflejan en la causa abierta por su detención.

Apodado “Chocolate”, este puntero del Frente Renovador fue sorprendido la noche del 9 de septiembre en la sede de cajeros automáticos del Bapro más importante de esa ciudad con un millón de pesos y 48 tarjetas de débitos de la Cámara de Diputados. La rápida intervención del comando de patrullas por un llamado al 911 de dos guardias urbanos municipales trae reminiscencias de la contracción al deber del móvil policial que halló casi 30 millones de pesos en un auto al que interceptó por otra denuncia a ese teléfono.

A la fiscal Virginia Bravo le resultó suficiente la boleta de un corralón por ese monto que le presentó Julio Lleral para reclamarlos como propios. Bravo jamás llamó a declarar a ese empleado del bloque Unión por la Patria en el Senado, autodefinido como artista y emprendedor gastronómico. Los guardias urbanos aseguran que llamaron al 911 porque un transeúnte los alertó de movimientos extraños en los cajeros donde estaba Rigau. Esa versión de los hechos alimenta suspicacias.

La guardia urbana depende del intendente Julio Garro, que debe competir con Julio Alak para renovar su mandato. Alak es el ministro de Justicia de Axel Kicillof y lleva a Facundo Albini de candidato a concejal en su lista. Rigau trabaja con Albini, cuyo padre, Claudio, es un histórico funcionario jerárquico del área de Personal en la Cámara de Diputados. El fallo que la semana pasada dictó la sala 3 de la Cámara de Apelaciones, suspendió por ahora la investigación de la fiscal Bettina Lacky para determinar si los titulares de las 48 tarjetas eran empleados de la cámara de Diputados y si sabían que estaban a su nombre.

Juan Benavídez redactó el voto por la mayoría al que adhirió Alejandro Villordo y que aceptó el hábeas corpus de la defensa de Rigau que ejerce Pedro Gascón, abogado de la firma Gascón-Gottim, uno de los bufetes más cotizados en La Plata. Fernando Mateos votó en disidencia. Objetó que Gascón recurra a la Cámara sin apelar el rechazo del juez al pedido de excarcelación de Rigau y no haber presentado el habeas corpus ante él si insistía en esa postura. Mateos también convalidó la acción policial. Algo que Benavídez impugnó por violar la intimidad de Rigau y vulnerar sus garantías.

Los vicios procesales señalados por Mateos no forman parte del pedido de juicio político contra Benavídez y Villordo que presentaron María Eugenia Talerico, Ricardo López Murphy y Javier Iguacel que irritaron a Néstor Grindetti y la UCR. No por las serias deficiencias técnicas de la presentación que invoca la ley 12061 derogada en 2012 y no la vigente 14.442. Tampoco por dirigirla a la Procuración General en lugar de la Corte, adonde el recurso ya fue girado por el Ministerio Público. Detalles que podrán corregir cuando sean llamados a ratificar esa denuncia. Pero triviales frente a otros que subrayan en el entorno del intendente de Lanús. Talerico es candidata a senadora nacional con el jefe de la UCR bonaerense, Maxi Abad, en la misma boleta que Grindetti encabeza en la provincia de Buenos Aires para disputar el cargo de gobernador. Federico Storani aprovechó el caso Rigau para reunir firmas de ex miembros de la Legislatura y exigirle a Abad que se pronuncie sobre este asunto.

Storani controló la bancada radical en los años 90 cuando el pago de salarios en efectivo generaba peores desconfianzas. La pulsión de las tensiones internas amenaza los esfuerzos de Patricia Bullrich para unir a Juntos detrás de su candidatura. Diego Santilli reapareció en su campaña del conurbano luego de reunir en Nordelta a dirigentes que le responden y entusiasmarlos con el ministerio que ocuparían si Bullrich es presidente. Santilli desmiente haber expresado esa intención.

Horacio Rodríguez Larreta también se sumó a la caravana que recorrió Lanús, Almirante Brown y Lomas de Zamora. Una pausa en su período de introspección por el resultado de las PASO que comparte con un selecto grupo de dirigentes cercanos. La versión del acuerdo extrajudicial por el divorcio de un intendente del PJ involucra al jefe del gobierno porteño. El monto global de esa disolución conyugal sería de 30 millones de dólares y su difusión habría corrido por cuenta de un exfuncionario de Juntos radicado en Uruguay.

En apariencias, para vengarse de ese y otros intendentes que habrían exigido por adelantado el reconocimiento de una supuesta ayuda que nunca dieron a Rodríguez Larreta en las primarias. Puras conjeturas. Igual que las que aluden a la colaboración que esos mismos intendentes asegurarían a Grindetti para deshacerse de Kicillof. Una especulación en la que cobra importancia “Chocolate” Rigau, si fuese cierto que el dinero que extraía del cajero iba a tener por destino la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Dirigentes con vínculos en el Frente Renovador insisten en la estrecha relación que uniría a Carolina Píparo con Sergio Massa. Probablemente, el motivo para guardar silencio de los tres diputados de La Libertad Avanza ante una oportunidad irrepetible para diferenciarse de la casta. Milei y Massa no tienen campaña en el conurbano, donde los intendentes peronistas cortaron boleta contra el candidato oficialista y fiscalizaron la boleta del anarco liberal.

La hipotética simbiosis entre Píparo y Massa explicaría el presunto denuedo de Alak y Raúl “El cabezón” Pérez para influir en el fallo de la sala 3 de la Cámara de Apelaciones. Pérez habría incidido sobre Villordo, designado juez en 2009. El año en que el dirigente de máxima confianza de Massa representó a los diputados en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Pérez desmintió cualquier injerencia. Los empleados de la Cámara aseguran haberlo visto allí antes de que se conozca el fallo.

A Massa lo preocupa más la suspensión de la licitación del servicio de 5 G organizada por el Enacom con plazo hasta hoy para presentar ofertas. El juez federal de Mendoza, Pablo Quirós, interpuso una medida cautelar a pedido de Infraestructura Digital Argentina (IDA), la cámara que agrupa a las pymes de las telecomunicaciones.

Massa aguarda tener resuelta la adjudicación de ese espectro en octubre e ingresar mil millones de dólares a un Tesoro exhausto. La medida podría revertirse si el Enacom presenta “respuestas satisfactorias” a IDA. La Cámara recordó que las pymes ya quedaron fuera del 4G repartido entre Claro, Movistar y Personal.

Poder Ciudadano actuará en la causa de Rigau como particular damnificado como ya hizo ante el juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por la estafa a 300 ingenieros con un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata. Por intimaciones de la AFIP, los ingenieros supieron de cheques a sus nombres repartidos entre funcionarios de la cartera conducida por Alicia Kirchner y Carlos Fantini, ex rector de la UTN platense

Héctor Vogliolo apelará la causa de Rigau en el Tribunal de Casación Penal. El escándalo de las 48 tarjetas lo inhibiría de dejar vencer el plazo para hacerlo como ocurrió con el sobreseimiento al intendente de Ensenada, Mario Secco, acusado de violentar la Legislatura cuando se derogaba el régimen de privilegio a los jubilados del Bapro. El TOC N° 2 eximió a Secco por entender que lo hizo como ciudadano y no como funcionario. Vogliolo mantendría una estrecha relación con Alak.

El gobernador Axel Kicillof guarda silencio ante todos los rumores que vinculan a su ministro de Justicia con estos episodios. Rigau es un chocolate demasiado espeso que nadie desea probar.