La oposición de Juntos por el Cambio anticipó en la Cámara de Diputados sus reparos a los proyectos del oficialismo y de sectores de la oposición que apuntan a reducir la jornada laboral sin reducción de la carga salarial. Los opositores, si bien se mostraron de acuerdo en modernizar la legislación, advirtieron que este proceso debería ser progresivo y atendiendo a la heterogeneidad propia de los sectores productivos de nuestro país para no afectar a las PyME.

La propia ministra de Trabajo, Kelly Olmos, celebró el debate aunque se mostró prudente. En la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde este mediodía arrancó el debate, la funcionaria se mostró partidaria de reducir la jornada laboral pero de manera “escalonada y progresiva” y en el marco de la discusión tripartita de los convenios colectivos. Dos condiciones que no están comprendidas en las iniciativas en debate, por lo que se descuenta que el oficialismo incluirá modificaciones al momento de elaborar su dictamen.

Son siete las iniciativas en debate en la comisión que preside la diputada oficialista Vanesa Siley. Los proyectos apuntan a dos modelos: reducir las horas trabajadas por semana –los proyectos varían de 40, 36 a 30 horas semanales- o bien disponer semanas laborales de cuatro días.

La ministra Olmos enfatizó que la Argentina ha quedado rezagada, respecto a otros países del mundo, en la legislación sobre la duración de su jornada laboral –actualmente de 48 horas- y se expresó a favor de modernizar la norma. “No hay una posición común en el mundo, hay productividades diversas en los distintos países. Pero mirando las estadísticas de la OCDE, se observa una correlación de la reducción de horas laborales y el nivel de productividad de las economías”, apuntó Olmos.

“Nosotros apoyamos esta iniciativa –añadió-. Lo que promovemos es que, si se adopta una modificación que apunta a una reducción de horas semanales, ésta se haga de manera escalonada, no de un día para el otro, sino con un horizonte de previsibilidad. A partir de que fijemos ese máximo de horas, fortalezcamos la competencia de la negociación tripartita de cada convenio de colectiva de trabajo para la distribución de las horas máximas autorizadas a lo que se adecue cada actividad”.

Desde Juntos por el Cambio, los diputados Martín Tetaz y Mónica Frade se mostraron favorables a discutir la cuestión, aunque plantearon reparos a los proyectos presentados en la comisión. Cinco de ellos pertenecen al Frente de Todos, mientras que los otros dos corresponden a la izquierda y al socialismo, respectivamente.

“La modernización de la legislación laboral es necesaria –planteó Frade-. La ministra Olmos hizo un aporte racional al debate, habló de progresividad (en la puesta en marcha de la reducción de la carga horaria), algo que no veo en los proyectos que se debaten. Es necesario ir midiendo los resultados, no podemos lanzarnos a imponer una semana laboral de 36 horas en un contexto adverso y para un segmento cada vez menor, porque cada vez hay una mayor informalidad laboral, situación que no conmueve a los sindicatos ni al Congreso”.

Por su parte, el diputado Tetaz –quien se definió como un “fan de la reducción de la jornada laboral”- propuso incluir en la iniciativa “incentivos fiscales” para que las empresas pongan en marcha experiencias para reducir sus jornadas laborales.

“Debemos tener en cuenta que nuestro mercado laboral está caracterizado por su heterogeneidad –sostuvo-. Al 40 por ciento de los trabajadores en la informalidad no alcanza esta normativa. Además, hay heterogeneidad dentro de los sectores productivos: no es lo mismo el sector de los servicios que el industrial”.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), Julio Cordero cuestionó que el oficialismo haya puesto este tema en agenda y soslaye el problema de la informalidad laboral, a su juicio prioritario. Se mostró contrario a que una ley del Congreso regule sobre esta cuestión y enfatizó que ésta debería discutirse en el ámbito de los convenios colectivos.

“Aquí no se debate el problema del empleo informal, no está en agenda. Precisamos adaptarnos a la realidad argentina, con los problemas (laborales) que tenemos. Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial entonces, ¿qué hacemos, apuramos a la gente para que trabaje más rápido, aumentando el clima de conflicto laboral?”, planteó Cordero. “No se entiende por qué el Estado viene a disponer una norma, que viene por la ventana, cuando las negociaciones colectivas están en trámite”.