El programa de reunificación, conocido como parole humanitario, fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 5 de enero pasado. Sin embargo, ahora su futuro es incierto, dado que un juicio en el que se decidirá si se continúa su aplicación comenzará el próximo 24 de agosto. Hasta que haya una resolución, los inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que buscan ingresar a Estados Unidos todavía podrán aplicar a través de un patrocinador autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

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La fecha ya había sido reagendada en varias ocasiones, primero en abril y luego se reprogramó para el 13 de junio. La demanda contra este programa la interpusieron los gobiernos de 20 estados el pasado 24 de enero. Ante el Tribunal Federal de Texas exigieron que se detenga la medida, bajo los argumentos de que el presidente no tiene la facultad por ley de crear un programa de visados que debería haber pasado por el Congreso.

Los representantes de los estados de gobiernos republicanos de Florida y Texas son los principales defensores de esta acción judicial. Con su demanda acusan además a Alejandro Mayorkas, titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de violar la ley federal de inmigración y al presidente Biden de una extralimitación del poder ejecutivo. Como respuesta, el juez federal Andrew Drew Tipton, de la Corte Federal de Distrito en Victoria, Texas, fijó para agosto el inicio de la causa.

A finales de febrero, Tipton no aceptó el pedido de los demandantes, que pidieron suspender el “advance parole” mientras el tribunal tomaba una decisión.

La demanda indica que los estados “enfrentan daños sustanciales e irreparables por el abuso del Departamento de su autoridad, lo que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen a sus territorios ya abrumados”. La denuncia la lideraba Ken Paxton, exfiscal general de Texas, que fue temporalmente destituido bajo acusaciones de conducta criminal.

El futuro del programa se decidirá después del 24 de agosto. La administración del demócrata Joe Biden lo puso en marcha como una respuesta ante la crisis migratoria en la frontera sur estadounidense. Primero fue implementado para venezolanos, mientras que en enero se amplió para los ciudadanos de otros tres países, que tenían el índice más alto de entradas irregulares a EE.UU.

El objetivo principal del parole es disuadir a las caravanas de migrantes de cruzar la frontera ilegalmente. En su lugar, al mes ofrece 30.000 permisos de residencia, con opción de trabajo temporal por dos años. Como requisitos de elegibilidad se encuentran no haber ingresado sin autorización a México o Panamá ni haber intentado entrar a EE.UU. sin contar con los permisos necesarios.

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Además, para que los extranjeros puedan llegar al país norteamericano, deben tener un patrocinador autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional. Una vez que se consiga el aval, la vía de acceso debe ser área y con un pasaporte vigente. Posteriormente, pasan por una inspección de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el aeropuerto.

Durante los dos años que se les otorgan como plazo para permanecer en EE.UU., deben ajustar su estatus por alguna vía legal, como el de asilo. Si esta condición no se cumple, entonces serán deportados.