La Justicia ordenó desalojar un edificio. No se trata una propiedad cualquiera: es donde funcionan, desde 2007, los tres juzgados federales de Morón y donde trabajan 150 empleados judiciales. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que dispuso que la medida debe estar cumplida el 4 de diciembre próximo. El conflicto comenzó en 2013. El Consejo de la Magistratura de la Nación dejó de abonar el alquiler y, después, no llegó a un acuerdo con el propietario del inmueble por el valor pretendido para renovar el contrato.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales, el conflicto con el propietario del inmueble situado en Crisólogo Larralde 673/75/77, en Morón, donde funcionan tres juzgados federales, comenzó cuando el Consejo de la Magistratura de la Nación dejó de pagar el alquiler y después no se llegó a un acuerdo con lo que pretendía cobrar por mes el dueño de la propiedad.

Fuentes del Consejo de la Magistratura de la Nación, presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, explicaron que la deuda por el alquiler del inmueble no fue contraída por la actual composición del organismo y que fue un problema que se encontraron cuando asumieron los ahora consejeros.

“Es un conflicto de larga data entre los propietarios del inmueble y el Consejo de la Magistratura. El tema fue judicializado y le llegó la instancia donde se ordenó el desalojo. Es cierto que, por momentos, hubo problemas con el pago del alquiler”, sostuvo a LA NACION el diputado nacional (Pro) y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del organismo que selecciona y controla a los jueces, Álvaro González.

Calificadas fuentes del organismo explicaron: “El Consejo de la Magistratura de la Nación, a través de sus áreas técnicas, está trabajando intensamente para dar una solución definitiva a un problema de larga data como es la situación del inmueble en el que se asientan los juzgados federales de Morón. En ese sentido, la no interrupción del servicio de justicia para los justiciables y las buenas condiciones laborales de los empleados y funcionarios, son los parámetros con los que se está avanzando”.

Desde la Dirección de Infraestructura Judicial, informaron las fuentes consultadas, se han evaluado más de 42 inmuebles y consultado más de 32 inmobiliarias, “sin tener un resultado favorable concreto a la fecha, dada la dificultad que presenta el mercado inmobiliario de la zona”.

El contrato de alquiler fue firmado en 2007 y se hizo una prórroga hasta 2013, cuando comenzó el conflicto. “En la instancia de negociación, el Consejo de la Magistratura y el propietario del inmueble no lograron arribar a un acuerdo. En 2020, el plenario del Consejo de la Magistratura dictó la resolución 175/20 por la cual a la fecha el Poder Judicial de la Nación ejerce la ocupación temporánea anormal del inmueble hasta tanto la Administración General del Consejo de la Magistratura culmine con la relocalización de los juzgados, se disponga la ocupación temporánea normal o se proceda a la expropiación del inmueble por causa de utilidad pública, lo que ocurra primero”, explicaron fuentes oficiales.

Desde julio de 2021 hay un proyecto de ley en el Senado de la Nación, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que se declare de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble donde funcionan los juzgados federales de Morón. Pero dos años y tres meses después, aún no hay dictamen.

Fuentes judiciales afirmaron que los 150 funcionarios y empleados que trabajan en los tres juzgados de Morón se enteraron de que deben abandonar el edificio donde trabajan por una comunicación que les llego por correo electrónico. En el e-mail les llegó un archivo adjunto con una notificación del Consejo de la Magistratura de la Nación que llevaba como título Informe de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, fechado el 18 de septiembre pasado.

“Mediante un correo electrónico y sin previo aviso, las 150 personas que trabajan en la Justicia Federal de Morón se enteraron hace unas semanas que el próximo 4 de diciembre deben abandonar el edificio donde cumplen funciones. ¿La razón? La Administración del Consejo de la Magistratura de modo unilateral decidió dejar de pagar el alquiler del inmueble de la calle Crisólogo Larralde 673, en Morón. La deuda comenzó en 2013”, afirmó a LA NACION un funcionario judicial que trabaja en uno de los juzgados que funciona en el inmueble que debe ser desalojado.

El consejero González explicó que hubo reuniones con el propietario del inmueble donde se negoció un nuevo contrato. “Pero no se pudo llegar a un entendimiento. El alquiler que nos pedía el dueño de la propiedad era tres veces mayor de lo que los peritos informaron que teníamos que pagar. Las negociaciones se estancaron”.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón está a cargo del magistrado Martín Ramos; el N° 2, lo comanda su colega Jorge Rodríguez, y el N° 3, que está vacante, lo subroga la jueza federal de San Martín, Alicia Vence.

“Hay una firme decisión de solucionar los problemas y honrar las deudas. Este inconveniente en particular es un tema de larga data, anterior a la presidencia y actual composición del Consejo. Se está trabajando para dar una solución sostenible en el tiempo y acorde con las necesidades diarias de los juzgados y la realidad financiera del Consejo”, afirmó a LA NACION la jueza y consejera María Alejandra Provítola. La magistrada es una de las coordinadoras del Comité de Infraestructura de la Comisión de Administración y Financiera.

La semana pasada, según informaron fuentes del organismo, el Consejo de la Magistratura se presentó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de la jueza Rita Ailan, y solicitó que no se ejecute la sentencia de desalojo hasta que el juicio no concluya.

El excampeón olímpico de ciclismo Juan Curuchet sufrió un violento asalto en su campo al sur de Mar del Plata

“El Consejo puso de resalto que el inmueble que se pretende desalojar, funcionan tres juzgados federales donde ingresan entre 10.000 y 15.000 causas anuales y se dictan un aproximado de 6000 sentencias por año. Además, allí se desempeñan más de 150 dependientes del Poder Judicial de la Nación. Asimismo, el inmueble tiene una alcaidía donde son alojadas las personas detenidas que son trasladadas a los diferentes actos procesales y que requieren de su presencia”, explicaron los voceros consultados.

En el citado Informe de la Secretaría de Asuntos Jurídicos se comunicó que se “dispuso la iniciación de gestiones tendientes a la sustanciación de una contratación directa con el propietario del inmueble situado en Valentín Gómez 181, en Haedo, Morón. Sin perjuicio de lo dispuesto precedente, continúe la búsqueda de otro u otros inmuebles para el traslado completo de las dependencias judiciales ubicadas en Crisólogo Larralde 673/75/77 de la ciudad de Morón”.

Además, se dispuso la elaboración de un “cronograma circunstanciado de las etapas de cumplimiento parcial de desalojo, para arribar en término a la efectivización completa del mismo en los 120 días acordados”.

El inmueble por el que se decidió comenzar a negociar está dentro de un parque industrial, lo que generó reparos y malestar de funcionarios y empleados de los juzgados federales de Morón.

“En este momento, la única alternativa es mudar los tres Juzgados a un sector con la mitad de superficie de la actual, dentro de un polo industrial, lo que implicaría que si una persona quiere hacer una denuncia deba tomarse no menos de dos colectivos y un tren. A su vez, por ser una zona industrial es una zona con alto tránsito de camiones que realizan maniobras que ponen en riesgo a los transeúntes y exige el registro de todos las personas que ingresan. ¿Cómo se protege la identidad de un denunciante en estos casos? El lugar no tiene acceso para personas con discapacidad y tampoco espacio para alojar a personas privadas de la libertad”, dijo un funcionario judicial que trabaja en el edificio que el lunes 4 de diciembre próximo debe estar desalojado.