JERUSALÉN.- El ataque aéreo de Israel del 31 de octubre sobre el campo de refugiados de Jabalya derrumbó edificios enteros sobre familias desplazadas de toda la Franja de Gaza: allí murieron más de 110 personas aplastadas bajo los escombros, en su mayoría mujeres y niños, según las autoridades sanitarias.

Los militares israelíes dijeron que la operación había cumplido su objetivo.

“Nos concentramos en nuestro blanco”, dijo hoy el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente coronel Richard Hecht, en referencia a Ibrahim Biari, un alto comandante de Hamas. “Sabemos que murió en el ataque.”

Casi 10.000 palestinos han muerto desde el inicio del conflicto, según el Ministerio de Salud de Gaza, y las FDI siguen atacando para lograr la destrucción de Hamas, la milicia terrorista que gobierna el enclave. Aunque los funcionarios de Israel insisten que cada ataque está sujeto a una aprobación legal, los expertos dicen que las reglas de enfrentamiento, que son clasificadas, parecen permitir un umbral más alto de bajas civiles que en conflictos anteriores.

“En las pocas ocasiones que atacamos áreas donde sabíamos que podía haber civiles, siempre hicimos un esfuerzo consciente por reducir al máximo la cantidad de víctimas civiles”, dice Jonathan Conricus, vocero internacional de las FDI, aunque prefiere no responder si Israel ha modificado sus reglas de enfrentamiento, y acusa a Hamas de inflar el número de víctimas.

“Básicamente, las leyes que rigen un conflicto armado apuntan a un equilibrio entre el beneficio militar de un ataque y el esperable daño a los civiles”, dice Pnina Sharvit Baruch, exasesora legal de las FDI.

“Cuanto mayor sea el beneficio que se puede obtener de un ataque, más alto será el daño a los civiles que se considere proporcionado”, dice Baruch para describir la lógica de Israel, y agrega que cualquier daño a los civiles es colateral, no intencional.

El resultado de esos cálculos está desparramado en el piso de los hospitales y morgues de Gaza: familias enteras muertas, recién nacidos arrojados con sus padres a fosas comunes. Los ataques han destruido torres de agua, escuelas, panaderías y ambulancias. Los organizaciones de derechos humanos ya alertaron que los incesantes ataques aéreos pueden constituir crímenes de guerra y reclaman que se abra una investigación internacional.

En sus declaraciones del mes pasado, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, advirtió que todos los involucrados que tomen decisiones militares “deben tener en claro que tendrán que justificar cada ataque contra cada objeto civil”.

La legislación internacional exige que los militares hagan una clara distinción entre civiles y milicianos, y que tomen todas las precauciones posibles para impedir el daño a civiles. El principio de proporcionalidad prohíbe a los ejércitos causar bajas civiles que sean “excesivas” en relación con el beneficio militar directo que se espere obtener al momento del ataque.

Pero se trata de un estándar muy impreciso que demanda una investigación a fondo, tarea difícil en una zona de guerra activa. Y como el modo en que Israel elige sus blancos está rodeado del más absoluto hermetismo, para los expertos es prácticamente imposible juzgar su legalidad. Los funcionarios de Estados Unidos dicen desconocer cómo evalúan los altos mandos de las FDI ese umbral de víctimas civiles, por más que públicamente reclamen que Israel reduzca al mínimo la muerte de personas inocentes.

En los últimos días, Israel redujo significativamente sus ataques aéreos, posible señal de que el mensaje de la Casa Blanca está encontrando oídos, señala un alto funcionario del Departamento de Estado que preserva su anonimato por la sensibilidad del tema. De todos modos, el funcionario agregó que los actuales ataques igual están causando un dramático número de bajas.

En cuanto al ataque sobre el campo de refugiados de Jabalya, que barrió entera una manzana residencial, los militares israelíes dejaron entrever que fue minuciosamente planeado para asesinar a un alto mando de Hamas refugiado en los túneles debajo del campo.

“Atacamos, ahí estaba, y ahí murieron junto a él decenas de combatientes de Hamas”, dice Conricus, vocero de las FDI. “Por supuesto que es triste y lamentable que hayan muerto civiles, pero se trata de un objetivo militar legítimo”.

Los expertos dicen que al calcular el riesgo para los civiles en Jabalya, los militares tienen que haber estimado que el número de víctimas sería de cientos.

“Como fue algo planificado, el ataque a Jabalya muestra que Israel debe tener una tolerancia al número de víctimas civiles infinitamente mayor que la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por ejemplo, en la guerra contra Estado Islámico”, dice Mark Lattimer, director de centro de derechos civiles Alto El Fuego.

Otro funcionario norteamericano coincide en que el cálculo de Israel sobre los niveles aceptables de víctimas civiles es claramente diferente al de Estados Unidos, pero insiste en que cada ataque es sometido a un riguroso proceso de evaluación.

“Nuestros interlocutores con Israel son profesionales en este tema de eliminación de conflictos y conducción de campañas bélicas, y ya han tenido estas discusiones con sus homólogos israelíes”, señala el alto funcionario del Departamento de Estado.

Como Estados Unidos suministra apoyo militar y de inteligencia al Ejército israelí, la Convención de Ginebra también le exige que garantice que los bombardeos en Gaza no violen el derecho internacional.

El domingo, el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, pareció anticipar posibles ataques a hospitales claves, argumentando su presunto uso por parte de Hamas para disparar desde ellos contra las fuerzas de Israel. Hagari se refirió a esas instalaciones médicas como “una parte clave de la máquina de guerra de Hamas”, e instó a su inmediata evacuación.

Pero las organizaciones de ayuda médica y los médicos de los hospitales ya han enfatizado repetidamente que el pedido es imposible de cumplir: las instalaciones están repletas de cientos de heridos, algunos con soporte vital, y de recién nacidos en incubadoras. Además, en los terrenos de los hospitales también duermen miles de residentes desplazados, por considerarlo un lugar seguro.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha planteado la lucha contra los militantes en términos existenciales. El grupo y su infraestructura, repartidos entre la población de Gaza de más de 2 millones de civiles, pueden y serán destruidos, ha dicho.

El domingo, Hagari difundió la cantidad de advertencias emitidas por las fuerzas israelíes para que los civiles palestinos evacuen las zonas bajo bombardeo: 1.524.000 volantes arrojados desde el cielo, casi 6 millones de mensajes enviados a celulares y 20.000 llamadas telefónicas.

Pero Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Y como las fronteras están cerradas para todos, salvo para extranjeros y un pequeño número de palestinos heridos, y con bombas cayendo sobre el enclave, los civiles no tienen literalmente dónde escapar.

Este domingo, mientras el número de víctimas seguía en aumento, el impacto de los bombardeos sobre los palestinos pudo verse en fotografías demasiado explícitas para publicarlas, que fueron compartidas en las redes por Ghassan Abu Sitta, un cirujano plástico y reconstructivo que trabaja en el hospital más grande de la zona. Una niña de 9 años con un corte de metralla tan profundo en el brazo que parecía la mordedura de un tiburón. A un niño de la misma edad le abrieron de lado a lado la boca.

“Por más que existe una justificación legal para todos y cada uno de los ataques aéreos, este conflicto ha sido devastador para el pueblo de Gaza”, dice Brian Finucane, asesor del Crisis Group y exasesor en contraterrorismo del gobierno norteamericano. “A esta altura, con estar dentro de la ley no alcanza”.

Por Louisa Loveluck, Susannah George y Michael Birnbaum

(Traducción de Jaime Arrambide)