Sergio Massa supervisa en persona la fiscalización paralela a la de Unión por la Patria que está montando en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 22 de octubre. El ministro de Economía necesita evitar que su candidatura a presidente vuelva a ser víctima de un corte de boleta. Una maniobra, sospecha, en la que están detrás los intendentes peronistas, particularmente los del conurbano. Los resultados en esa región parecerían darle la razón.

En Lomas de Zamora y Quilmes, los candidatos a intendentes obtuvieron casi la misma cantidad de votos que Axel Kicillof. Pero, en promedio, 40 mil más que Massa. Una situación repetida en la Tercera Sección, excepto por La Matanza. Allí Fernando Espinoza duplicó esa diferencia. En Moreno, Malvinas Argentinas y Escobar, la brecha rondó los 20 mil votos. Pero Massa (2.831.078) tuvo apenas 60 mil menos que Kicillof (2.891.276) en el total de la provincia de Buenos Aires.

“A Sergio lo dejaron solo”, graficó un colaborador a cargo de reclutar fiscales. Kicillof es uno de los pocos e inesperados aliados con los que podría contar en el oficialismo. El resultado bonaerense permitiría inferir que el gobernador comparte con Massa la fidelidad de una porción significativa del electorado. Pero también la necesidad de atraer a otras para alcanzar el triunfo. Pero para eso debería ser modificada la estrategia electoral. Tal vez tomar distancia del kirchnerismo.

“Ponerle fin al doble comando” como planteó en Tucumán el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Es decir, diferenciarse de Cristina. En la reunión del PJ bonaerense, Máximo le sugirió a Kicillof que “mejor se fije en la gestión”. El gobernador había insinuado la necesidad de contar con un relato superador en la campaña: “componer una nueva canción” y no insistir con “una que sepamos todos.” El titular del peronismo lo aludió sin mencionarlo. Igual que cuando aseguró que “por suerte se ganó en la provincia”.

Máximo hace equilibrio en una posición compleja. Además de canalizar su malestar aprovechándose del reclamo de nuevos espacios que los intendentes efectúan a Kicillof, necesita liderar esa demanda para reparar el perjuicio de consentir que las candidaturas a legisladores provinciales hayan sido monopolizadas por La Cámpora. Es decir, por él mismo y en perjuicio de los intendentes. Máximo depende del voto que recolectan en los municipios para que esos candidatos sean elegidos.

Si el resultado de las PASO se repite el 22 de octubre, la Cámara de Diputados en la Legislatura pasaría a ser controlada por Juntos (41) y Unión por la Patria (35) sería la primera minoría. Pero la Libertad Avanza (14) jugaría un papel relevante. El FIT (2) conservaría su posición. El recuento definitivo aún no echa luz sobre el Senado, donde el kirchnerismo (23) retendría sus bancas y Juntos (22) podría perder una con La Libertad Avanza. La fiscalización dará a los intendentes un rol más relevante que el habitual el 22 de octubre. Un condicionamiento sobre el que ya trabaja Javier Milei. Igual que Massa, dispuso la búsqueda de fiscales para suplir el quite de colaboración de los de Unión por la Patria. En algunos casos no haría falta. Antonio Volponi se convirtió en candidato a intendente por la Libertad Avanza en Lomas de Zamora gracias a su afinidad con Martín Choren, jefe de Gabinete de Martín Insaurralde. Choren y Volponi compartirían emprendimientos gastronómicos en la zona de Las Lomitas.

Ramón Vera encarnaría una experiencia similar. Apodado “El nene” y proveedor de los Consejos Escolares en la zona norte, Vera es tercer candidato a diputado por la Primera Sección Electoral de La Libertad Avanza. Andrea, su hija, se postula para intendente en Moreno. Los dos formaron parte de la corriente que Jorge D´Onofrio lidera en el Frente Renovador. D´Onofrio es el ministro de Transporte de Kicillof. No debería extrañar la amena facilidad con la que Massa accedió al pedido de Milei de posponer el envío del presupuesto al Congreso. Ni tampoco la irresistible tentación de vadear la ley. Un desafío para la fiscal Bettina Lacki que obtuvo del juez de Garantías N°1 de La Plata, Guillermo Atencio, la orden para detener a Julio “Chocolate” Rigau, sorprendido en un cajero automático con más de un millón de pesos retirado con 48 tarjetas de débito. Rigau es empleado del área de mantenimiento de la Legislatura bonaerense. Las versiones que circularon ayer sindicaron a Claudio Albini como el funcionario sobre el que recaería la responsabilidad primaria por las tarjetas en su poder.

Albini es un funcionario de carrera en la Legislatura y está ligado al Frente Renovador desde su creación. Facundo, su hijo, es concejal y aspira a otro mandato en la lista que lleva a Julio Alak como candidato a intendente de La Plata por Unión por la Patria. Alak es el ministro de Justicia de Kicillof. Claudio Albini fue director de Personal mientras Jorge Sarghini presidió la Cámara de Diputados. Sarghini llegó a ese cargo por el acuerdo entre Massa y la gobernadora María Eugenia Vidal.

Albini se desempeña ahora como subdirector del área pero mantendría activa su relación con Raúl Pérez, jefe de asesores de Massa en el Ministerio de Economía. Alak y Pérez estudiaron periodismo en la Universidad de La Plata con Juan Amondarain. A mediados de los 90 los tres lideraron el peronismo en la capital bonaerense, pero terminaron por distanciarse. Igual que Alak, Pérez es influyente en los tribunales de esa ciudad, pero también en la Legislatura bonaerense. Algo que, curiosamente, Pérez intentó desmentir por allegados. Pero que fue confirmado por exdirigentes del Frente Renovador. Las autoridades de la Cámara de Diputados que preside Federico Otermín y tiene de vices a Adrián Urrelli y Carlos “Cuto” Moreno guardó un hermético silencio sobre la detención de Rigau. Algunos rumores conjeturan que el modus operandi del electricista sería una de las rutinas administrativas en la Legislatura. Sus autoridades resolvieron guardar silencio sobre este asunto.

Otermín es el candidato a intendente de Insaurralde en Lomas de Zamora. Urrelli fue designado por Néstor Grindetti en la mesa de su campaña a gobernador y “Cuto” Moreno es el delegado de Cristina en la Legislatura. Procedieron de igual modo en el caso de Julio “Pipo” Lleral, el empleado del bloque de senadores de Unión por la Patria que reclamó la propiedad de 28 millones de pesos hallados por la policía en el interior de un auto.

La fiscal Virginia Bravo sigue sin llamarlo a indagatoria. Junto a su esposo y también fiscal, Héctor Tezón, Bravo confiaba a Mario Secco los detalles en la causa donde estuvo acusado de resistir a la autoridad y perturbar el orden tras ingresar a la Legislatura mientras se debatía la derogación del régimen de privilegio a los jubilados del Bapro. El TOC N° 2 de La Plata sobreseyó al intendente de Ensenada por entender que había protagonizado ese escándalo en calidad de ciudadano y no como funcionario público.

El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, desestimó el pedido de Jorge Paolini para apelar el fallo en la Cámara de Casación. Vogliolo integraría la lista de contactos de Alak en la Justicia bonaerense. Tampoco si el de Bravo y Tezón podrían ser compartidos por el ministro y Pérez, arribados a la Plata desde su lugar de nacimiento: Benito Juárez.

La reducción de Ganancias e IVA son algunas de las propuestas de Massa para “tirar la casa por la ventana”, como resumió con desparpajo uno de los gobernadores que participó de la reunión en Tucumán. El último recurso para sobreponerse a la soledad del poder: la sórdida condena que el oficialismo hace pesar sobre él.