LIMA.– Cuando se trata de recortar las libertades de opinión y expresión, el Ejecutivo y el Legislativo se entienden de maravillas. Integrados finalmente por políticos que suelen resentir la divulgación de cualquier información que los ponga en situación incómoda frente a la opinión pública, esos dos poderes del Estado se afanan en la búsqueda de mecanismos para amedrentar con amenazas de sanción a los medios, hombres y mujeres de prensa que pudieran colocarlos en trances de esa naturaleza. Así, si en el Congreso comienzan a barajar proyectos para imponerles contenidos “nacionales” a las radios y canales de televisión privados, desde el Ministerio de Cultura se apresuran a respaldar la iniciativa. Y si el Gobierno inicia una razzia en el Instituto de Radio y Televisión del Perú para deshacerse de reporteros y productores indóciles, los parlamentarios, en su mayoría, miran para otro lado.

La última manifestación de estos arrestos atentatorios contra las libertades mencionadas se encuentra en la solicitud de facultades legislativas que la administración que encabeza la presidenta Dina Boluarte ha dirigido a la representación nacional. Algunas de ellas, como se sabe, tienen que ver con asuntos de seguridad, y es en ese contexto que el Ejecutivo anuncia su voluntad de modificar el Código Penal “para sancionar a los instigadores del delito de disturbio y entorpecimiento a los servicios públicos”, incluyendo como sus eventuales autores a “comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas, incluso incitando a la violencia”. Es decir, abriendo la posibilidad de que quienes opinen a favor de alguna jornada de protesta –un evento perfectamente constitucional– o informen sean sancionados. Si alguien pensó que, en virtud de la función de contrapeso al Ejecutivo que le corresponde, el Legislativo iba a retirar de la propuesta las amenazas a la prensa, la Comisión de Constitución se ha encargado de desengañarlo. Una vez más, la prensa está en la mira de los políticos con poder, y Ejecutivo y Legislativo tratan de recortar su libertad y su capacidad de fiscalización.