Los gobiernos populistas presentan la creación de una empresa estatal o la nacionalización de una privada como un incremento del patrimonio de todos los argentinos. Sin embargo, con el tiempo queda claro que no es así. Quienes reciben el mayor beneficio de esas compañías suelen ser los políticos en el poder para ubicar amigos, parientes o militantes en cargos bien remunerados. En general, los cargos directivos y jerárquicos en esas empresas están mejor pagos que los del mismo nivel de la administración pública e incluso a veces mejor que en la actividad privada, a lo cual hay que sumar los viajes, el auto y otros privilegios. Resultan así un botín codiciado.

Los gremios suelen alegar y festejar que la empresa donde trabajan sea de “todos los argentinos”. Así, ellos pueden gozar de privilegios y salarios que no tendrían en una empresa privada. Entre bueyes no hay cornadas y es obvio que los gobernantes tratarán de minimizar los conflictos con dichos sindicatos. No solo por el costo político que pueda significar, sino también por las “ollas internas” que se puedan destapar. Además, no habiendo quien defienda el bolsillo de los ciudadanos que bancamos estas empresas, los proveedores, finalmente amigos de los funcionarios, políticos o gremialistas, celebran de parabienes. Seguramente terminarán satisfaciendo las necesidades de insumos o servicios de la empresa de “todos los argentinos” a precios mayores a los de mercado. Muchas veces ni siquiera tendrán que competir en una licitación y, cuando la haya, será entre pocos competidores, sin descartar una colusión entre ellos. No pocas veces los pliegos están orientados hacia quien responde con “generosidad”. Los sobrecostos que resultan de todas estas circunstancias se tratan de compensar mediante normativas que aseguran tener mercados con mínima o nula competencia.

No debería extrañarnos que muchos de quienes lleguen al gobierno estén ávidos de crear nuevas empresas estatales, que terminarán siendo nichos de corrupción. Es que nunca son de todos los argentinos. Los ciudadanos no son accionistas y no tienen la capacidad de controlar ni de influir en la gestión de estas compañías para mejorar su rentabilidad y eficiencia. Tampoco tienen voz ni voto como usuarios o clientes.

Los organismos públicos que debieran controlar que ofrezcan buenas prestaciones están usualmente alineados con los objetivos políticos del Gobierno. De esa forma, en las empresas estatales son juez y parte,.

El interés político siempre será prioridad para quienes administran las empresas del Estado. En consecuencia, no debería sorprendernos que estas empresas hayan acumulado pérdidas diarias de 14 millones de dólares durante el primer semestre, según informó oportunamente LA NACION. Queda claro que lo único que es de todos los argentinos es la factura que tendrán que pagar por la fiesta de los verdaderos beneficiarios de esas empresas. Esto es, los políticos de los gobiernos de turno, los funcionarios que ellos designan, sus amigos, militantes, proveedores y los gremios que las parasitan. Pensar que esto se puede cambiar con una buena administración estatal es prácticamente una utopía, ya que pocas veces se ha logrado. Por lo tanto, es necesario vender o cerrar las actividades que podrían ser desarrolladas o gestionadas por el sector privado. Se fomentaría la competencia en sectores que a menudo la mantienen restringida al solo efecto de moderar las pérdidas de alguna empresa estatal.

Tenemos gobiernos incapaces de cumplir con las funciones esenciales que les asigna la Constitución nacional y que hacen al bienestar de todos los argentinos. Sin embargo, tienen tiempo y habilidades suficientes para manejar empresas que podrían ser mejor gestionadas por el sector privado. Un absurdo que solo se explica por el afán de lucro personal. Primero deberían demostrar que pueden hacer bien aquello para lo que fueron votados.

Basta observar el caso de Aerolíneas Argentinas. Sus pérdidas no se pueden justificar en la supuesta mayor conectividad que brinda en el interior del país. Los pasajes de la empresa para destinos de cabotaje siempre fueron relativamente caros. Volar era un privilegio de pocos hasta que llegaron las empresas low cost, pero lamentablemente se les impusieron restricciones para desbancarlas y se las desplazó de algunos aeropuertos. Hay que abrir los cielos, de modo que todas las empresas que quieran puedan prestar el servicio mientras cumplan con la normativa local. Si se quiere que alguna aerolínea llegue a una determinada localidad y nadie lo está haciendo, se puede licitar un subsidio adjudicándolo a aquella empresa que ofrezca percibir el menor monto, según las condiciones de servicio estipuladas por el Estado. Un hecho es seguro, frente a toda justificación que pueda intentarse para tener una empresa estatal, habrá una forma mejor de satisfacer esa necesidad y con menor costo para los contribuyentes, dándole participación al sector privado.