La pelea entre el gobernador de Florida y aspirante a la nominación republicana a nivel nacional, Ron DeSantis, y el gigante del entretenimiento Disney sigue vigente. La junta, elegida por el político para supervisar el distrito fiscal especial en el que están los parques temáticos en el Estado del Sol, lucha por deshacer cualquier efecto vigente previo a su llegada, incluidos los acuerdos que realizó la compañía con los administradores previos. En documentos judiciales presentados esta semana, el órgano del gobierno le pidió a un juez que desestime estos pactos y reconvenciones.

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El miércoles, los representantes del distrito, ahora partidarios del gobernador, hicieron el pedido a un juez de la corte estatal para que desestime todas las contrademandas de Disney. Con estas, la empresa busca una declaración judicial de que sus acuerdos preexistentes son válidos y de que la junta designada por DeSantis violó los contratos de la compañía, la libertad de expresión y los derechos al debido proceso, reseñó la agencia AP.

Si se declara que los acuerdos sí tienen vigencia, los nuevos representantes perderían dominio, dado que los pactos transferían todo el control del diseño y construcción de Disney World a la empresa y prohibirían que el distrito pudiera usar las imágenes de sus personajes u otra propiedad intelectual sin su consentimiento.

En contraparte, los aliados del gobernador de Florida acusan que esos contratos neutralizan sus poderes, así como también los del distrito que presta sus servicios a Disney World. Defienden también que estos documentos no fueron publicitados como era debido y que los aliados de Disney en la exjunta no tenían autoridad legal para firmar en ese momento. “Disney no ha alegado ningún hecho que demuestre la existencia de daños”, indicaron los representantes del ahora llamado Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central desde la toma de posesión.

La empresa tomó esta medida como un intento de escapar de lo que se avecinaba en ese momento, con los primeros indicios de su guerra con DeSantis asomándose. Antes de que la nueva junta tomara posesión, firmaron los documentos en febrero.

En marzo del año pasado, el gobernador promulgó la Ley de los derechos de los padres en la educación, conocida por sus detractores como “No digas gay”. Con esta legislación, que ahora está en vigor, se prohíbe la instrucción y debate en las aulas de educación básica de Florida sobre orientación sexual e identidad de género.

Aunque al principio Disney se mantuvo en silencio, sus empleados comenzaron a protestar. Entonces, el que era director ejecutivo en ese momento, Bob Chapek, criticó la medida. Ese fue el origen de la batalla y DeSantis, ahora convertido en candidato a las primarias republicanas, ha calificado a la compañía como “woke” y contra los valores tradicionales estadounidenses, como una forma de burla.

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El nuevo movimiento se suma a las demandas actuales, dado que el gobernador de Florida, sus aliados y la empresa llegaron hasta la corte federal, con diferentes recursos. Disney alega que el político violó su libertad de expresión, en tanto que los otros pidieron a un juez federal que desestime la demanda de Disney sobre la Primera Enmienda, calificándola de infundada.