El cambio de gobierno nos convoca a repensar los desafíos y oportunidades en materia energética a los que nos enfrentamos como país. Ante un posible nuevo escenario de desregulación del sector energético, nuestra experiencia en procesos análogos indica que, desde el gobierno, deberán adoptarse decisiones rápidas y precisas.

Sin perjuicio de las decisiones coyunturales que la nueva administración deberá tomar en forma inmediata, como son la readecuación de los precios de los combustibles líquidos y la normalización de las importaciones para permitir la continuidad de los proyectos en curso y asegurar el abastecimiento interno; el principal desafío y oportunidad que enfrenta la Argentina es el desarrollo a escala de nuestros recursos energéticos para aportar a la solución de sus problemas macroeconómicos.

Existe un gran potencial en el país para la producción de hidrocarburos, que incluye recursos no convencionales de nivel internacional como Vaca Muerta y Palermo Aike. Estos son suficientes para permitir que la Argentina juegue un papel relevante en el mercado energético regional e internacional.

Sin embargo, la situación macroeconómica, sumada a numerosas medidas de corto plazo que generaron incertidumbre jurídica, han impedido –o cuanto, menos, demorado– el desarrollo masivo del gas natural y del petróleo.

La concreción de proyectos de hidrocarburos dentro de la transición energética enfrenta una limitación temporal que exige decisiones concretas por parte del gobierno para aprovechar la ventana de oportunidad disponible para los combustibles fósiles. En particular, esas decisiones podrán posicionar a nuestro país como un exportador de energía relevante en un mundo cada vez más complejo y con diversos conflictos que inciden directamente en la volatilidad de estos recursos: la invasión de Ucrania, el conflicto en medio oriente y las guerras comerciales, entre otras circunstancias.

En Marval, que este año cumplió sus primeros 100 años, vivimos en primera persona numerosos vaivenes económicos y políticos: desde épocas de inversiones cuantiosas y privatizaciones con cambios normativos refundacionales, hasta procesos intervencionistas y con propensión a la estatización. En los 90, asesoramos al estado en la privatización de YPF y Gas del Estado y a los inversores que participaron en la privatización del sector eléctrico. Y, a partir de la crisis de 2002, defendimos exitosamente a distintos actores del sector ante las arbitrariedades del estado, como fueron los casos de Repsol, BG y Shell. Desde entonces, hemos seguido acompañando a los principales actores del sector en un camino que combinó aciertos con yerros y estuvo signado por la falta de previsibilidad e inestabilidad regulatoria.

Como abogados nos consta que las decisiones de inversión en energía necesitan señales claras de seguridad jurídica, principalmente, mantener las reglas y respetar las garantías. Se trata de proyectos de largo plazo que atraviesan varias administraciones y deben contar con la confianza y la seguridad para que lleguen a buen puerto. En algunos casos se requerirán modificaciones o apuntalamientos normativos, como el proyecto de ley de reforma del estado que la nueva administración someterá al Congreso y que abordará aspectos centrales también para el sector energético.

Por otra parte, el nuevo gobierno ha manifestado que se encuentra trabajando en una ley “ómnibus” que contemplaría regímenes de fomento para inversiones en general. La administración saliente había promovido un régimen específico para el gas natural licuado, que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Cualquiera que sea el régimen que, en definitiva, se implemente deberá contar con el consenso de la industria, contemplar las particularidades de este sector y mitigar de manera efectiva los riesgos argentinos.

En el contexto actual de nuestro país y por nuestra historia de las últimas dos décadas sabemos que hay cuestiones que son indispensables al momento de decidir inversiones de la magnitud que demandan los proyectos. Estas son que las relaciones entre el estado y los inversores se instrumenten en contratos, que las autorizaciones de exportación se respeten, que las divisas que se obtengan por las exportaciones puedan mantenerse en el exterior, que la carga fiscal de los proyectos no se modifique y que las controversias que se susciten con el estado con relación a estos proyectos puedan someterse a arbitraje internacional. La posibilidad de enmarcarlos en tratados internacionales con países exportadores de capitales e importadores de insumos energéticos no debe ser omitida como mecanismo de protección a los inversores.

Todos estos proyectos de largo plazo requieren de la infraestructura necesaria para su concreción. En los últimos tiempos, la Argentina logró llevar adelante algunos hitos de gran importancia, como el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Pero, sin “plata” para obras públicas, como ha anunciado el presidente electo, es indispensable que desde el gobierno se promuevan las medidas necesarias y se generen las condiciones de confianza para incentivar y permitir que los privados puedan financiar las obras de infraestructura que este sector necesita con urgencia.

Uno de los principales desafíos de corto plazo en materia de infraestructura es la reversión del gasoducto norte. Esta obra es clave debido a la declinación de la producción de la cuenca del noroeste argentino y la caída de las importaciones provenientes de Bolivia, ya que permitirá abastecer el norte de nuestro país y exportar gas al norte de Chile y a Brasil. Los jugadores del sector se han manifestado en favor de la continuidad del proceso que ha venido impulsando la Secretaría de Energía. Independientemente de cómo se resuelva el futuro de esta obra, su concreción resulta indispensable para el país.

Otro de los desafíos es el relacionado con las tarifas de los servicios públicos de gas y electricidad, así como la prórroga de las licencias y concesiones. Para no repetir errores del pasado reciente, la nueva administración deberá impulsar rápidamente medidas que otorguen señales de cambio a los prestadores de servicios públicos del sector energético y, al mismo tiempo, que permitan empezar a disminuir el déficit fiscal. Además de su costo político, los aumentos de tarifas abruptos podrían ser cuestionados ante la Justicia, pero se impone avanzar con un reordenamiento profundo que corrija el atraso tarifario actual, contemplando los criterios que fijó la Corte Suprema en el fallo “Cepis”.

El sector eléctrico resulta indispensable para el progreso económico y social de nuestro país. Particularmente, en el marco de la llamada “descarbonización de la economía” y con el desarrollo de las energías renovables que, junto con el gas natural, son los principales actores de la transición energética. Para que la Argentina pueda explotar sus recursos renovables y gasíferos generando electricidad en forma segura y eficiente, en el corto plazo deberán ejecutarse grandes obras de infraestructura que habiliten la conexión entre los proyectos de generación eléctrica y los puntos de demanda de grandes y pequeños usuarios.

Naturalmente, estas condiciones son necesarias, pero no suficientes para el crecimiento del sector, cuya suerte, en buena medida, depende de que las condiciones macroeconómicas resulten adecuadas para el desarrollo de inversiones a largo plazo.

La Argentina tiene una gran oportunidad, un gran potencial en recursos geológicos y profesionales y cuenta con las empresas para su desarrollo. Su impulso a escala requiere de significativas inversiones locales y extranjeras. En el año de nuestro centenario, Marval y su equipo de energía estamos listos para encarar los desafíos que supone esta nueva etapa y confiamos en que las nuevas autoridades implementarán las medidas adecuadas para la concreción de estos objetivos y que contarán con el apoyo necesario a nivel legislativo y de las provincias para que puedan concretarse.

Francisco Macías, Soledad Riera, Gonzalo Santamaría y Agustina Ranieri son socios y Arturo Pera es consultor de Marval, O’Farrell & Mairal