PARÍS.- La ola de violencia desencadenada en Francia por la muerte del joven Nahel pareció disminuir en la noche de sábado a domingo, según el ministerio del Interior. Pero esa cuarta jornada de disturbios estuvo marcada por el brutal ataque al domicilio de un alcalde con un vehículo-ariete en llamas. Una ferocidad que llevó a la abuela del adolescente fallecido a lanzar un llamado a la calma.

“La policía… por suerte que existe. A la gente que rompe todo, que incendia autobuses, negocios, escuelas, edificios públicos les digo: ¡Basta! Quiero que todo esto cese en todas partes. Esta juventud está arruinando sus vidas por nada”, dijo la mujer ante las cámaras de televisión.

Nahel fue inhumado el sábado en Nanterre, la ciudad de las afueras de París donde el joven de 17 años murió con un disparo policial el 27 de junio. Poco antes, una ceremonia religiosa se había realizado en la mezquita Ibn Badis de la misma ciudad. Por pedido de la familia, ningún medio de comunicación estuvo presente.

Hoy, el alcalde de Nanterre, Patrick Jarry, pidió a sus administrados que respeten y hagan conocer el llamado de la familia del joven para poner fin a la violencia.

“Conozco la angustia que comparten muchos habitantes de nuestra ciudad desde hace varias noches. (…) Quiero agradecer a la familia de Nahel que fue capaz de organizar una ceremonia a pesar del inmenso dolor. (…) Ahora, son ellos quienes lanzan un llamado a poner fin a la violencia. Les pido a todos los habitantes de nuestra ciudad que transmitan ese mensaje para que ese deseo sea respetado”, dijo.

Según el ministerio del Interior, en la noche de sábado a domingo hubo 719 detenciones en todo el país: “Una noche más calma gracias a la acción resuelta de las fuerzas del orden”, dijo el ministro Gérald Darmanin. Por segunda noche consecutiva, el funcionario había desplegado un dispositivo de 45.000 policías y gendarmes, 7000 de ellos en París y sus suburbios, así como consecuentes refuerzos en Marsella y Lyon.

Pero si bien los actos de vandalismo de días anteriores se redujeron —sobre todo en los suburbios parisinos—, las fuerzas de seguridad identificaron más de 570 vehículos y 74 edificios incendiados en todo el territorio.

Hubo, sin embargo, un acontecimiento más violento e inexplicable que todos los demás, cuando un grupo de exaltados, lanzó un coche-ariete en llamas contra el domicilio del alcalde Vincent Jeanbrun, en L’Hay-les-Roses, ciudad de las afuera de París. El intento de invasión fracasó, pero la esposa del edil, que se hallaba en ese momento en su casa resultó herida, así como uno de sus dos hijos pequeños, cuando —para escapar— tuvieron que escalar la medianera de la residencia. La mujer se quebró una pierna y debió ser llevada al hospital.

La primera ministra Elisabeth Borne y el ministro Gérald Darmanin visitaron hoy L’Haÿ-les-Roses y prometió que el gobierno hará lo necesario para “regresar al orden lo antes posible”.

“Lo que sucedió aquí ha sido un shock para todos. Estamos aquí para expresarle el apoyo del gobierno. Haremos lo necesario para volver al orden lo antes posible”, dijo Borne.

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron, que suspendió su programada su visita a Alemania debido a la agitación social en Francia, reunió anoche a varios de sus ministros para “evaluar la situación”. Estuvieron presentes la primera ministra Borne, el ministro del Interior y su homólogo de Justicia, Eric Dupont-Moretti.

Los franceses esperaban hoy medidas claras del responsable de la cartera de Justicia, teniendo en cuenta el gran porcentaje de menores que participaron en las violencias y desmanes de los últimos días. En París, de las 153 personas detenidas, un tercio son menores de edad. Una información que lanzó de inmediato el debate sobre la responsabilidad de los padres en estos casos.

El viernes, Dupont-Moretti emitió una circular que incluye disposiciones que conciernen específicamente a esos jóvenes. Entre otras medidas, el ministro recomienda a los magistrados que la “prohibición de salir de noche” sea aplicada “cuando la naturaleza de los hechos, las circunstancias en que fueron cometidos y la personalidad de los menores lo justifiquen”. También solicita que los representantes legales —responsables civiles de sus hijos— en capacidad de ejercer sus obligaciones y que no respondan a una convocación judicial, sean forzados a presentarse y, llegado el caso, condenados a una multa de hasta 3750 euros, así como a seguir un curso de responsabilidad parental. La circular prevé asimismo juicio a “los padres que hayan cometido graves violaciones a sus obligaciones”.

El artículo 227-17 del código penal en Francia dispone, en efecto, que “el hecho de que el padre o la madre se sustraiga sin motivo legítimo a sus obligaciones legales, al punto de comprometer la salud, la seguridad, la moralidad o la educación de su hijo menor es pasible de dos años de prisión y 30.000 euros de multa”.