La decisión de la Justicia jujeña de detener a 29 personas acusadas de protagonizar el intento de incendio y toma de la Legislatura provincial, durante las protestas contra la votación de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, reavivó las tensiones en esa provincia del norte del país. En los últimos días, a los más de una decena de cortes intermitentes sobre distintas rutas locales, mayormente protagonizados por pueblos originarios, se le sumó la participación activa de organizaciones sindicales y de izquierda que denuncian supuestas irregularidades en los procedimientos.

La nueva Carta Magna establece la “prohibición de cortes de calles y cortes de rutas” y de “toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos” en la provincia, algo que es criticado por distintas agrupaciones que ven en esos cambios un atropello al derecho a la protesta.

Según informaron fuentes oficiales, el jueves se detuvo a 20 personas por incidentes que se registraron en Humahuaca, frente al Concejo Deliberante de esa localidad, y a nueve manifestantes más por lo sucedido el pasado 20 de junio a las puertas de la Legislatura provincial, en San Salvador, cuando un grupo que rechazaba la aprobación de la nueva Constitución de Jujuy tiró las vallas perimetrales y arrojó piedras contra la policía, que contestó con gases lacrimógenos y balas de goma.

“Fueron al Concejo y privaron de la libertad a los concejales, no los dejaban salir. Agredieron al personal policial. Exigían que los concejales sacaran una ordenanza contra la reforma constitucional. Fueron citados y se los dejó detenidos”, explicó ante este diario el fiscal Diego Funes, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 2, de San Salvador. Y especificó que se identificó a los manifestantes “por registros de cámaras de seguridad, de comercios y de los medios”.

Sucede que al rechazo contra la reforma, ahora se le sumó el reclamo por la liberación de las personas apresadas esta semana, entre las que se encuentra un precandidato a diputado nacional del Frente de Izquierda, el docente universitario Iván Blacutt. “Hay pruebas contra él que ni siquiera están en el expediente, por eso están nuestros abogados pidiendo que lo dejen en libertad”, le dijo a LA NACION el exdiputado trotskista Juan Carlos Giordano, quien definió lo ocurrido en Jujuy como una “caza de brujas” tras subrayar la existencia de una “doble vara” de parte de la Justicia.

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“Cuando le preguntan al fiscal Funes qué pasa con los policías que le dispararon a los ojos a los manifestantes, él minimiza el hecho. Es el aparato del Estado en función de meter preso a quien sea que esté en una movilización”, añadió el dirigente de Izquierda Socialista.

Sucede que, además de lo sucedido con el Blacutt, otro caso mencionado por Giordano es el de Alberto Nallar, un abogado detenido por incentivar los cortes y exhortar a “levantarse en contra del gobierno”. Así lo definió el procurador General de Fiscalía de la provincia, Sebastián Albesa, durante una entrevista con Radio con Vos en la que precisó que Nallar –a quien definió como alguien que “iba por diferentes puntos de los cortes, donde se estaban cometiendo delitos, instando a la gente a continuar con la comisión de los delitos”– se encuentra bajo prisión domiciliaria.

Por otro lado, Albesa negó que hayan existido allanamientos ilegales al mando de efectivos de civil, como se encargan de denunciar sectores de la oposición jujeña. “Eso es totalmente falso, porque todas órdenes de allanamiento se realizan, de acuerdo a lo que establece la Constitución, entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche”, aclaró el procurador.

Este viernes, en medio de las acusaciones cruzadas, tuvo lugar una audiencia para determinar la situación de las personas que se encuentran detenidas desde el jueves en el penal de Alto Comedero. La fiscalía solicitó la prisión preventiva por 40 días para los involucrados, al tiempo que el juez Rodolfo Fernández resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes.

En ese marco, los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) calificaron la acusación de la fiscalía de “extravagante” y “conspirativa”, además de tildar de “absurda” la cantidad de días de detención solicitados. A través de un comunicado, también se encargaron de resaltar el supuesto factor político presente en esa virtual decisión, al señalar que “coinciden con los tiempos de la campaña electoral donde el gobernador Morales será parte ”.

“El pedido de 40 días está basado en la descabellada ‘teoría’ de la fiscalía que los acusa a todos y todas de ser coautores de todos los hechos de la legislatura el 20 de junio”, continúa el texto, en el que los abogados defensores de los detenidos también señalan que “no se presentó documentación” que compruebe la participación de los apuntados en el incendio de una oficina de la Legislatura y que el propio vicegobernador provincial dijo que ‘no hubo daños de significación”.

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“El lunes deberían decidir la libertad inmediata de todos los detenidos porque no hay pruebas. Y si hay una prisión preventiva, es una decisión netamente política de tener a dirigentes sociales y políticos presos para justificar todas las aberraciones que está haciendo Morales”, denunció, por su parte, Giordano, en línea con los abogados defensores que sostienen que la decisión de ir a un cuarto intermedio “no es acorde a la legislación”, ya que “los pedidos de libertad o prisión preventiva se hacen en el momento de finalizar la audiencia”.

El radical Gerardo Morales consolidó en Jujuy un enorme poder y no parece tener problemas para llevar adelante sus planes de gobierno: tiene mayoría en la Legislatura (que es unicameral) y nombró a seis de los nueve jueces del Superior Tribunal de la provincia, incluidos su exfiscal de Estado y dos de los legisladores radicales que habían votado en favor de que se ampliara el tribunal, un proyecto que Morales presentó el día después de asumir en 2015.

En ese sentido, la Convención Constituyente aprobó en menos de un mes la polémica reforma, que también incluye otros cambios como la limitación de la reelección de legisladores e intendentes, la “modernización” del sistema de auditoría del Estado, y normas contra el cambio climático y en favor de la transición hacia energías renovables.

Sin embargo, las modificaciones que se aprobaron no son las que figuraban originalmente en el proyecto, que preveía cambiar el régimen electoral para darle más poder al gobernador. Ese plan eliminaba las elecciones de medio término y establecía que quien ganara en las urnas, aunque fuera por un voto, se llevaba la mayoría de la Legislatura. Además, en cuanto a los cortes, aquel primer proyecto incorporaba la “responsabilidad jurídica” de aquellos que promovieran grupos que atentaran contra la “paz social”.

El oficialismo jujeño cedió en estos puntos a pesar de que tenía por sí mismo la mayoría necesaria en la Convención Constituyente para aprobar el proyecto completo: contaba con 29 de los 48 convencionales y, en un acuerdo con el PJ (con la izquierda en contra), había fijado un reglamento interno de la convención que establecía que no se requería una mayoría especial para aprobar la reforma.

Los convencionales empezaron a sesionar dos semanas después de las elecciones provinciales que ganó Carlos Sadir, delfín político de Morales, que con el 49% de los votos se garantizó los dos tercios de la Legislatura. Eso habilita al oficialismo local a no tener que negociar con ninguna otra fuerza para poder, por ejemplo, remover jueces, desaforar legisladores, intervenir municipios o convocar a una nueva reforma constitucional.