La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una serie de recursos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que había cuestionado la integración de tribunales que fallaron en su contra en las causas conocidas como “la ruta del dinero K” y memorándum con Irán.

En el caso de “la ruta del dinero K”, los abogados de Cristina Kirchner habían recusado a los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, de la Sala II de la Cámara Federal. Su argumento fue que ambos magistrados habían hecho lugar el 31 de agosto de 2018 a un pedido de la Unidad de Información Financiera y habían dispuesto que se convocara a Cristina Kirchner a prestar declaración indagatoria acusada de lavado de dinero.

El juez Leopoldo Bruglia, otro de los camaristas, rechazó el pedido de apartamiento de sus colegas y Cristina Kirchner recurrió dicha decisión esa hasta llegar a la Corte. Ya en la Cámara de Casación habían rechazado su recurso con fundamento en que las resoluciones que deciden sobre recusaciones no son de las que permiten ser impugnadas, pues no son sentencias definitivas.

La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, también rechazó el planteo porque no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable.

En tanto, en la causa por la firma del memorándum con Irán, la defensa de Cristina Kirchner, por un lado, y la de Oscar Parrilli, por otro, habían recusado al juez Juan Carlos Gemigniani, integrante de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

El tribunal rechazó los pedidos de apartamiento. Entendió que las defensas no habían demostrado la vulneración de garantías constitucionales ni que se hubiera configurado alguno de los supuestos previstos en la ley para separar de una causa a un magistrado.

Por el contrario, señaló que los pedidos se limitaron a plantear conjeturas que no se encontraban acreditadas en el expediente. Por otra parte, dijeron que los peticionantes ya habían tenido conocimiento de la integración del tribunal antes, sin que hubieran presentado planteos como este.

Tanto la expresidenta como el exministro presentaron recursos pero fueron rechazados y llevaron su reclamo a la Corte, que con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda desestimó las quejas.

En otro expediente se investigaba la posible comisión del delito de ocultamiento de documentos históricos, tras el hallazgo en la casa de Cristina Kirchner de una carta autógrafa del 26 de diciembre de 1835 del general San Martín a Bernardo de O’Higgins y un “prontuario” de Hipólito Yrigoyen con sus actividades desde 1906 a 1910.

Esos documentos fueron secuestrados en un allanamiento realizado en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, en el chalet de calles Padre de Agostini y Los Tehuelches, en El Calafate, Santa Cruz, donde vive la vicepresidenta.

Ese allanamiento fue ordenado por el juez Claudio Bonadio, que fue recusado por la defensa de Cristina Kirchner en sucesivas instancias hasta llegar a la Corte. Al día siguiente de ingresado el expediente a la Corte, Bonadio falleció. Por eso, con la firma de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, la Corte entendió que la cuestión se había tornado “abstracta”.