Entender el rol de la Justicia hace remontar a la “vieja” educación cívica escolar, quizás una de las materias más importantes en términos de progresión y proyección social, porque influye para siempre en la comprensión de lo que conforma nuestra comunidad organizada y los derechos, obligaciones y roles que tiene tanto el ciudadano como el Estado.

Lamentablemente, muy pocas veces la escuela explica la sinuosa cuestión de los límites al poder estatal. Los que estudiamos Derecho recién ahí nos topamos con la “novedad” de la necesidad de esos límites. Expresado en una fórmula sencilla: la no arbitrariedad, la proporcionalidad y la razonabilidad, es decir, que las decisiones no sean producto de la simple voluntad o capricho de quien las toma, que guarden una adecuada relación medios-fines y que tengan fundamentos que las justifiquen.

Todavía me causa cierta fascinación tomar conciencia de que jamás encontré un texto ni un profesor que señalaran que los límites legales al poder (cuando quiere, omnímodo) del Estado dependan del posicionamiento político o ideológico de alguna de las partes de un juicio, ni del acusado o su defensor, ni del fiscal, ni del juez.

En conexión con eso, una saludable mayoría de operadores judiciales (en el sentido de quienes hacen funcionar el sistema de justicia, no como la expresión peyorativa usada a veces) entendemos que lo justo se presenta en cada caso como algo que no depende de nosotros, sino que viene dado por los hechos y las leyes, sin atender a lo que uno quiera o crea. Sabemos que las ideas, los partidos políticos o las cosmovisiones con que cada uno simpatice, al momento de impartir justicia, no importan, salvo que esas materias sean el objeto propio del litigio.

De que haya quienes actúen considerando lo contrario no tengo dudas. Pero la excepción no define la regla, sino que la confirma. Debemos tomar esas excepciones como lo que son: aquello que sale de la generalidad, sin caer en el romanticismo de considerar más honestos a quienes asumen públicamente su postura política o ideológica, sin convertir eso en el “nuevo y actual paradigma que mejor se ajusta a la realidad” y sin tampoco sentirnos obligados a hacernos cargo de la porfía de quienes piensan así. Admitir que quien debería ser imparcial e independiente (aun de sus prejuicios ideológicos, políticos o producto de su manera de ver el mundo) pueda ser lo contrario es el primer paso hacia las catacumbas de la injusticia.

Hay, claro, temas jurídicos complejos, posturas y discusiones doctrinarias, las siempre fluidas cuencas de las opiniones e interpretaciones, pero la propia organización estatal prevé una solución práctica para las disquisiciones eternas e incompatibles, sean dogmáticas o no: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos precedentes se imponen –gusten o no– a los jueces por vía de la “doctrina del leal acatamiento”, y a los justiciables, por ser la última instancia judicial a la que pueden recurrir.

En todo caso, la salvaguarda del Estado de Derecho, que a todos beneficia, por sobre cualquier estructura estatal, nos la ofrece la Corte Suprema, que –siempre consciente de su rol– como un arcoíris en plena tormenta, surca de lado a lado el horizonte, como lo hacen sus precedentes a lo largo de la historia, con apego a la ley y sin distinciones impropias de partidos, ideologías ni cosmovisiones.