El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, rechazó los pedidos de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso para excusarse de intervenir en el juicio contra Cristina Kirchner por la firma del memorandum con Irán, alegando el exceso de trabajo. Los jueces de la Casación les dijeron que es lo mismo que ocurre con todos los tribunales orales del país y le pidieron al Consejo de la Magistratura que cubra las vacantes.

Los jueces Giménez Uriburu y Basso ya habían intervenido en el juicio oral contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad y la condenaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Ahora fueron sorteados para juzgarla nuevamente por la causa por la firma del memorandum con Irán junto con el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el ministro bonaerense Andrés Larroque, el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D’Elía, el embajador Eduardo Zuaín y la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, además del piquetero Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.

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Las defensas de Mena y de Cristina Kirchner recusaron a Giménez Uriburu y a Basso al sostener que ya hay un criterio establecido en esta causa: todos los que tuvieron alguna relación con el expediente por el atentado a la AMIA no pueden intervenir en el proceso. El precedente es la recusación de la jueza Sabrina Namer, que fue sorteada para hacer el juicio, pero separada porque fue fiscal de la UFI AMIA.

Ahora, las defensas dijeron que el juez Basso intervino en el juicio donde fue absuelto Carlos Telleldín y su colega Giménez Uriburu se excusó en un juicio por irregularidades en la investigación del ataque donde fue juzgado el exjuez Juan José Galeano. Esa situación aún resta resolverse.

Mientras tanto, la Casación entendió que no hay razones para que Basso y Giménez Uriburu se aparten del caso. En una decisión que lleva la firma de Borinsky, como presidente de la Cámara, señaló que las razones que expusieron los jueces –la cantidad de causas a su cargo– “son extremos que se ven reproducidos en todos los tribunales orales en lo criminal federal de esta ciudad y con sede en las provincias”.

Los jueces Basso y Giménez Uriburu se encuentran interviniendo en causas en las que se investigan delitos complejos en sus tribunales orales, y funcionan como suplentes en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata y en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata N°1.

No obstante, Borinsky entendió que “las situaciones expuestas por los señores magistrados en relación a las particulares circunstancias de las jurisdicciones de las que se trata por la cantidad de vacantes existentes, la distancia entre los diferentes tribunales, la invocada dificultad de cumplir adecuadamente con la correcta administración de justicia y la sobrecarga puesta de manifiesto”, son dificultades que se dan en todos los tribunales.

Borinsky escribió que tomó la decisión tras consultar al Tribunal de Superintendencia, integrado por los jueces Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, y que hubo unanimidad en la solución al asunto.

El caso se ve agravado porque entre los ocho tribunales federales orales federales que funcionan en la ciudad de Buenos Aires hay siete vacantes. Es decir, casi un juez por tribunal. Por eso es que Borinsky envió este oficio al Consejo de la Magistratura, para hacerle saber la situación de las vacantes y que “a fin de que se adopten en aras de garantizar la prestación de un mejor y más eficiente servicio de justicia”.