Entre otras mentiras, dijo ser empleada del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y especialista en salud del gobierno porteño. La puesta en escena tenía un solo objetivo: ganarse la confianza de sus vecinos, Manuela Trobo y César Funes, ambos mayores de 90 años, y, de a poco, quedarse con sus bienes. Lo logró. Por un tiempo fue la única persona que los asistía hasta que “los abondonó a su suerte” y los dejó en una “estado de desamparo” hasta que fallecieron. Llegó a falsificar un testamento para quedarse con el departamento de las víctimas. El botín incluyó 170.000 dólares y dos relojes Rolex, entre otros objetos de valor.

Pero el plan criminal quedó al descubierto y la psicóloga y acompañante terapéutica Hilda Salsamendi fue procesada con prisión preventiva por delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documento público en concurso ideal con estafa procesal en tentativa, falsedad ideológica, usurpación, hurto, defraudación en perjuicio de la administración pública y lavado de activos de origen ilícito.

Así lo resolvió en las últimas horas el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Yadarola. El magistrado procesó con prisión preventiva a otros seis sospechosos, entre ellos dos abogados y un contador público.

“El devenir de la pesquisa permitió demostrar, al menos con los alcances de este momento procesal, la existencia de un grupo de personas asociadas con la finalidad de despojar a personas mayores de edad de sus bienes y dinero, incorporando en ese actuar previamente planificado a otras que tangencialmente iban apareciendo, según surgiera la necesidad de incluirlas en algunas de las etapas delictivas”, sostuvo el juez Yadarola en su resolución de 134 páginas, a las que tuvo acceso LA NACION.

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Las víctimas de la denominada banda de la Psicóloga vivían en el departamento 10A de un edificio situado en avenida Rivadavia al 3600, en Almagro El plan criminal comenzó a ejecutarse durante la pandemia de Covid-19, cuando regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el gobierno nacional.

“ intervinieron desde su génesis en el plan criminal, montando una compleja operatoria tendente a individualizar a las posibles víctimas , acercándose a ellas y logrando aislarlas de sus vínculos afectivos o referentes existentes hasta ese momento, consiguiendo luego mediante engaños o la falsificación de documentación de carácter público o privado –según el caso–, los instrumentos necesarios para hacer valer a su favor derechos reales sobre el patrimonio de los damnificados obtenidos, en realidad, de manera ilegítima”, explicó el magistrado en la citada resolución.

Salsamendo, por un tiempo fue la única persona que los asistía hasta que “los abondonó a su suerte” y los dejó en una “estado de desamparo” hasta que fallecieron. Después falsificó un testamento para quedarse con el inmueble. El botín incluyó 170.000 dólares y dos relojes Rolex, entre otros objetos de valor.

“Valiéndose de las condiciones de aislamiento y estricta excepcionalidad marcadas por la pandemia de Covid-19 y de la referencia personal que hiciera de ser psicóloga y especialista en ancianos, perfeccionó un plan tendiente a aislarlos de terceros, procurando especialmente que no se contactasen personalmente con el único familiar directo que tenían, presentándose desde entonces como único medio para brindarles la asistencia que demandaba la avanzada edad de las víctimas, ambas mayores de 90 años. En ese contexto, abandonó a su suerte a Trobo y a Funes, dejándolos en situación de total desamparo, lo que se verificó el 23 de abril de 2021, en ocasión que ambos fueron encontrados inconscientes en su domicilio”, según el expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

La situación fue advertida después de que el sobrino del matrimonio, Eduardo Bottini, se comunicara con el encargado del edificio para pedirle que se acercara al departamento porque le era imposible comunicarse con sus tíos.

“Trobo y Funes fueron encontrados tirados en el suelo, defecados, orinados y con una serie de lesiones físicas visibles –cuyo origen a la fecha resulta desconocido-, por lo que se requirió asistencia médica”, explicaron fuentes judiciales. Las víctimas fueron trasladas a una clínica de Palermo.

Apenas se enteró del traslado del matrimonio, la psicóloga se presentó en la clínica. También se comunicó con Bottini y le insinuó que las lesiones habían sido provocadas por el encargado del edificio, le recomendó un abogado de su confianza -otro de los sospechosos imputados y detenidos- y le adelantó que se haría cargo de todo lo relacionado con la internación, en relación con las visitas y la atención.

“De esta forma, se logró instituir a Salsamendi como canal exclusivo de contacto en todo lo relativo a la internación de Funes y Trobo, negando todo acercamiento del sobrino a los galenos, aduciendo un supuesto carácter de apoderada, que nunca acreditó fehacientemente”, según el expediente judicial.

Fuentes judiciales afirmaron que la psicóloga cuestionaba todas las decisiones médicas e “insistía que debía disponerse el traslado a un centro de rehabilitación y luego, al verse agravado su cuadro, la internación domiciliaria. Todo esto, sin perjuicio de que, conforme consta de los distintos informes volcados en la historia clínica de ambos pacientes, no iba a visitarlos, dejándolos solos en la clínica”.

Finalmente, las víctimas murieron. Trobo falleció el 9 de mayo de 2021 y Funes, 20 días después. “Durante el transcurso de la internación y también una vez producido el deceso de ambos, se detectaron otras maniobras ilícitas llevadas a cabo por los distintos implicados para hacerse del patrimonio de Trobo y Funes”, se afirmó en la imputación de los imputados.

La banda se apoderó de 170.000 dólares que las víctimas tenían en una caja fuerte que estaba en una habitación del departamento. La psicóloga le dijo al sobrino del matrimonio que el dinero iba a ser usado para abonar el costo de la internación y le entregó U$S 30.000 Pero todo era una mentira porque Trobo y Funes tenían los costos cubiertos por su empresa de medicina prepaga.

“Tras el fallecimiento de Trobo y conociendo el delicado cuadro de salud que transitaba Funes, Salsamendi, con la colaboración de otros dos sospechosos, falsificó un documento con carácter de testamento ológrafo, -colocando una firma indeterminable y una huella poco legible, mediante el cual la instituía como heredera de todos los bienes”, según el expediente judicial.

Salsamendi se presentó en un juzgado del fuero civil con el testamento para lograr “una decisión judicial a su favor, que le concediera formalmente los derechos sobre los bienes de Funes y Trobo”. El trámite sucesorio está en curso.

La psicóloga ocupó “clandestinamente” el departamento de las víctimas hasta que el 2 de mayo pasado el juez Yadarola ordenó un allanamiento en el inmueble.

“En ese contexto, se hicieron además de todos los bienes muebles que se encontraban en su interior, entre ellos dos relojes marca Rolex”, sostuvieron fuentes judiciales.

Con parte de los 170.000 dólares, Salsamendi habría comprado un departamento en Balvanera, según consta en la causa, y vendió un Ford Taunus modelo 1975 que Funes tenía en la cochera del edificio donde vivía.

A mediados del mes pasado, detectives de la División Fraudes Bancarios de la Policía de la Ciudad, por orden del juez Yadarola, detuvieron a los sospechosos.

Tras escuchar la imputación y las pruebas reunidas durante la investigación, Salsamendi solo respondió: “Me niego a declarar y contestar a preguntas del tribunal”.

En parte del procesamiento de los sospechosos, el juez afirmó: “No puede dejar de resaltarse, para medir la real incidencia que la maniobra tuvo en el momento último de vida de dos personas mayores de edad, cómo fueron siempre los acusados quienes vedaron expresamente todo contacto de las víctimas con Bottini en procura de que no se desvirtuaran sus planes, sobre todo tras la complicación que les había generado el familiar de los damnificados al conseguir que el matrimonio fuera auxiliado por el encargado del edificio”.