Luego de que la cerealera Vicentin anunciara la semana pasada la paralización de dos plantas de molienda ubicadas en el sur de Santa Fe por seis meses debido a la falta de soja para procesar por la sequía y la situación del concurso de acreedores de la firma, un grupo de más de 160 empleados presentaron un escrito ante el Juzgado Federal de Resistencia, Chaco, a cargo de Ricardo Alcides Mianovich, y el magistrado del caso Fabián Lorenzini, de Reconquista, Santa Fe. Allí solicitaron que se acepte una medida cautelar presentada por la empresa para evitar el pago de una cifra millonaria por una medida de AFIP que pone en riesgo, según alertaron, el pago de sus sueldos y la homologación del acuerdo concursal.

La cerealera, que está en concurso de acreedores por más de US$1500 millones, aguarda la decisión de Lorenzini con respecto a la homologación del acuerdo y la eventual salida del concurso. A mediados de abril de este año se presentaron los acuerdos favorables por parte de la empresa.

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Los documentos, presentados hoy a la mañana, cuentan con la firma de más de 160 trabajadores de Vicentin, provenientes de las localidades de San Lorenzo, Rosario y el Nodo Norte . Uno de los escritos está destinado al juzgado de Resistencia pidiéndole que acepte la cautelar que la empresa presentó para frenar la imposición por parte de la AFIP de un pago anticipado de Ganancias por una suma millonaria.

En rigor, el organismo a cargo de Carlos Castagneto estableció, a través de la Resolución General N° 5391/2023 del 21 de julio último, un anticipo extraordinario del Impuesto a las Ganancias para aquellas empresas que no hubiesen pagado el tributo durante 2022 por haber compensado Ganancias de ese período con quebrantos anteriores. Esta medida alcanza a la cerealera que debería pagar un anticipo de $8000 millones en total, en tres cuotas mensuales.

Ante esta situación, presentó un descargo en la Afip alegando que no correspondía la aplicación de la resolución porque no tendrá ganancias en 2023 como consecuencia de la falta de granos por la sequía y tampoco en 2024, cuando operaría al costo por los contratos definitivos con los interesados estratégicos en controlar la empresa luego de la homologación. Además, solicitó una medida cautelar ante la justicia federal para que la AFIP no embargue sus cuentas.

El juez chaqueño Mianovich rechazó la medida cautelar sustentada en jurisprudencia relativa al impuesto solidario. Esto está en etapa de apelación porque, sostienen en la firma, “los fundamentos de rechazo no son aplicables al caso, además de que no tendrán ganancias este y el próximo año”.

Vale recordar que, el miércoles pasado, el directorio de la firma informó que las plantas de Ricardone y Puerto Vicentin, cercanas al Gran Rosario, permanecerán inactivas durante un período de seis meses. Según habían indicado en la firma, la interrupción de operaciones es un hecho sin precedentes, ya que en los últimos 40 años la empresa solía detener sus operaciones solo durante 30 a 40 días al año para mantenimiento. Ahora, la combinación de la sequía y la demora en la homologación del concurso prolongará la parada a seis meses. A pesar de no trabajar, los 850 empleados de estas plantas seguirán recibiendo sus salarios.

Sin embargo, según manifestaron, los empleados entienden que la resolución de la Afip podría poner en riesgo el pago de sus salarios. En rigor, en la firma advirtieron a LA NACION que, “en caso de que la Afip decida proceder en los términos de la resolución, si embargase las cuentas bloquearía completamente el funcionamiento de Vicentin y, por ende, no se podría pagar los salarios”.

Esto también fue manifestado por los empleados en la carta que le enviaron al magistrado. “Este anticipo extraordinario creado intempestivamente hace apenas un mes absorbe la caja de Vicentín; caja que, vale aclarar, está destinada al pago de nuestros salarios y de las cargas sociales correspondientes, además de mantener operativa a la empresa. Como se encuentra acreditado en el pedido de medida cautelar, la empresa da trabajo a 1117 familias de manera directa, y a otras miles en forma indirecta”, indicaron en la carta.

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De esta manera, los empleados sostienen que “resulta evidente que se encuentra comprometida la continuidad de la empresa, ya que la AFIP puede promover ejecución fiscal y, ante la falta de pago (que, se reitera, resulta inexorable ante la insuficiente caja y la merma de la actividad), peticionar la quiebra de Vicentín S.A.I.C. por ser una obligación de carácter pos-concursal”.

En este contexto, por otro lado, presentaron un escrito al juez del concurso Lorenzini en donde destacaron su convicción de que la homologación “es la mejor alternativa existente en relación con el mantenimiento” de los “puestos laborales”. Asimismo, resaltaron sus inquietudes respecto a las posibles repercusiones que podrían derivarse de un retraso en la homologación o, en el peor de los casos, de su falta. Subrayaron que esto podría desencadenar un “futuro laboral incierto” para los empleados.

Para salir del concurso Vicentin presentó una propuesta a 12 años que contempla la creación de un fideicomiso con la participación de tres interesados estratégicos: Bunge Argentina, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Estos actores asumirían el control del 95% de la empresa, mientras que los accionistas de Vicentin mantendrían el 5%.

Los trabajadores remarcaron que la alternativa presentada por Vicentin SAIC “es la más favorable” para ellos, sus familias, sus colaboradores y toda la comunidad local que se vería afectada en caso de un eventual cierre de la empresa.

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Los empleados tomaron como referencia el caso de la empresa Buyatti SAIC, la cual, según mencionaron, ha estado trabajando con terceros en la fabricación de fasones durante más de 15 años. En este contexto, destacaron que consideran esta opción como una alternativa viable para garantizar su continuidad a largo plazo.

“Estamos en conocimiento de que la empresa no dispone de ingresos seguros, ya que como consecuencia de la sequía se complica la continuidad de los fasones y esto llevaría a la posibilidad de no contar con nuestros haberes, lo que para nuestras familias representaría una situación muy grave”, agregaron.