“Jujuy es un viaje al pasado o un viaje al futuro, depende de lo que vos quieras”, sentenció en el editorial de su programa de LN+ el colega Jonatan Viale, una frase que resume el sentir de todos aquellos que elegimos vivir en democracia, con sus costos y errores, pero que bien interpretada es el sistema más alejado de la violencia que pregonan quienes no se sienten cómodos participando de ella a menos que estén en el poder. Es lo que parece sentir varios integrantes del oficialismo que ya no esconden ni su pasividad cómplice ni su colaboración directa ante la violencia social.

En Jujuy existe un gobierno legítimamente elegido por el pueblo, el gobernador Gerardo Morales cumple su segundo mandato (Carlos Sadir, del Frente Cambia Jujuy, acaba de ganar las elecciones hace pocas semanas) y consensuó una reforma constitucional con la oposición, hizo lo que se hace en cualquier país republicano. No forzó ninguna situación, modificó la Carta Magna a través de representantes elegidos por el pueblo. Pero para oponerse a una acción legal y constitucional aparecieron fuerzas de choque, grupos violentos, que llegaron a intentar incendiar la Legislatura jujeña. Se sospecha que entre los detenidos hay dos personas que tenían hasta 500 mil pesos en sus bolsillos, y la justicia investiga también si punteros pagaron $5000 a manifestantes para que se sumaran y promovieran el caos y si algunos de ellos viajaron desde Buenos Aires para hacerlo e incluso para llevar ese dinero, que los ayudaría a comprar voluntades.

No es la primera vez que sucede esto. Lo curioso es que se proteste porque una Constitución prohíba el corte de rutas y la toma de edificios públicos, que son delitos tipificados en el Código Penal. No se vulnera el derecho a huelga ni a manifestarse, solo se refiere a no cometer esos delitos. No debe ser tan difícil entender que la mayoría de los argentinos coinciden con esas normas. De todos modos, el caos y la violencia se hicieron presentes en Jujuy de la mano de organizaciones sociales kirchneristas y de un sector de la izquierda, que participa de un sistema democrático en el que nunca creyó.

El país cuenta con un presidente que decidió no mover un dedo para apaciguar el desborde violento que se vivió en esa provincia en las últimas horas. Hubiese sido un escándalo en otra situación y con otro presidente, pero es hasta esperable de alguien que está culminando su patética gestión paseando por programas de televisión de amigos contando que la gente lo para por la calle, a veces es un joven diseñador gráfico de Mendoza, otras veces una señora de CABA, pero donde ambos casualmente cuentan la misma historia: perdieron a sus padres por Covid pero se toman el tiempo para decir “Gracias Alberto, porque murieron en una cama digna de un hospital”. Ni siquiera la imagen que le devuelve el espejo donde se mira podría creer semejante mentira, pero es lo único que le queda para ofrecer.

A este gobierno y al peronismo no le interesa la paz social, los muertos o la violencia en las calles si esto ayuda a desgastar el poder político ajeno. Está en su ADN, lo hicieron en 1989 y lo perfeccionaron en diciembre de 2001 y se enamoraron de la práctica. La idea es sembrar el pánico y convencer que son los únicos capaces de gobernar este país. Pero puede suceder, como en este período de Alberto y Cristina, donde hicieron y hacen todo mal. Gobernaron generando pobreza, disparando la inflación, incrementando la inseguridad y bajando todos los estándares de salud y educación, afectando la calidad de vida de la población. Esta vez no tienen excusas: no son buenos gestionando, entonces aplican su plan de subsistencia para el que sí son eficientes y es empoderando con dinero público a supuestos dirigentes sociales o militantes políticos, todos subsidiados por el estado, que terminan siendo la mano de obra útil para la desestabilización y la generación de violencia social. Muchos de ellos podrían ser “medallistas de oro” en lanzamiento de piedras. Pero es más peligroso aun cuando los jefes terminan confundiendo ese poder prestado y financiado con dinero público con impunidad, como sucede en el Chaco, donde el crimen de Cecilia Strzyzowski en manos del clan de Emerenciano Sena despertó a la sociedad norteña y la puso en estado de alerta, no sólo por la repercusión del caso, sino porque esa situación estaba latente y convivía en su realidad.

La novedad a la que estamos asistiendo ahora es que se comportan como desestabilizadores a futuro. No esperan los resultados de las elecciones, no les interesa esperar que la voluntad popular se exprese, se ven mal posicionados antes de lanzar candidaturas, creen que pueden perder, entonces la ansiedad los supera y hacen y dicen cosas que rozan el golpismo, todo a cuenta.

“Si la oposición toma el gobierno, habrá convulsión social como la que existe en Jujuy”, dijo el diputado oficialista Eduardo Valdés, exembajador en el Vaticano que se jacta de ser un hombre muy cercano al papa Francisco. Con sus dichos el legislador no parece entender que en democracia los gobiernos no se “toman” sino que los partidos y personas acceden a ellos porque son elegidos por la voluntad popular, “tomar” un gobierno es asaltarlo por la fuerza, como hacían los militares en épocas que la sociedad argentina supo dejar atrás. También, no hace mucho, el dirigente social Juan Grabois afirmó, en el mismo sentido que Valdés, que en caso de que en diciembre asuma la oposición, en su interior se despertaba un impulso golpista: “Es una duda que tengo siempre. Porque mis pulsiones me hacen pensar que vengan. La vamos a pelear y en un año y medio se van en helicóptero”.

Nadie puede asegurar quien gobernará a partir del 10 de diciembre, pero da la impresión que quienes lo hacen hoy en lugar de dedicarse a solucionar los problemas de la gente se entusiasman con sembrar conflictos para que le estallen al próximo gobierno, para así tener un lugar donde esconderse para actuar detrás de reclamos sociales que ellos no pudieron o no supieron resolver pero que seguramente los tendrá a la cabeza de las futuras protestas.

Todo parece indicar que la motivación que los une es que “si nosotros no supimos gobernar, que nadie pueda”.

Si hay violencia, muertes, pobreza, inseguridad, si todo eso que viene de la mano de esta estrategia para preparar un golpe institucional se lleva puesto todo y a todos, no habrá nada para celebrar, estaremos frente en un escenario donde solo habrá perdedores. Claramente el voto de cada ciudadano, la voluntad de elegir un gobierno por un período estipulado en la Constitución nacional no es algo que los comprometa, ya ni siquiera lo disimulan. Perdieron el sentido de pertenencia a los valores cívicos, los que se creen dueños de los gobiernos argentinos que esperan su turno detrás del telón para entrar en acción ya no necesitan vestir uniforme militar.