El núcleo duro kirchnerista que integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados no avanzará en un dictamen sobre el enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema sin previo consentimiento del candidato presidencial oficialista Sergio Massa. Si bien los legisladores que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner son los fogoneros del enjuiciamiento a los cuatro jueces y consideran que reunieron suficientes elementos probatorios para acusarlos, no harán ningún movimiento hasta después del balotaje del 19 de noviembre próximo.

“La firma de los dictámenes (referidos al juicio político a la Corte) no depende de nosotros; creemos que hay elementos para acusar, pero esta es una cuestión política y ahora entran en juego otras variables –se sinceró uno de los miembros kirchneristas de la Comisión que pertenece al círculo más cercano a la vicepresidenta-. Está la elección de por medio, y para nosotros eso es hoy lo más importante. Después de eso se verá. No queremos ser un obstáculo o un inconveniente en la campaña de Sergio (Massa) ni tampoco después, si es electo.”

Este alineamiento del kirchnerismo a los objetivos proselitistas de Massa quedó en evidencia ayer cuando, de manera sorpresiva, los oficialistas en pleno dejaron sin quorum la Comisión de Juicio Político. La oposición tenía decidido aprovechar ese escenario para cuestionar a Massa por su indefinición sobre el juicio político a la Corte Suprema y acorralar a uno de sus principales impulsores, el kirchnerista Rodolfo Tailhade, envuelto en una investigación judicial sobre espionaje ilegal.

Los opositores bramaron de indignación ante la retirada en masa del oficialismo. “¡Que Massa le diga a la sociedad si está de acuerdo o no con acusar a la Corte!”, exclamó Cristian Ritondo, jefe de bloque Pro, en una conferencia de prensa posterior.

Los opositores tendrán que esperar una respuesta hasta después del balotaje. La prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso que dispuso el Gobierno hasta el 9 de diciembre próximo le permite al oficialismo ganar tiempo y postergar, hasta después de la segunda vuelta electoral, una definición sobre el juicio político que le inició a la Corte. Tras once meses de investigación el proceso ya está casi cerrado, dos de los jueces –Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- presentaron sus descargos a la Comisión –no así Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que optaron por no hacer uso de esta atribución-, por lo que solo resta la firma de los dictámenes.

El resultado del balotaje será clave para esta instancia: de ganar el rival libertario Javier Milei, los oficialistas firmarían en bloque la acusación por mal desempeño antes de que la renovación parlamentaria modifique la composición de la comisión, donde hoy es mayoría. En cambio, si Massa es electo presidente, la decisión podría ser otra, incluso desistir de la ofensiva. Dependerá, como admiten en el oficialismo, de las relaciones que logre tejer Massa con el máximo tribunal.

La oposición ya planteó sus advertencias. “El reglamento de la Cámara de Diputados establece que los dictámenes sobre juicio político prolongan su vigencia por un año más luego de una renovación parlamentaria; esto le va a permitir a cualquier oficialismo -sea el de Massa o el de Milei- ponerle una espada en la cabeza a la Corte Suprema durante todo el año próximo, sea como amenaza para destituirlos o para negociar -afirmó el diputado Juan Manuel López, vicepresidente de la Comisión-. Están las necesidades que tienen todos los gobiernos y también las causas de impunidad que Cristina Kirchner siempre lleva hasta última instancia en la Corte Suprema. No sabemos si Massa acordó con ella que haría gestiones en la Justicia para garantizarle la impunidad, pero más allá de eso, no corresponde tener en esta situación a los jueces.”