Pesan un total de ocho causas penales sobre el ahora exjuez federal Walter Bento, que este mediodía perdió sus fueros de magistrado a manos del tribunal de enjuiciamiento que lo encontró responsable de mal desempeño en sus funciones. Horas después del veredicto, desprovisto ya de su coraza judicial, cayó sobre él una orden de prisión preventiva por la cual quedó detenido en Mendoza, donde se encontraba, a sabiendas de que le esperaba un fallo desfavorable.

Los cargos por los cuales fue juzgada la idoneidad de Bento -y por los cuales terminó perdiendo su condición de Juez- fueron varias y “graves”, según dictaminó por amplia mayoría (6 a 1) el jury compuesto por dos senadores, dos diputados, dos jueces y un abogado matriculado. Los seis integrantes del tribunal que validaron el mal desempeño –una de las causales del juicio político- del magistrado federal basaron su sentencia en cinco cargos que configuraron el causal. El presidente del cuerpo, el juez Estaban de la Fuente, votó en disidencia.

Por un lado, el tribunal dictaminó que Bento, al tomar conocimiento de que se iniciaba una investigación penal en su contra –las causas por las que hoy se encuentra detenido- realizó “diferentes maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial”. A su vez, lo encontró responsable de omitir “deliberadamente” ser una persona políticamente expuesta en una transacción de un inmueble, mediante lo cual logró evitar el embargo del mismo que se dictó a partir de su procesamiento en las causas penales.

El tercero de los cinco cargos que lo apartaron de sus funciones judiciales es la falsificación de datos para obtener “inescrupulosamente” un crédito hipotecario diseñado especialmente para la vivienda única. A su vez, el uso del inmueble no terminó por convertirse en vivienda. “Le dio a la propiedad un destino distinto al convenido”, se leyó en la sala del jury, sobre la calle Libertad, donde funciona el Consejo de la Magistratura.

Se lo encontró responsable, también, de omitir información en su declaración jurada, entre los años 2005 y 2020, violando la ley 25.188 –vinculada a la ética en el ejercicio de la función pública (deberes, prohibiciones e incompatibilidades)- que obliga a los magistrados del Poder Judicial, entre otros funcionarios, a presentar una declaración patrimonial “integral”.

Su postulación para ocupar el cargo de vocal en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, constituyó el último cargo por el cual Bento fue destituido. El tribunal adujo que el juez mendocino estaba en conocimiento de que no reunía las condiciones para el cargo y que, no obstante, aplicó al concurso. Este último motivo, es el origen de todo el proceso de enjuiciamiento. El Consejo de la Magistratura, que en estos juicios actúa como “fiscal” e “instruye” la causa, sacó una resolución unánime por la cual se decidió a instancia del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, investigar la postulación de Bento, cuando este ya estaba siendo procesado por delitos graves.

Por todos estos cargos, el tribunal juzgó que Bento, juez del tribunal número uno de Mendoza, “incurrió en actos que perjudican el servicio público y deshonran al país y a la investidura pública, que su conducta resulta inadmisible para un juez”.

En otro orden, el tribunal se expidió sobre la situación del hijo de Bento, quien padece una condición médica y habría dejado de recibir la asistencia de la Obra Social del Poder Judicial –que comprende al grupo familiar- ante la suspensión de la actividad de su padre. Es que Bento, antes de ser destituido -y en consecuencia, detenido- había sido suspendido en sus funciones, lo que ocasionó el cese en la cobertura - presuntamente, puesto que la investigación realizada por el Consejo de la Magistratura, sobre la cual se fundó el veredicto, no comprendía la asistencia médica-. Por estos motivos, el tribunal, sin la facultad de hacer cumplir, hizo una “respetuosa exhortación” a la Obra Social del Poder Judicial, a los fines de que Fernando Bento –el hijo del juez- que sufre una grave discapacidad, continuara recibiendo la asistencia.

El presidente del cuerpo que juzgó a Bento, Esteban Javier de la Fuente, uno de los dos jueces que integraba el tribunal, votó en disidencia, alegando que los cargos eran insuficientes para una medida tan “extrema e irreversible” como la destitución; que sobre Bento todavía pesa el principio de inocencia dado que todavía no hay una sentencia en las causas pensales tramitadas en Mendoza –por las cuales hoy está detenido-; y que el prolongamiento de la suspensión era la mejor vía, en la medida en que no impide una eventual destitución si la prueba así lo exigiera.

Para de la Fuente, un magistrado con respetada trayectoria, la sentencia del tribunal, desfavorable para Bento, no se basa en actos jurídicos, sino en cuestionamientos morales -del ámbito privado- y protegidos por la Constitución Nacional. “Los motivos deben guardar relación directa con la función judicial”, sostuvo en su fallo, a contramano del resto de los integrantes del jury. Algunos de los presentes en la audiencia, meneaban la cabeza en señal de descrédito mientras sobre el cierre del veredicto el secretario leía la postura del juez de la Fuente.

Sobre esa línea se recostó la defensa de Bento, encabezada por el abogado Mariano Fragueiro Frías, que atendió a los medios luego de que el tribunal se pronunciara –Bento no asistió, y no tenía necesidad de hacerlo-.

“No, corrupto todavía no”, exclamó Fragueiro Frías, corrigiendo a una periodista. “Acá lo removieron por mal desempeño. Tiene que ir al otro juicio para que declaren que es corrupto”. Luego anunció que presentaría un recurso extraordinario para poner en “puntos suspensivos cualquier intento de detención”. Sin embargo, a las pocas horas de concluida la audiencia, Bento fue detenido en Mendoza.

“El doctor de la Fuente es un excelente doctrinario y un excelente juez reconocido en todos los ambientes”, dijo el abogado defensor, en alusión al voto en disidencia de De la Fuente. “Tiene un valor supremo para nosotros ese voto. No es un tema menor. Es un dulce para mis…”, sostuvo para ser interrumpido por una nueva pregunta de un periodist.a

Pese a que el fallo del jury es “irrecurrible” –según establece el art. 115 de la Constitución Nacional- Friguerias Frías, experto en juicios orales, emprenderá una apelación basándose en algunas excepciones que operan como precedentes en los que la Corte Suprema atendió casos con graves violaciones a las garantías constitucionales.

Además de los integrantes del tribunal y la defensa de Bento, se encontraban presentes, por el lado de la acusación, los representantes del Consejo de la Magistratura, Roxana Reyes, Miguel Piedecasas y Eduardo Vischilos.