El Gobierno decidió no nombrar a un responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública por cuestiones de presupuesto, pese a que prácticamente a diario se designan funcionarios en el Estado Nacional, a través del Boletín Oficial.

Así se dispuso a partir de las resoluciones Nº 436/2023 y Nº 543/2023, a través de las cuales quedaron sin efecto el reglamento para la selección de quien debería estar a cargo de esa área. También se dispuso que las tareas serían asumidas por personal de la Asesoría Jurídica designada a tal efecto.

En la primera medida oficial, se explicó: “En atención a la situación de déficit presupuestario existente para la proyección de gastos anuales de este Ministerio Público de la Defensa, no se cuenta con la posibilidad de mantener la estructura de cargos existente en la Oficina de Acceso a la Información Pública, tal como se encontraba funcionando hasta el cese de la Dra. Mazza Gigena ”.

Varias asociaciones civiles que velan por los derechos constitucionales, entre los que se encuentra el acceso a la información pública, alertaron sobre esta situación. Entre ellas se encuentran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Alianza por la Libre Expresión e Información, Democracia en Red, Directorio Legislativo, Fundación Conocimiento Abierto, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Nuestra Mendoza, Poder Ciudadano y Salta Transparente.

“Si bien hay una funcionaria interina cumpliendo esas tareas, no se garantiza la idoneidad técnica, la autonomía y la dedicación exclusiva requerida para desempeñar adecuadamente el cargo, lo que implica un grave retroceso para la garantía de este derecho”, dijeron y aseguraron que las resoluciones son “ilegales e inconstitucionales”.

Esto se debe a que la persona designada, Liliana Silvia Zalaya, no realizó el proceso de selección que indica la ley, según la cual debe hacerse de manera abierta, pública y transparente. “Dejan la dirección de la Oficina de Acceso a la Información en un estado de interinato sin reglas claras que con el tiempo puede llegar a transformarse en una situación de permanencia indefinida. Las reglas para su elección fueron dejadas sin efecto y a la fecha no se han expedido nuevos lineamientos conducentes a subsanar la situación actual”, agregaron las asociaciones civiles.

También criticaron que las resoluciones se basan en motivos presupuestarios, pero “no se ha acreditado que se intentaron otras medidas menos lesivas del derecho, como podría ser el recorte del gasto de servicios no esenciales”.

“Las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifestamos nuestra preocupación por esta situación y enfatizamos en la necesidad de que el Ministerio Público de la Defensa respete la institucionalidad prevista por la ley 27.275 para garantizar el derecho de acceso a la información pública, que fortalece y afianza nuestra democracia, facilita el ejercicio de otros derechos y ostenta un rol esencial en la prevención de la corrupción y en la promoción de la transparencia en el Estado. Por ello, solicitamos a la Defensora General de la Nación que deje sin efecto las resoluciones 436 y 543 de 2023 y que inicie el proceso de selección para que se cubra adecuadamente el puesto”, cerraron.