El pasado martes 5 de junio se produce un hecho que implica una nueva y trágica escalada de la invasión de Rusia a Ucrania. La explosión deliberada de la represa de Nova Kakhovka y el posterior anegamiento de por lo menos 35 pueblos y ciudades aledaños constituye un gravísimo hecho que avasalla una vez más las normas instituidas en el Derecho Internacional, en el Derecho Humanitario y en la Carta de las Naciones Unidas. En este caso en particular, viola la Convención de Ginebra, que es en sentido sintético un conjunto de normas jurídicas destinadas a limitar las barbaries de la guerra, de la cual tanto Rusia como Ucrania son firmantes de la misma y de sus Protocolos posteriores.

Concretamente, el “ecocidio” producido con la utilización de las aguas de una represa explotada para inundar los terrenos circundantes con fines de guerra está penada como “crimen de guerra” desde el año 1949 por la citada Convención.

Para Ucrania esta tragedia no es nueva. En agosto de 1941, durante la Segunda Guerra, las tropas soviéticas hicieron explotar, por orden de Stalin, la que entonces era la mayor central hidroeléctrica de Europa, Dneproprestoi, en la región de Zaporishia, causando la muerte de entre 40 a 100 mil ucranianos, según estimaciones de la época. La excusa fue detener a los nazis o por lo menos demorar su ofensiva sin importar el numero de víctimas que hubiere.

En octubre de 2022, Ucrania denunció que las autoridades prorrusas de la región de Kherson, que son las que tienen el control de la represa ahora destruida, habían colocado minas en los alrededores de la misma y también en los de la central hidroeléctrica de la misma ciudad y alertaban sobre lo que ahora finalmente ocurrió.

La denuncia fue realizada en la ONU y señalaba que ya en ese octubre las autoridades prorrusas al mando de la represa, estaban liberando agua de la misma inundando ocho ciudades de los alrededores. Días atrás, medios televisivos internacionales y nacionales mostraron imágenes de esas inundaciones con alegatos de ciudadanos ucranianos que culpaban a las autoridades prorrusas por los inconvenientes que sufrían.

Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de haber sido los instigadores de este desastre ecológico y humanitario que representa esta destrucción de Kakhovka. La guerra de (des)información está desatada desde hace algunos meses en una escalada por la “narrativa” del conflicto, que a estas alturas parece imparable e ingobernable.

Por ende, para acercarse aunque sea un poco a la verdad de esto. conviene aportar antecedentes de hechos o elementos parecidos o similares donde la “narrativa” también intentaba encubrir los verdaderos sucesos ocurridos. Además, pero quizás aun más importante, efectuar un análisis de a quien beneficia (si se puede usar ese término en este horror) o perjudica más la explosión de la represa.

En julio de 2014, un avión de Malaysia Airlines con 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación fue derribado en la región de Shajtarsk, ciudad de la región del Donbas tomada por los combatientes prorrusos que eran apoyados de manera furtiva por la Federación Rusa. Desde EE.UU. y Países Bajos (la gran mayoría de los pasajeros eran neerlandeses) responsabilizaron a los combatientes prorrusos, señalando que había evidencias de que un misil ruso era el que había derribado al avión. Rusia y los prorrusos negaron que ellos hayan sido los que abatieron al avión y culpaban al ejercito ucranio. Pero hicieron algo más. Por largos cuatro días (del 15 al 19 de julio) los combatientes prorrusos no dejaron que ningún organismo internacional, como así tampoco familiares de los fallecidos, pudieran acercarse al lugar para iniciar las investigaciones y/o retirar los cuerpos. También en esas circunstancias, los prorrusos culpaban a Ucrania de que era ella la que no permitía iniciar las investigaciones o los deudos honrar a sus muertos.

Finalmente, se comprobó fehacientemente que el avión fue derribado por un misil del sistema ruso Buk, y medios estadounidenses solo discrepan en si dicho misil fue disparado por las fuerzas armadas rusas que operaban encubiertas en el Donbas o si lo hicieron los separatistas prorrusos. Al día de hoy, se sustancia un juicio en Países Bajos a cuatro autoridades prorrusas de la región del Donbas ucraniano tomado por las mismas, y se han presentado fuertes indicios donde se demuestra que el Presidente Putin autorizó el suministro de los sistemas de misiles Buk a los separatistas prorrusos del Donbas.

En noviembre de 2022, el tribunal neerlandés que sustancia el juicio condenó en ausencia a cadena perpetua a tres de los cuatro hombres acusados. No obstante, aun no se ha llegado a la conclusión definitiva del juicio.

Como se ve, el accionar ruso en ese hecho es muy similar al que ocurre en este trágico suceso de la destrucción de la represa de Kakhovka. Se apela a la acusación de la contraparte y se apela a la “narrativa” con la intención de enmascarar los hechos.

¿A quien perjudica más la destrucción de la represa? ¿A Rusia o a Ucrania?

Rusia alega que la destrucción le significa que el agua que suministraba Kakhovka deja de aportar un 25 por ciento de lo que recibe Crimea y que hay varios pueblos en la zona de control ruso que también han sido anegados a resultas de la voladura de la represa.

Para Ucrania por su parte, la destrucción significa que al menos 600 km2 de territorio han quedado anegados, llegando dicho anegamiento hasta la altura de cinco metros; que hay una cantidad mucho mayor de pueblos y ciudades inundados en el lado de control todavía ucraniano; que se van a perder por largos años las siembras y cosechas de alimentos en terrenos muy fértiles, lo cual, además, implica pérdida de alimentos no solo para Ucrania sino también para Europa y el resto del mundo, sobre todo para los países pobres; que habrá daños y consecuencias ambientales también por larguísimos años, además de las económicas; que existe un desplazamiento de minas antipersonales y restos de municiones diseminadas sin control por las inundaciones implicando un gravísimo peligro para los habitantes de las poblaciones anegadas; que la central nuclear de Zaporishia, localizada en territorio aun bajo control de Ucrania, pero cuya planta permanece bajo mando ruso desde febrero de 2022, podría verse muy seriamente afectada dado que las aguas de la represa que se derivaban para enfriar los reactores podrían ahora no llegar o llegar de manera insuficiente con el tremendo peligro que eso significa; que el anegamiento demora o perjudica la contraofensiva ucraniana que se esperaba se desatara en esa región de Kherson tratando de sortear el río Dnipro en camino al mar de Azov, con la intención de rodear a Crimea y entorpecer así la línea de suministros de material bélico por parte de Rusia a sus tropas en las cuatro regiones ilegalmente anexadas.

En cuanto a este último punto, debe señalarse que si antes de la voladura de la represa, el cruce del Dnipro era muy difícil, dado que el trecho del río entre las dos orillas era de aproximadamente unos 500 metros, ahora ese margen se ha ampliado por lo menos cuatro o cinco veces, por lo cual la distancia entre las dos orillas es de 2 a 3 kilómetros, tornando prácticamente imposible tratar de sortearlo sin recibir innumerable cantidad de bajas en las filas ucranias.

Como se puede apreciar, las consecuencias sobre este suceso parecen ser mucho más nefastas y perniciosas para Ucrania que para Rusia.

En otro andarivel, implica también un escalamiento las incursiones cada vez más adentradas en territorio ruso por parte de supuestas legiones de militares (o paramilitares) rusos descontentos con el régimen de Putin (el viernes 9 se conoció que hubo ataques con drones en la ciudad rusa de Voronesh, ubicada a 180 km de la frontera con Ucrania). A pesar que Ucrania lo niega, no se puede determinar a ciencia cierta si esos grupos están apoyados por los ucranianos o son “espontáneos” combatientes contra el Presidente ruso. Nuevamente aquí la duda está planteada, producto de la “guerra informativa” a la que apelan ambos bandos y que, sin lugar a dudas, lejos de decrecer irá recrudeciendo a medida que se siga desarrollando el conflicto.

La resiliencia de Ucrania ha estado probada, y con suficiencia, a lo largo de estos casi 16 meses de conflicto y es de prever que no va a decaer el ánimo de la población, a pesar de todas las desventuras ya habidas o las que puedan sobrevenir.

Ese reflejo de la inmensa mayoría de la población se trasladará de manera transitiva e inmediata a sus autoridades, lo que implicará que la lucha por la recuperación de su territorio deberá continuar sin desmayos o cavilaciones hasta el punto en que Ucrania esté realmente en condiciones de que sea aceptada su “fórmula de paz” de diez puntos.

No obstante ello, también está claro que para llegar a ese punto, Ucrania y su gente deberán recorrer un camino que seguramente no será un “lecho de rosas”, porque hasta aquí no se vislumbra tampoco en las autoridades de la Federación la intención de “desescalar” el conflicto.