Hace una década que Rosario tiene una tasa de homicidios dolosos entre tres y cuatro veces superior al promedio nacional de entre 5 y 6 por cada 100.000 habitantes. El año pasado en esa ciudad se produjeron 288 asesinatos. Y probablemente en 2023 esa cifra récord de crímenes, que en más de un 85% tiene que ver con las economías criminales, sea superada otra vez. La violencia aparece como un engranaje imprescindible del negocio de la mafia y del narcotráfico, que necesitan apelar al miedo y el terror para recaudar sumas millonarias, frente a un Estado que a nivel institucional muestra cada vez mayor precariedad.

Ante el avance del crimen organizado en Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación creó, en 2019, a través de una resolución, la Agencia de Criminalidad Organizada, con el objetivo –según señaló la fiscal regional María Laura Iribarren en su informe anual– de “investigar estructuras criminales complejas, integradas incluso por policías y funcionarios públicos”.

Los valientes fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery avanzaron en esta línea. En causas de peso, detectaron complicidades en los resortes del propio Estado. Era la única manera de que pudieran funcionar durante tanto tiempo organizaciones vinculadas al narcotráfico, como lo determinó la causa que concluyó con la condena a prisión perpetua, en junio de 2022, de Esteban Alvarado, uno de los rivales de la conocida banda Los Monos.

En la primera audiencia en ese juicio, el fiscal Schiappa Pietra delineó por dónde había transitado esa investigación: “Esteban Alvarado es el resultante de una historia que hemos tenido durante mucho tiempo en Santa Fe, en las distintas formas de manejarnos en materia político criminal. Creció al amparo de ese permiso estatal para delinquir, un permiso ilegal con altísimas relaciones, que logró un emporio económico muy significativo con un perfil criminal muy violento”, afirmó el funcionario del Ministerio Público. Ese permiso al que se refirió Schiappa Pietra fue otorgado en este caso por un sector de la policía que no solo aportaba impunidad, sino que se había convertido en “empleado” del narco, como se comprobó con David Rey, exjefe de la Policía de Investigaciones, el extitular de Inteligencia de Drogas Javier Makhat y el exsubcomisario Luis Quevertoque, entre otros.

Otra investigación encabezada por estos dos fiscales detectó una red de protección judicial y política a un “empresario” que dominaba el juego ilegal, asociado a la banda de Los Monos, tras ser extorsionado por el conocido líder de la banda, Ariel Cantero. Leonardo Peiti, quien manejaba casinos ilegales, confesó en carácter de arrepentido haber pagado al senador peronista Armando Traferri 250.000 dólares para la campaña electoral de 2019, con el objetivo de que moviera sus influencias con el gobierno para que le otorgaran la concesión de las apuestas online.

En el medio ocurrió el crimen de Enrique Encino, exgerente del Banco Nación, en el casino de Rosario, en enero de 2021. La investigación de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada ató los cabos y terminó por descubrir que el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, y su adjunto, Gustavo Ponce Asahad, cobraban sobornos para darle protección al “empresario” que manejaba las apuestas ilegales y que, al estar asociado a Los Monos, esa “concesión” se trasladaba también a la banda narco.

Estas dos investigaciones, en solo un par de años, provocaron fuerte impacto político en Santa Fe. Los fiscales enfrentaron amenazas tanto de parte de líderes criminales como de policías corruptos. El 25 de agosto pasado, en un atentado a balazos contra la Agencia de Investigación Criminal, dos sicarios dejaron un cartel con una amenaza. Nombraban al fiscal Matías Edery y advertían que iban a matar “fiscales, policías y jueces”. El nombre del funcionario de la Agencia de Criminalidad Organizada comenzó a aparecer en repetidas amenazas. La última ocurrió el 20 del mes último cuando un grupo de estudiantes del Colegio Juan Bautista Alberdi esperaba el colectivo que los iba a llevar de viaje de estudios a Córdoba. En ese ataque demencial fue herido un alumno de quinto año.

El día que se produjo este nuevo atentado en Rosario, en una audiencia contra a un sector de la banda de Los Monos dedicada a realizar extorsiones a otro capitalista de juego, los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno acusaron a Edery de haber mantenido vínculos “impropios” con una extestigo del caso Alvarado, Mariana Ortigala, que había sido detenida. Los fiscales expusieron una serie de capturas de pantalla de conversaciones en un celular, supuestamente comprometedoras. La jefa de los fiscales de Rosario, María Laura Iribarren, aclaró que Edery había entregado en 2021 un sobre con los nombres de sus informantes, entre los que se encontraba Ortigala. De esa manera, respaldó el accionar del fiscal. En Santa Fe no se legisló hasta ahora una de las herramientas que marca la ley nacional 27.319, como es la figura del informante.

El funcionario de la Agencia de Criminalidad Organizada recibió fuertes cuestionamientos por su conducta y sus pares lo denunciaron por omitir información de una supuesta delincuente. Un día después, el senador Traferri, que logró su reelección en las últimas elecciones en el departamento San Lorenzo, pidió a sus pares de la Cámara alta santafesina que le retiraran los fueros parlamentarios que lo protegían de la imputación de Edery y Schiappa Pietra. El legislador esperó casi dos años para tomar esa decisión.

Más allá de una supuesta conducta inadecuada dado su rol de fiscal, que deberá analizar la Legislatura provincial, en Santa Fe aflora una oscura debilidad institucional frente a un fenómeno como el del crimen organizado. Nunca hasta ahora el Ministerio Público había avanzado en determinar lazos y relaciones entre el narcotráfico y la política. Cuando dos valientes fiscales se adentraron por ese camino empezaron a aparecer resistencias. Lo más peligroso es lo que todas estas tramas confirman en torno del drama de Rosario: que nadie puede avanzar sobre las complicidades políticas sin rodar por el mismo lodo.