En una columna publicada en LA NACION, el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó propuso “microrreformas” a la Constitución nacional para eliminar las elecciones de medio término y propugnó la unificación de los mandatos de los diputados y senadores nacionales. Así funcionó el Congreso entre 1973 y el 24 de marzo de 1976, como resultado de las reformas sancionadas por el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse.

En la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear (1922-28), su ministro del Interior, el prestigioso constitucionalista Nicolás Matienzo, propuso una reforma constitucional en la que, además de proponer un sistema más cercano al parlamentarismo, se llevaría la renovación parlamentaria de dos a tres años, en tiempos en que el período presidencial era de seis años y no de cuatro como desde la reforma de 1994.

En momentos de una crisis inflacionaria que ha degradado la moneda con todas las consecuencias para el valor de los ingresos y el deterioro de la economía parecerá frívolo plantear estos temas institucionales. Sin embargo, la calidad institucional es la base de una economía sana. Como le dijera el estadista francés Guizot al rey Luis Felipe de Orleans al hacerse cargo del Ministerio de Hacienda “Haced buena política y os daré buenas finanzas”. Sin un rumbo político, con buenos timoneles e instituciones fuertes no serán solucionados los problemas económicos que nos afligen.

Decía Esteban Echeverría que “la raíz de todo sistema democrático es el sufragio” y complementaba Alberdi que “el derecho electoral es la primera y más fundamental de nuestras libertades”.

Hay quienes esgrimen que suprimir las elecciones de medio término y unificar los mandatos podría evitar, por cierto, que cada dos años el país esté inmerso en campañas electorales que, entre otros inconvenientes, tornan improductiva la labor legislativa. También podría darle gobernabilidad a quien asumiera la presidencia por asegurarse una mayoría parlamentaria afín, aunque la experiencia de 1973 no lo demuestre.

Sin embargo, la ausencia de elecciones intermedias y de mandatos diversos en el Senado posibilitaría concretar las ambiciones hegemónicas y autoritarias de un presidente. En la Argentina el “vamos por todo” pudo ser evitado gracias a los comicios a mitad de mandato, como lo fueron los de 2009, luego los de 2013 y 2021. Por otra parte, las experiencias en las provincias que han suprimido las elecciones intermedias demuestran, que, en la mayor parte de los casos, posibilitaron la consolidación de oligarquías clientelares.

Sostenía la Corte Suprema en 1870 (fallo c/Logroño y otros sobre infracción en elecciones nacionales) : “... es un principio de derecho político y electoral básico, que debe garantizar la Justicia Electoral, es asegurar la expresión genuina de la voluntad del pueblo a través del cuerpo electoral. Ese postulado reconoce su raíz en la soberanía del pueblo y en la forma republicana de gobierno que la Justicia debe afirmar”.

Por eso la necesidad de asegurar gobernabilidad a los ejecutivos no tiene que ir en desmedro de evitar los avances sobre las libertades y los derechos de los ciudadanos como sucede en numerosas provincias donde el enfermizo reeleccionismo y leyes electorales que perjudican la representación de las minorías han permitido colonizar el Poder Judicial y así asegurar la impunidad de los gobernantes que convierten sus gobiernos en sistemas patrimonialistas. Pruebas al canto son las provincias de Santiago del Estero, Formosa, San Luis, Catamarca, Santa Cruz y La Pampa.

Hay acciones que no requieren reformar la Constitución como es terminar con la deformación sobre la composición de la Cámara de Diputados de la Nación, impuesta por decreto ley del gobierno militar. Hoy hay provincias sobrerrepresentadas y otras subrepresentadas. Por ejemplo, Córdoba, con una población mayor a la de la ciudad de Buenos Aires, tiene seis diputados nacionales menos. Mendoza está representada por un diputado por cada 200.000 habitantes mientras que La Rioja o Catamarca cuentan con uno cada 90.000. Así se viola el principio de igual valor del voto, como lo estableció en un célebre fallo la Corte Suprema de los Estados Unidas en un caso planteado en Tennessee.

La sanción de una nueva ley de coparticipación federal que promueve la reforma constitucional de 1994 es una asignatura pendiente. La Convención reformadora incurrió en un error conceptual al establecer que aquella requiere la conformidad de la totalidad de las provincias, ya que la Argentina es una república federal con un Congreso con un Senado, donde se establece la paridad de representación sin diferencias demográficas ni económicas. Si una ley requiere la conformidad de las provincias por sobre lo votado en el Congreso, estaremos transformando a la Argentina en una Confederación de Estados, como lo era de hecho antes de la sanción de la Constitución nacional, en 1853.

Los recientes conflictos suscitados en San Juan y Tucumán con la interpretación de las constituciones provinciales acerca de las restricciones para nuevas reelecciones, habida cuenta de que en varias provincias está permitida la reelección indefinida, hacen evaluar la necesidad de establecer en la Constitución nacional una cláusula que establezca el límite a las reelecciones y la cláusula antinepotismo, que la provincia de Mendoza aprobó en su Constitución en 1895 y que establece impedimentos para que el gobernador sea sucedido de inmediato por un familiar sanguíneo en primer grado o su cónyuge. La provincia de San Luis estableció esa restricción en 1904, pero fue derogada durante el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá para facilitar la elección de su hermano Alberto.

Sin duda, se pueden contemplar reformas para mejorar el sistema. Pero hoy el sistema republicano que sabiamente nos legaron nuestros constituyentes de 1853 está siendo atacado tanto por sectores del kirchnerismo que cuestionan la división de poderes y el control constitucional de los actos de gobierno como por nuevos dirigentes que, con propuestas demagógicas, exhiben actitudes autoritarias, aprovechando el descontento creciente ante el deterioro económico y social junto con la corrupción impúdica del régimen imperante. Frente a esa situación, más que nunca, los argentinos debemos defender los principios y valores de nuestra Constitución nacional.