En las vísperas del Día del Periodista, el Presidente tuvo un par de expresiones desafortunadas. “Siempre digo que en toda la democracia no hubo la libertad de prensa que existe hoy en la Argentina”, se ufanó. Y agregó que “hay un abuso desmedido de la libertad de prensa”.

La libertad de expresión se amplía, mal que les pese a algunos gobiernos, por la profundización del sistema democrático en cuarenta años de vigencia ininterrumpida y por los avances tecnológicos que favorecen las posibilidades de ejercerla. No regula la libertad de expresión Alberto Fernández, pero sus periódicas bravatas, por cierto, tienden a desmerecerla y a ponerla en peligro.

Para colmo, lo expresa malamente: hay una redundancia innecesaria en “abuso desmedido” (¿o puede haber abusos medidos?). Hay libertad de prensa o no la hay. Si solo se autoriza “un poco” de libertad de prensa significa que no es plena.

La Constitución nacional, en sus artículos 14 y 32, garantiza la libertad de expresión sin cortapisas. Si a través de su ejercicio se comete algún tipo de delito, siempre y cuando esté convenientemente tipificado en el Código Penal, le cabrá la sanción correspondiente. Por fuera de esto, no hay nada.

Si lo que el Presidente desea es aludir a una cuestión de alto voltaje persistente y peyorativo en medios de comunicación audiovisuales y redes sociales hacia el Gobierno (aunque también se constatan maneras degradantes de referirse a la oposición) primero es desde arriba que se da el ejemplo, bajando varios cambios y dejando de lado la comunicación agresiva y, si eso no fuera suficiente, propiciando mesas de diálogo de buena voluntad y sin amenazas en busca de solucionar tal anomalía entre las partes intervinientes.

Pero Alberto Fernández está muy lejos de eso. En la misma reunión rozó la difamación, sin hacer nombres, al aventurar que sus críticos cuentan con fortunas mal habidas. “Esperemos que alguna vez esos periodistas muestren sus bienes y nos expliquen cómo siendo locutores de un programa tienen semejantes departamentos”, expresó en un pedido retórico, sin destinatario concreto, con el solo fin de exacerbar a su tribuna. ¿No es ese, tal vez, un “discurso del odio”, para usar la terminología que suele utilizar el oficialismo con sus detractores?

¿Quién/es deberían mostrar qué y dónde? Como funcionario público, el primer mandatario tiene el deber de hacer la denuncia correspondiente si le consta algún enriquecimiento ilícito. De lo contrario, es una chicana de corto alcance, solo para arrancar aplausos de sus seguidores.

“Tengo la tranquilidad –prosiguió– de que nunca perseguí a un periodista, nunca llamé a un diario para decir ‘bajen una nota’ o ‘pongan una nota’. Nunca. Así me va”.

En este caso, resulta penoso consignar que el primer mandatario miente. En 2020, Viviana Canosa contó profusamente que había recibido mensajes intimidatorios del Presidente que la pusieron al borde de un ataque de pánico. No hace falta recordar la intensa actividad del jefe del Estado en las redes sociales, en las primeras épocas de su gestión, enmendando la plana de distintos comunicadores. Y hasta el día de hoy, también en sus discursos, que la Sociedad Interamericana de Prensa acaba de catalogar como “estigmatizantes”.

Es bastante frecuente que sus funcionarios más estrechos se comuniquen con importantes medios para frenar notas que no son de su agrado. Y, en ciertos casos, cuando esa gestión reservada no rinde los frutos esperados, puede llegar a aplicarse como castigo un levantamiento temporal de la pauta oficial. Es algo que también ha sucedido cuando el tratamiento de algún tema no fue del agrado de la vicepresidenta de la Nación. Hasta referencias incómodas, pero bien documentadas, hacia la primera dama han sido vengadas con la suspensión de la publicidad del Estado.

Al utilizar la cadena nacional para ventilar el espionaje a chats privados entre magistrados, funcionarios y empresarios de medios, Alberto Fernández exhibió un grado de nocividad aún mayor que las sugerencias sotto voce para que se levante tal o cual artículo. Para qué hablar de las monsergas semanales de la portavoz, Gabriela Cerruti, o de la prédica insidiosa contra el periodismo no estatal por parte de los medios públicos.

El Día del Periodista, Fernández plantó a los cronistas acreditados en Casa de Gobierno y difirió el brindis previsto para varias horas más tarde con la excusa de que tenía una reunión impostergable con Sergio Massa. Un maltrato menor.

“Confiamos –parece escupir para arriba el titular del Poder Ejecutivo– en que la ciudadanía descubra quién es el periodista corrupto que recibe plata para decir lo que dice”.

En la arbitraria distribución de la pauta oficial hay algunos indicios al respecto.