El Gobierno volvió a negarle a la Corte Suprema los fondos que le había pedido para disponer aumentos de sueldos para todos los integrantes del Poder Judicial.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, les contestó a los jueces, por carta, que recomponer los salarios es una “cuestión que corresponde sea atendida” y que hará las modificaciones presupuestarias necesarias, pero que la Corte deberá recurrir a sus propios fondos. Es la segunda vez en menos de un mes que Rossi les dice a los jueces supremos que usen su fondo anticíclico.

Esta nueva respuesta se da en un momento de extrema tensión entre el Gobierno y las máximas autoridades judiciales. Ayer, el presidente Alberto Fernández volvió a criticar a la Corte: cuestionó el fallo que inhabilitó al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, para pelear por una nueva reelección y dijo que esa sentencia rompía el federalismo.

Rossi relata en su carta que la Corte pidió la reasignación para disponer un nueve por ciento de incremento salarial a partir del 1° de abril de 2023, un nueve por ciento a partir del 1° de mayo y otro nueve por ciento a partir del 1° de junio, para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación.

“Tal como le manifestara en mi nota de fecha 18 de mayo pasado dando respuesta a su requerimiento -responde Rossi-, la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante, ha requerido, en primer lugar, que cada Jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles, los que para el Poder Judicial señalara.”

Rossi sostuvo que ese es el criterio que debe primar en “un marco de responsabilidad”.

El jefe de Gabinete contestó: “Respecto a vuestra solicitud de incremento presupuestario, se realizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para atender las necesidades de carácter general en Gastos en Personal de la Administración Pública Nacional, donde se considerarán los faltantes presupuestarios que presente el Poder Judicial de la Nación en el ejercicio 2023. Así las cosas, tal como se menciona en el segundo párrafo, el incremento salarial tendrá que ser atendido también con recursos propios disponibles, cuestión que deberá contemplarse en el pedido de modificación presupuestaria”.

Una vez más, la Corte Suprema se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias. Ha dictado una sentencia sin que previamente opinara el más alto tribunal de San Juan, atribuyéndose una competencia originaria a partir de una interpretación forzada e ilegítima.

Esta semana, la Junta de presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina, que reúne a camaristas de todo el país, respaldó a la Corte en esta pelea con el Gobierno por las partidas. Sostuvo que no se trata de pedir plata, sino de exigir el cumplimiento de la ley de autarquía financiera y que negar los fondos implica “atentar contra la independencia judicial”. Dijo: ”La independencia del Poder Judicial no puede quedar sujeta a diferentes grados de autonomía presupuestaria, ni pueden permitirse interferencias –de cualquier índole- que desde los otros poderes estatales se ejerzan sobre su normal funcionamiento”.