El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el decreto que dispuso la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones. Ello a pesar de haber proclamado su “total, evidente e incuestionable” inocencia al defenderse ante el Congreso en el inicio del juicio político impulsado por la oposición.

El Congreso requería 92 de los 137 votos para que el mandatario ecuatoriano cesara en su cargo y todo parecía indicar que, de acuerdo a los resultados de la votación para las elecciones de las autoridades del Legislativo, realizadas hace unos meses, la oposición contaría con los votos para destituirlo.

Lasso utilizó el recurso constitucional conocido popularmente como “muerte cruzada” según el cual el presidente podrá invocarlo cuando, a su juicio, la Asamblea Nacional se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente o si de forma reiterada e injustificada obstruyese la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Esa última razón fue la invocada por el presidente Lasso, quien ha enfrentado ya tres intentos de destitución.

Con la decisión de disolver el Congreso y convocar a elecciones anticipadas los legisladores deberán abandonar sus bancas y el mandatario ecuatoriano gobernar bajo decretos ley que deberán pasar por el control de la Corte Constitucional, hasta que se realicen los nuevos comicios que fueron convocados por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 20 de agosto. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, indicó que no será candidato en dichas elecciones.

Ocho boletas electorales, binomios los llaman en Ecuador, competirán en la primera vuelta presidencial si logran superar los últimos trámites en el proceso exprés provocado por la “muerte cruzada” decretada Lasso.

En medio de estas turbulencias políticas, Ecuador sufre una violenta ola de delincuencia. El gobierno sostiene que la violencia es producto de los enfrentamientos entre bandas criminales ligadas al narcotráfico, que han convertido a las cárceles en centros de operaciones y campo de batalla entre facciones.

Hace pocos días el fiscal Leonardo Palacios fue asesinado por pistoleros en Durán, una de las ciudades más violentas del país, y en la misma jornada la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, enfrentada con el correísmo, recibió amenazas de muertes.

Según un informe de la encuestadora Gallup, que ubica a Ecuador como el país más inseguro de Latinoamérica, un porcentaje abrumador del 64 % de ecuatorianos dice sentirse inseguros en su país. La encuesta, realizada a finales de 2022, indicó que a la par del clima de inseguridad, los ecuatorianos también perdieron la confianza en la policía y en el sistema de justicia.

El presidente Lasso enfrenta además grandes desafíos como el de lidiar con la permanente oposición que le presentan los seguidores del dictador Rafael Correa. El expresidente, condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción y asilado en Bélgica, aseguró que es la gran oportunidad para librarse de Lasso y de su gobierno y así recuperar la patria.

El movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el exmandatario, escogió a la exlegisladora Luisa González como candidata a la presidencia, en binomio con Andrés Arauz, que había perdido frente a Lasso en 2021. ¡Hasta la victoria siempre!”, tuiteó Correa desde su exilio.

El aumento de la violencia ligada al narcotráfico, el descontento popular por el costo de vida, la polarización, la amenaza de protestas sociales y la posible vuelta al populismo crean un clima de inestabilidad que amenaza seriamente a la democracia ecuatoriana. Las próximas elecciones deberían ser una oportunidad para que los ecuatorianos tratar de enderezar el rumbo y salir de la asfixia que padecen.