La American Civil Liberties Union (ACLU), un grupo que representa a varios ciudadanos chinos que viven y trabajan en Florida, demandó al estado por una ley promovida por el gobernador Ron DeSantis, que les prohíbe comprar propiedades. Desde su perspectiva, la medida, que entrará en vigor el 1 de julio, es inconstitucional y discriminatoria. Según la impugnación presentada el lunes en el tribunal federal de Tallahassee, esta ley afectaría a los chino-americanos y también a personas con ascendencia asiática.

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La demanda tuvo lugar mientras Estados Unidos y China mantienen una relación cada vez más tensa. Además, es una de las medidas impulsadas por el gobernador de Florida previo al lanzamiento de su campaña para la presidencia de EE.UU., que se prevé anuncie este miércoles. Los defensores de la ley han argumentado que protegerá la seguridad nacional de ese país. No obstante, la ACLU alega que viola las garantías de igualdad, de protección y del debido proceso de la Constitución, al prohibir la propiedad de tierras por motivos de “raza, etnia, color y origen nacional”.

Ashley Gorski, abogada sénior de la ACLU, expresó en un comunicado: “Todos en Estados Unidos tienen derecho a igual protección bajo nuestras leyes, incluidos los ciudadanos de otros países”. La organización presentó la demanda en nombre de cuatro ciudadanos chinos, al asegurar que la legislación “los estigmatiza a ellos y a sus comunidades, mientras arroja una nube de sospecha sobre cualquier persona de ascendencia china que pretenda comprar una propiedad en Florida”.

La medida indica que los ciudadanos “no estadounidenses”, cuyo domicilio sea China, tienen prohibido comprar propiedades en Florida. Una norma similar se aplicará a aquellos que vivan permanentemente en Cuba, Venezuela y otras naciones. Se harán excepciones para personas con visados no turísticos o asilados. Sin embargo, se restringirán las zonas cercanas a una “instalación de infraestructuras críticas”, como aeropuertos, zonas militares, puertos espaciales, centrales eléctricas, entre otras. Aquellos que estén dentro de estos lineamientos y que hayan adquirido sus propiedades antes del 1 de julio deberán registrarse ante el estado, en tanto que los infractores enfrentarán cargos penales.

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DeSantis, que podría ser el principal competidor de Trump en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales, ha defendido su ley y dos proyectos similares que tienen el objetivo de restringir la injerencia del país asiático en la educación y datos. “Estoy orgulloso de firmar esta legislación para detener la compra de nuestras tierras agrícolas y cerca de nuestras bases militares e infraestructuras críticas por parte de agentes chinos”, dijo el republicano al promulgar la medida SB 264.

En una conferencia de prensa del 8 de mayo, alegó que formaba parte de un esfuerzo por “frenar la influencia del Partido Comunista Chino”.

Por su parte, la ACLU acusó que DeSantis no ha dado respaldo de sus declaraciones: “El gobernador no presentó ninguna prueba de que los compradores chinos de propiedades en Florida sean agentes del Partido Comunista Chino o hayan causado daños a la seguridad nacional. De hecho, el estado de Florida no ha identificado ningún nexo entre la propiedad de bienes raíces por parte de ciudadanos chinos en general y el supuesto daño a la seguridad nacional”.