Ellos definen qué se puede decir y qué no. Qué es estigmatizante y qué no. Qué es discriminatorio y qué no. Señalan sin dudar a los cultores del discurso del odio, siempre los mismos: la Justicia, los medios, la oposición. Ellos, nunca. Ellos solo enhebran discursos de amor. Son los que determinan lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto y mucho ojito con cruzase de la raya. Los cazadores de brujas, a menudo con el auxilio de involuntarios aliados, siempre están al acecho revolviendo la basura.

Mucho ojito, digo, porque quien ose cruzar la raya de lo correcto y lo incorrecto, solo delimitada por los policías del pensamiento K, va derechito a la hoguera mediática.

Apenas la Stasi de la palabra detecta la “transgresión”, suelta a los perros mediáticos, rentados o voluntarios. Entonces es cuando se activan los trolls, la red de medios K, miles de organizaciones cooptadas por dinero o convicción, intelectuales, abogados que malversan el derecho o asociaciones de psicólogos que han llegado a afirmar que el fallo que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad “daña” la salud mental de los argentinos.

En 20 años de centralidad y cooptación económica y mental, la lista de adhesiones es infinita. Difícil, muy difícil, para un eventual gobierno de otro signo enfrentarse a este nuevo método “progre” de disciplinamiento social. Una suerte de Vigilar y castigar K. A Michael Foucault le hubiera encantado estudiarlo.

Sommeliers de la violencia simbólica y mediática, después de 20 años de centralidad, este patrullaje de lo políticamente correcto ha ganado la batalla cultural. Y la han ganado, entre otras cosas, porque gran parte del antikirchnerismo les tiene terror. Terror de ser expuestos con algún carpetazo inventado o verdadero, escrachados en su reputación, denunciados en los tribunales. El terror los lleva al silencio y finalmente a la autocensura. Así funciona el circuito que controlan.

Si, como afirma Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones sobre los hechos, ellos son los indudables dueños de la interpretación. Una traducción eficaz, que logran instalar con éxito entre propios y ajenos, y que siempre es a su favor, lacerando –eso sí– la reputación de la disidencia. Porque, a no confundirse: este aparato de poder siempre está al servicio de acallar o deslegitimar las críticas.

Exploremos brevemente esta idea de que una fuerza política se haya adueñado de la interpretación de lo que sucede en el debate público. El método consiste en insertarle una intención (malvada, desde ya) a quien critica o analiza. Es como si el crítico –periodista, político, intelectual, juez– ya viniera con una suerte de etiquetado frontal, como ocurre con los alimentos.

Este etiquetado, controlado por la Stasi K, transformará toda crítica honesta, análisis o descripción en discriminación, golpismo, “neoliberalismo”, violencia de género, violencia simbólica, violencia mediática y toda una serie de perversiones, siempre atribuidas al disenso. Ese “etiquetado frontal” sobre el opositor intoxicará su palabra y le restará valor haciéndola aparecer ridícula, inapropiada, excesiva o disparatada, incluso entre muchos de su propia tropa.

Si, por ejemplo, Juan Grabois confiesa públicamente sus fantasías “tanáticas” y anticipa que, si la oposición triunfa en octubre, “la vamos a pelear y en un año y medio se van en helicóptero”, eso no es golpismo. Golpista es la Corte que, mediante una medida cautelar, le puso un freno a la reelección indefinida de caudillos que se han adueñado de sus feudos.

Cuando durante el gobierno de Cambiemos la actriz K Verónica Llinás se burlaba abiertamente de la discapacidad de Gabriela Michetti (como tantas veces lo ha hecho en privado la propia Cristina Kirchner), eso no fue discriminación. Eso es libertad de expresión. Tampoco es violencia de género ni discurso de odio cuando los militantes K atacaban en las redes el cuerpo de María Eugenia Vidal o el inefable Luis D’Elía proponía “fusilar a Macri” en la Plaza de Mayo. Eso es libertad de opinión. Lo que, indudablemente, sí es violencia machista y simbólica es la reciente columna de Roberto García en Perfil, en la que describe la pelea entre dos mujeres y la furia de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, por haberse quedado afuera de una cena organizada por Lula.

Vilma Ibarra, una de las sommeliers de la violencia de género, emite tuits de indignación selectiva en la red del pajarito. Condenó la “violencia machista” de García, pero se quedó calladita cuando a Graciela Ocaña la llamaron “cucaracha” o Hebe de Bonafini proponía probar las pistolas Taser sobre el cuerpo de Antonia, la hija menor de Mauricio Macri.

Nadie salió a rasgarse las vestiduras cuando Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó, tildó de “masturbador compulsivo” a Milei. Tampoco cuando el intendente Mario Secco amenazó a la Corte con hacer “volar todo en pedacitos” si quieren “hacer lo mismo que con Lula”. Eso no es golpismo. Golpismo es que Luis Juez afirme que, en 40 años de democracia, la dirigencia política no logró resolverle los problemas a la gente.

Se trata de un ejercicio de censura y autocensura muy sofisticado, incluso inconsciente, pero extremadamente eficaz. Está extraído del manual de Hugo Chávez, que se lo enseñó a Cristina. Primero, la reforma de la Corte; luego, la reforma electoral, y por último, una ley de medios que amordace al hereje. Todo lo intentaron. “Sucesivos intentos fallidos de imponer un proyecto hegemónico”, como definió el politólogo Natalio Botana. Fracasaron, entre otras cosas, por la existencia de medios económicamente robustos que resistieron; de una clase media que no los dejó avanzar y por el rol del agro como motor de la generación de divisas. Por estos anticuerpos, entre otros, hoy no somos Venezuela.

Salvo algunos gladiadores o gladiadoras excepcionales, casi no hay batalla cultural del otro lado, como no la hubo durante el gobierno de Cambiemos. Frente a las amenazas abiertamente golpistas de varios dirigentes de la coalición perokirchnerista, la oposición de Juntos por el Cambio permaneció penosamente callada.

Una de esas gladiadoras silenciosas es la dirigente radical Silvana Giudici, directora de la Fundación Led, dedicada a la defensa de la libertad de expresión: la máxima colina a conquistar de todos los autoritarismos. La Fundación Led viene denunciando estos mecanismos de censura ante la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y otros organismos internacionales.

“Hay varios fallos de la Corte Suprema y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que protegen la opinión de los periodistas, en el marco de la libertad de expresión, cuando son vertidas sobre funcionarios públicos, aun en sus vidas privadas y la de sus familias”, recuerda Giudici.

Es que el derecho a la intimidad, uno de los límites a la libertad de expresión, es mucho más acotado en el caso de un funcionario público, necesariamente sometido a un escrutinio público más amplio que el resto de los ciudadanos. El privilegio de ser elegido para un cargo público conlleva el derecho de los ciudadanos –que lo emplean– a saber sobre su vida pública y privada.

En los noventa, la Editorial Perfil fue condenada por la Justicia argentina cuando reveló la existencia de un hijo extramatrimonial del entonces presidente Carlos Menem. La defensa alegó una violación del derecho a la intimidad. El caso fue llevado a la CIDH, donde fue revertido. La violación del derecho a la intimidad, afirmó la CIDH, no aplica en el caso de un presidente y su familia. El personaje público no se puede escindir del personaje privado, en el caso de nuestros gobernantes. Así de fuerte es la democracia liberal, un sistema de frenos y contrapesos, tan molesto y tan “antiguo” para esos autoritarios que hacen la mímica de ser “progres”.