Según nuestra ley civil los inmuebles que se alquilen amueblados, con fines turísticos o similares, por menos de tres meses, están exceptuados de los plazos mínimos de la locación, hoy de tres años. Estos son utilizados generalmente por extranjeros y turistas y se contratan habitualmente en dólares.

Hay quienes hoy pretenden regular estos alquileres temporarios llamados Airbnb, creando registros de locadores, impidiendo la contratación en dólares y fijando sanciones para casos de incumplimiento.

El pretendido argumento para justificar esta desafortunada iniciativa es que compiten con los alquileres de largo plazo y elevan los precios de las locaciones. Comparar al turista extranjero que alquila un departamento por unos pocos días con la enorme cantidad de personas que integran el mercado de locaciones urbanas es otro auténtico disparate. Es francamente paradójico que cuando diversos proyectos de candidatos a regir los destinos del país proponen el dólar como moneda única o el bimonetarismo, se proponga desdolarizar estos alquileres turísticos, que precisamente incorporan dólares al país. Resulta también absurdo que se trate de generar una nueva regulación, con un nuevo registro, para impedir los alquileres turísticos de corto plazo. Medidas de este tipo violentan el derecho de propiedad.

Similares iniciativas en ciudades extranjeras, que solo admitirían la modalidad bread & breakfast (alquilar cuartos en la propia casa) hace sospechar que otros intereses mueven esta innecesaria regulación. El alquiler temporario con fines turísticos suele ser más económico que las tarifas hoteleras, también en dólares, y tal vez sea esta una de las razones de tan extraño intento de regulación.

Los legisladores deberían concentrarse en derogar la actual ley de alquileres, para que el mercado de locaciones vuelva a fluir libremente. Los temporarios no tienen ninguna relación con el mercado locativo en el que inciden ínfimamente. La meta deseable es la desregulación, la libertad de contratación y el respeto a la propiedad, con la mínima intervención del Estado.