El Jurado de Enjuiciamiento que juzgó al juez Sebastián Andrés Villegas lo destituyó por unanimidad, y de este modo fue respaldada la acusación que impulsó el Ministerio Público Fiscal a través del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

La decisión fue tomada ayer por el jurado, integrado por el presidente del cuerpo y del Tribunal Superior de Justicia, Evaldo Darío Moya; los vocales Germán Busamia y Alfredo Elosú Larumbe; la diputada María Laura du Plessis y el diputado Sergio Fernández Novoa; y los abogados Simón Julio César Hadad y Nicolás Lupetrone.

La resolución por mayoría fue la de “tener por acreditados los cargos que dieron origen a la acusación con salvedad del primer hecho” y, por unanimidad, “tener por configurada la causal de mal desempeño y, en consecuencia, disponer su inmediata remoción del cargo de Juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y Minería de la localidad de Rincón de los Sauces”. Además, por unanimidad, las costas del proceso fueron impuestas al magistrado destituido.

El pasado 26 de abril, el fiscal jefe Pablo Vignaroli había solicitado a los y la integrantes del Jurado de Enjuiciamiento que lo destituyeran por haber cometido acoso y persecución laboral en perjuicio de una mujer, funcionaria judicial, que trabajaba en el juzgado a su cargo. El fiscal jefe, quien estuvo acompañado durante el juzgamiento por las funcionarias del Ministerio Público Fiscal, Soledad Melken y Cecilia López Haelterman, consideró que durante el proceso las pruebas y testimonios que se produjeron acreditaron la versión de la víctima, y que las conductas fueron en un contexto de violencia de género.

Según la acusación presentada por Vignaroli, el hostigamiento inició en 2017, cuando la funcionaria ingresó a trabajar en el juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Rincón de los Sauces. Luego, esa conducta derivó en persecución laboral, en el marco de una relación asimétrica de poder.

El gremio judicial Sejun intervino bajo la figura del Amicus Curiae en el proceso, que se desarrolló en la Legislatura provincial.

La defensa del magistrado había requerido la absolución.