En cada elección, no hay político que ahorre definirla como “la fiesta de la democracia”, lugar común que se repite en todo el mundo. Pero claro que oírla no cae igual en lugares donde se la democracia se celebra que en otros en donde se padece.

Para ser una fiesta debería convocar con alegría a la ciudadanía y no ser de esas a las que se va, sin ganas, por compromiso. En la Argentina es obligatorio, como pasa con la mayoría de los derechos que el legislador entiende que para consagrarlos hay hacerlos compulsivos. Con el decepcionante resultado de que los derechos esenciales son cada vez menos universales. La educación es obligatoria, como la vacunación, pero cada vez alcanzan menos personas.

Un Estado que se arroga el rol de padre, madre, tutor o encargado, obliga a estudiar y a votar, con el argumento de que “No es para el mal de ninguno sino para el bien de todos” como reza Martín Fierro, obra también obligatoria de la cultura nacional. El colmo de convertir derechos en obligaciones es que ejercerlos se haya vuelto tan difícil como cumplirlos

Un Estado que se arroga el rol de padre, madre, tutor o encargado, obliga a estudiar y a votar, con el argumento de que “No es para el mal de ninguno sino para el bien de todos” como reza Martín Fierro, obra también obligatoria de la cultura nacional. El colmo de convertir derechos en obligaciones es que ejercerlos se haya vuelto tan difícil como cumplirlos.

La educación excluye cada vez a más estudiantes porque las leyes habilitan a contratar docentes o a construir predios de nuevas universidades, pero no garantizan que millones de chicos tengan ya no una computadora, sino una mesa para poder estudiar. De la misma manera el gasto estatal en salud dice nada de la imposibilidad de tantas familias a conseguir un turno o a viajar para concretarlo. No es sorpresa que en los últimos diecinueve meses el 27% de las leyes sancionadas fueron para crear o agrandar organismos públicos según un relevamiento de @DequesetrataARG.

Se entiende por qué los que invitan hablan de fiesta de la democracia sin preguntar qué piensan los invitados. En un país gigante, en un mundo global, solo pueden concurrir a votar de manera presencial eligiendo entre toneladas de papeletas con rostros impresos a todo color para recordar quién se beneficia de semejante fiesta.

Las elecciones españolas se adelantaron con premura después de un resultado adverso al gobierno en los comicios locales. El 23 de julio es equivalente al enero austral, este año cae con una ola de calor de temperaturas récord. El voto es opcional, pero 2,6 millones de personas eligieron ejercer ese derecho por correo, casi el doble de la última elección.

El voto por correo funciona desde 1985 como alternativa para que quienes no estén en su domicilio o no puedan apersonarse a la mesa puedan votar. Es decir, las causales que justifican no votar en el sistema obligatorio argentino. La población de España es similar a la de la Argentina, aunque en un territorio que es menos de la quinta parte.

La posibilidad de que más gente se sumara a “la fiesta de la democracia” por correo se habilitó en la Argentina para los ciudadanos en el extranjero en 2019 y se suspendió en 2021. Nunca se evaluó siquiera como una opción para quien, estando en el país, no pueda acercarse a votar. La paradoja es que la participación de votantes en España en las elecciones generales superó varias veces el setenta por ciento. Ese porcentaje de participación en las urnas es similar al de las presidenciales argentinas de 2011 y 2015.

El problema en la Argentina es que se dinamitó la eficacia de las instituciones que podrían facilitar el cumplimiento de la obligación de votar. Cada vez hay más Estado, más empleados, más representantes que inauguran edificios que no garantizan derechos del conjunto sino los privilegios de unos pocos. Pero la democracia argentina celebra sus cuarenta años obligando a votar a partidos en los que nadie cree, en elecciones que se desdoblan y multiplican hasta el hartazgo social. Que en lo que va del año no consiguieron superar el porcentaje de asistencia de un país en el que votar es un derecho por el que se puede optar.