SANTA FE.- Otra instancia complica la definición de la causa que involucra a la agroexportadora Vicentin. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de esta provincia resolvió abrir una investigación al juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, a instancias de una denuncia por presuntas irregularidades presentada por el abogado de un acreedor, según confirmaron hoy fuentes judiciales.

En un fallo dividido, que desempató el presidente de la Corte, Daniel Erbetta, el máximo tribunal habilitó la investigación y designó como instructor al fiscal de Cámara de esta capital, Miguel Ángel Molinari.

De acuerdo con lo resuelto, la investigación buscará determinar la veracidad de una denuncia por presuntas irregularidades presentada por el abogado Gustavo Feldman, representante de Commodities SA., una de las firmas afectadas por la cesación de pagos decretada por Vicentin.

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La resolución surgió en momentos que el juez Lorenzini reunía elementos para elaborar la resolución pendiente sobre si avanza con la propuesta de pago que presentó la exportadora meses atrás.

“Es necesario esclarecer acabadamente las presuntas irregularidades planteadas en la denuncia” con el propósito de determinar “las eventuales responsabilidades que en el ámbito administrativo pudieran derivarse de las mismas”, señaló la decisión del máximo tribunal.

Conocida la resolución, fuentes judiciales explicaron que el fiscal Molinari tiene un plazo de 30 días para iniciar el proceso investigativo y que esta situación no interrumpe el trámite del concurso preventivo de acreedores de Vicentin.

Debe recordarse que no es la primera presentación que realiza el abogado Feldman objetando el desenvolvimiento de Lorenzini. En agosto de 2022, la firma Commodities también hizo una presentación contra el juez y la Corte intervino.

En aquel momento, Guillermo Casanova, como apoderado de Commodities SA -acreedora de la concursada- y Gustavo Feldman, denunciaron a Lorenzini por “ignorancia manifiesta del Derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada; incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas y hasta por inhabilidad física o mental permanente que obste al ejercicio adecuado del cargo”.

Pero el máximo tribunal santafesino no abrió juicio político (esa decisión está pendiente) ni dispuso un sumario. En cambio encomendó una investigación administrativa.

El grupo Vicentin entró en cesación de pagos a fines de 2019, realizó el año pasado una propuesta de pago de su pasivo con la mayoría de número de acreedores y de capital que exige la Ley de Quiebras y Concursos.

A principios de este mes, Lorenzini postergó una definición sobre el concurso hasta el 31 de julio y designó a dos consultoras para que realice una evaluación del patrimonio de la firma y un estudio para determinar si la cotización que presentó Vicentin de sus activos es correcta.