La Corte Penal Internacional ha recibido gravísimas denuncias contra el régimen dictatorial que impera en la República Bolivariana de Venezuela por crímenes de lesa humanidad, que incluyen ejecuciones, desapariciones, torturas, violaciones sexuales, persecuciones y detenciones forzosas por motivos políticos. La Venezuela de Nicolás Maduro ostenta el triste privilegio de ocupar los primeros lugares en materia de corrupción en el mundo, al tiempo que la ausencia de libertades la catapultan como uno de los peores lugares del planeta. Los derechos humanos son violados sistemáticamente, la crisis sanitaria y humanitaria parece no tener fin y el narcotráfico está a la orden del día.

Pese a eso, los presidentes de Brasil y la Argentina expresaron un apoyo a Maduro que solo puede llenar de indignación a quienes defienden los principios democráticos y la libertad.

El presidente Lula da Silva recibió con honores de Estado a Maduro, quien visitó Brasilia por primera vez desde 2015, cuando aún gobernaba Dilma Rousseff y tras años de roces bajo la gestión de Jair Bolsonaro. La llegada de Maduro a Brasil se dio en el marco de la cumbre de gobernantes de América del Sur, una iniciativa de Lula para reforzar una devaluada integración que revalorice el rol de la región en el tablero internacional, todo un desafío en momentos en que varios países afrontan conflictos políticos, crisis económicas y tensos vínculos bilaterales.

Lula retomó los lazos diplomáticos con el régimen de Maduro y desestimó las acusaciones de dictadura en ese país. “Maduro sabe la narrativa que construyeron contra Venezuela durante tanto tiempo”, dijo el mandatario brasileño.

Durante el mismo encuentro, Alberto Fernández se reunió con Maduro “para seguir avanzando en la construcción de una América Latina unida que defienda los procesos democráticos, los derechos humanos y la libertad de los pueblos”, según la explicación del propio mandatario argentino. Nada que pueda sorprender en la errática política exterior del gobierno nacional, aunque sí llama la atención que no haya habido en la comunicación presidencial ni una sola referencia a las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades venezolanas. Especialmente, cuando el propio Alberto Fernández, se refería en 2017 en duros términos a ese país: “Nadie que se sienta progresista puede apoyar ese modelo decadente que tiene 140 muertos sobre sus espaldas”, escribió por entonces.

Cabe preguntarse por qué tantos aspectos de la realidad quedaron fuera del análisis para que los padecimientos políticos, económicos y sociales que sufre el pueblo de Venezuela puedan minimizarse calificándolos de “narrativas”, como hizo Lula. O cómo pueden defenderse los procesos democráticos, los derechos humanos y la libertad de los pueblos, como pretendería el mandatario argentino, sin la más mínima crítica a un régimen que se burla de todos esos principios.

Afortunadamente, otros presidentes de América Latina, como el chileno Gabriel Boric y el uruguayo Luis Lacalle se ocuparon de poner los puntos sobre las íes, al dar cuenta de su malestar por el respaldo político que Lula, con el acompañamiento del presidente argentino, le dio al gobierno de Maduro. Boric le replicó a Lula, al expresar que la grave situación de Venezuela “no es una construcción narrativa”, sino “una realidad seria”. Lacalle afirmó que “si hay tantos grupos en el mundo tratando de negociar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos y para que no haya presos políticos, no podemos tapar el sol con un dedo”.

Solo una mirada sesgada y de conveniencia puede sostener lo manifestado por el presidente brasileño, con la venia de su par argentino.

Los atentados contra los medios de comunicación independientes y el contralor de todos los canales de televisión estatales y privados que se han acomodado a las órdenes que llegan desde el Palacio de Miraflores son un ejemplo contundente de la censura y la falta absoluta de libertad de prensa en la República Bolivariana.

Los continuos esfuerzos de las autoridades ejecutivas y judiciales dirigidos a socavar el funcionamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela y usurpar sus poderes se materializaron en un cuestionado proceso electoral que posibilitó la conformación del órgano legislativo con una mayoría oficialista.

La persecución del régimen de Maduro a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a brindar asistencia humanitaria a una población que atraviesa la peor crisis de su historia no cesa. No menos preocupantes resultan las conclusiones del Informe Anual de Violencia, elaborado por el Observatorio Venezolano de Violencia, que señala el elevadísimo nivel de violencia en el país.

Desconocer estas realidades y reducirlas a simples narrativas constituye un pésimo comienzo para el mandato de Lula, que pretende recrear la Unión de las Naciones Sudamericanas (Unasur), acompañado por Alberto Fernández. Debería, ante todo, descartar cualquier intento de teñir su accionar con visiones ideológicas, totalmente ajenas al objetivo para el que fue creada.