Vecinos de Villa Mascardi exigen anular el acuerdo que cedió tierras y extingue acciones penales contra mapuches
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Asociación Vecinal Lago Mascardi presentó hoy ante la Administración de Parques Nacionales (APN) un pedido de nulidad respecto del acuerdo por el que el Estado recon...
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Asociación Vecinal Lago Mascardi presentó hoy ante la Administración de Parques Nacionales (APN) un pedido de nulidad respecto del acuerdo por el que el Estado reconoció el “rewe” como sitio sagrado de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y dio paso a la extinción de las acciones penales, entre otros compromisos.
En un escrito dirigido al presidente de la APN, Federico Granato, el presidente de la asociación vecinal, Diego Frutos, y otros propietarios pidieron al directorio de ese organismo “que se abstenga de ratificar u homologar el acuerdo suscrito el 1 de junio del 2023 en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el marco del tercer encuentro de la Mesa de Diálogo por el conflicto de Villa Mascardi”.
En aquel encuentro, realizado a principios de junio en la ex-Esma -del que participaron representantes de comunidades mapuches de las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, entre otros funcionarios-, el Estado se comprometió a dar cesión de uso a la “machi” Betiana Colhuan “a fin de que pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales para todas las comunidades mapuche tehuelche”.
Al igual que Luciana Jaramillo, María Celeste Ardaiz Guenumill y Romina Rosas, Colhuan fue detenida en octubre del año pasado durante el operativo de desalojo que realizaron fuerzas federales en los predios ocupados sobre la ruta 40.
Asimismo, en aquella mesa de diálogo se acordó que la comunidad Lafken Winkul Mapu se reubicará en otras tierras, distintas a donde se ubica el “rewe” de Villa Mascardi. Ese y otros puntos del acuerdo fueron cuestionados por vecinos de esa localidad.
Según manifiestan en el escrito difundido hoy, “la APN se comprometió a llevar adelante al menos ocho acciones en favor de Lafken Winkul Mapu y de sus integrantes en zona estricta del área protegida, desafectando de hecho el uso y goce público del parque nacional para afectar al uso particular de personas procesadas en innumerables causas penales por delitos cometidos en Villa Mascardi”.
Entre los motivos para pedir la nulidad del acuerdo, la Asociación Vecinal Lago Mascardi menciona la exclusión de una de las partes a la mesa de diálogo: “Resulta inexplicable que el Estado Nacional no haya citado ni dado intervención a los vecinos de Villa Mascardi y a la Provincia de Río Negro, que es otro actor clave en este conflicto, sobre todo, teniendo en cuenta que el 9 de mayo de 2023 solicitaron formalmente participar al Secretario de Derechos Humanos, sin haber recibido respuesta”, indicaron.
Asimismo, aseguran que “el compromiso asumido por Parques Nacionales excede ampliamente las competencias que la ley le asigna, por lo que lo firmado carece de legalidad”. Añaden los firmantes que Granato “no tiene facultad para reconocer como sitio sagrado la talla antropomorfa fruto del delito, ni a Betiana Colhuan como persona con algún tipo de privilegio y don y para ejercer tareas espirituales y medicinales, ni puede autorizar la construcción de viviendas en el parque, comprometiendo recursos del Estado”.
Los vecinos afectados por diversas ocupaciones, incendios de viviendas, vandalismo y daños también advierten que “el art. 34 del Código Procesal Penal en cuyo marco se propone la conciliación, impide celebrar acuerdos en delitos cometidos con grave violencia sobre las personas”. Según indicaron, “los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu no solo usurparon violentamente, también se los investiga por agresiones y amenazas a particulares, ataques con armas de fuego, bombas molotov y piedras a autoridades policiales y judiciales, incluyendo a la gobernadora Arabela Carreras”.
Los firmantes consideran que el acuerdo “convalida las vías de hecho y premia al delincuente”. En ese sentido, aseguran: “Los imputados no asumen responsabilidad ni ofrecen reparación alguna. Además, se les otorga el derecho de permanecer y usar una parte del territorio usurpado, que se les construyan viviendas y a recibir otras tierras del dominio público, saltándose todos los pasos legales que tiene que cumplir la inmensa mayoría de las comunidades indígenas de manera pacífica y respetando los derechos de terceros”.
