El juez Juan Alberto Benavides, que junto a su colega Alejandro Villordo ordenó liberar al puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau en el caso de las tarjetas de débito de la Legislatura bonaerense, protagonizó hace un mes otro fallo de impacto político. Desde la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata confirmó, en consonancia con el voto del juez Raúl Dalto, el sobreseimiento del exgobernador de Buenos Aires Daniel Scioli, en una causa que se había iniciado con una denuncia de Elisa Carrió por negociaciones incompatibles con la función pública, basada en la adjudicación de la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) a un empresario ligado a él. Del mismo modo que en el caso de las tarjetas, el juez Fernando Mateos opinó en sentido contrario a Benavides.

Con su fallo favorable a Scioli, Benavides confirmó una decisión que había tomado el juez platense Agustín Crispo el 29 de junio. El sobreseimiento definido por el juez y confirmado por la Cámara quedó firme, ya que no hubo apelación del fiscal general ante Casación.

El caso se acusaba a Scioli de interceder para que el gobierno bonaerense le entregara 12 construcciones de Unidades de Pronta Atención (UPA) y tres ampliaciones a la empresa Miller Building International SA, de Ricardo Miller. Tras hacerse de esas obras, según figuraba en pedido de elevación a juicio, Miller le alquiló a Capanone SA (una sociedad de Scioli) un complejo hotelero en Villa La Ñata, Tigre, le realizó mejoras y luego lo compró tras haber pasado de 1334 metros cuadrados construidos a 3063. En mayo de 2018, Scioli fue indagado y se defendió con un escrito en el que negó cualquier tipo de irregularidad y señaló haber sido “muy celoso en el cuidado de los intereses públicos” durante su gestión. En la causa también fue sobreseído Alejandro Collia, exministro de Salud de Scioli, entre otros funcionarios.

El fallo que firmó Benavides se basa en argumentaciones del juez Dalto (Villordo integra la sala, pero fue reemplazado en esta sentencia), con las que el magistrado del caso de las tarjetas coincidió en su totalidad. Entre otros puntos, el fiscal del caso, Álvaro Garganta, mencionaba que había en las licitaciones una “extraña ausencia de la empresa brasileña MPB”, que había construido las primeras cuatro unidades de pronta atención, pero “no fue más invitada a competir”, que, desde la quinta unidad construida, “la empresa de Miller ha estado presente en todos los expedientes administrativos investigados, resultando adjudicataria de todas las obras”, y que la firma de Miller tiene “inexistencia de contratación por parte de la Provincia antes y después de la gestión Scioli”.

Garganta reprochaba que Crispo no había tenido en cuenta irregularidades por él mencionadas, por lo que “ha parcializado la prueba de cargo esencial para el descubrimiento de la verdad”, según consta en la resolución firmada por Benavides y Dalto, a la que accedió LA NACION, y que tiene la disidencia de Mateos.

“Si lo omitido o no valorado resultaba de suma trascendencia o esencialidad, el impugnante debió haber demostrado -no solo alegado- que el tratamiento de cada una de esas cuestiones, tal como fueron postuladas, era esencial para el caso y cimentarse sobre las líneas de omisión de tratamiento de cuestión esencial”, argumentó Dalto en su explicación, a la que Benavides adhirió. “Reiteradamente se ha resuelto que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones o argumentos, sino que basta con que se hagan cargo de aquellos conducentes para la decisión del litigio”, se agregó en el fallo de Cámara.

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Dalto y Benavides coincidieron con Crispo en su “ecuanimidad en la construcción lógica” al explicar que Miller Building International SA ”participó a modo de entrenamiento junto a MBP en el montaje de las tres UPA realizadas por la firma brasileña con el fin de profundizar en el aprendizaje del nuevo sistema constructivo modilar”, por lo que “no resulta desatinado que la empresa Miller Building International fuera invitada a cotizar para las UPA restantes”.

En cuanto a las negociaciones incompatibles denunciadas, Dalto y Benavides afirmaron que el fiscal “es quien alega la dificultad para poder demostrar las irregularidades en el otorgamiento de la obra pública y la recepción de dádiva”. También estuvieron de acuerdo con el planteo del juez Crispo de que no se encuentra acreditado que se hayan reunido Scioli y Miller, “aún por interpósita persona”. Remarcaron, en varios pasajes de su resolución, que la apelación d eGarganta en su búsqueda de llegar al juicio oral, se basaba solo en “una opinión personal, divergente a la del juzgador”.

Como en el caso de Rigau, el juez Mateos votó en disidencia. Dijo que Crispo realizó “un análisis sesgado o parcial” al analizar “el delito de negociación incompatible con la función pública”, por lo que “debe hacerse lugar al recurso de apelación bajo tratamiento ”.

Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, Mateos suele tener “alguna disidencia por cuestiones doctrinarias” con sus colegas. Benavides, antes de ascender a camarista, fue fiscal del fuero de responsabilidad penal juvenil. Ascendió a ese puesto durante el actual gobierno de Axel Kicillof. Villordo, en tanto, fue instructor judicial, fiscal adjunto en la UFI Nº1 platense y luego accedió a la titularidad de esa unidad fiscal. Aficionado al triatlón, fue designado camarista durante el primer gobierno de Scioli, y atesora un pasado como actor infantil: fue parte del elenco de Jacinta Pichimahuida, serie televisiva en la que interpretaba a Tito, uno de los alumnos de la escuela, cuando la maestra era representada por la actriz María de los Ángeles Medrano.