La asociación civil Bases Republicanas, vinculada a Pro, llegó a la Cámara Federal en su intento de reabrir la investigación contra Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que la vicepresidenta fue sobreseída el lunes pasado. Esta ONG aspira a que la reconozcan como querellante en el caso -es decir, como particular damnificada- para quedar en condiciones de discutir el sobreseimiento.

El juez federal Sebastián Casanello le dijo que no cumplía los requisitos, Bases Republicanas apeló y el magistrado le concedió el recurso para que llegue con su reclamo a la Cámara. Si los jueces del tribunal la aceptan, eso llevaría, en definitiva, a que esos mismos camaristas revisaran el sobreseimiento de la vicepresidenta. Son los jueces Eduardo Farah y Mariano Llorens, a los que podría sumarse Pablo Bertuzzi en caso en que los dos primeros no estuvieran de acuerdo.

Para hacer lugar al pedido de Bases Republicanas, la Cámara Federal tendría que ampliar su criterio acerca de qué se reconoce como un “particularmente ofendido” por el delito que se investiga, advierten en los tribunales. En esta misma causa pidieron sin éxito ese reconocimiento Margarita Stolbizer y la Fundación por la Paz y el Cambio Climático.

Bases Republicanas consiguió que la admitieran como querellante en el pasado, pero no era un caso de lavado de dinero proveniente de evasión, como lo es este (según la Cámara de Casación), sino la causa del Vacunatorio VIP. La Cámara dijo entonces, en un fallo muy escueto: “Teniendo en cuenta que los hechos y conductas que conforman el objeto de pesquisa podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, resulta procedente la constitución como parte querellante de la incidentista, en los términos del art. 82 bis del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto el objeto social de la organización que representa abarca la defensa y protección de dichas garantías”. Ese caso tuvo una similitud con este: la aparición de Bases Republicanas como querellante habilitó la reapertura de la causa, que no había sido pedida por el fiscal.

El Código Procesal Penal dice que podrán ser querellantes las personas particularmente ofendidas por los delitos y en el artículo 82 bis añade: “Las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a la ley, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa, humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados”.

En los tribunales de Comodoro Py no desconocen que aceptar a Bases Republicanas abriría la puerta para que se presenten asociaciones de toda índole en las causas de relevancia política. Fuentes de la Cámara dijeron a LA NACION que el criterio para aceptar querellantes es “restrictivo”, pero que habrá que analizar “los fundamentos que invoca” esta asociación.

El lunes pasado, Casanello sobreseyó a Cristina Kirchner por un pedido del fiscal del caso, Guillermo Marijuan, al que adhirieron la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP; es decir, a pedido de los tres actores que impulsaban la investigación. “Sin acusación no hay proceso penal posible”, dijo el juez en su fallo del lunes. Ese mismo día declaró “inadmisible” el planteo de Bases Republicanas, agrupación que declara entre sus objetivos “colaborar en la construcción de institucionalidad de los Estados” y que estuvo presidida por Jimena de la Torre, actual consejera de la Magistratura por los abogados, cercana a Pro. Integran también esta asociación Pablo Noceti (exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich), Juan Curuchet (expresidente del Banco Provincia) y Pablo Clusellas (exsecretario de Legal y Técnica del gobierno de Mauricio Macri), entre otros. Federico Pinedo fue uno de sus fundadores.

Cuando se negó a aceptarla como querellante, Casanello dijo que la presentación de esta agrupación tenía problemas de forma, pero también impedimentos “en cuanto a la oportunidad” y “en cuanto al derecho”. El juez sostuvo que “la singularidad del planteo reside en que acontece a más de diez años de iniciado el trámite, en un momento donde el proceso ha quedado sin acusador y con un objetivo puntual: solicitar la nulidad del último dictamen fiscal”. Para Casanello, esta demora “conspira contra la demostración de la calidad de ofendida”.

El juez recordó que la Cámara Federal tiene dicho que aceptar a un querellante así, dejaría al acusado “atrapado en una situación de incertidumbre ante la eventualidad de que quien no lo persiguió, intente hacerlo ante el desinterés de quien lo hizo primariamente”.

Para el juez, Bases Republicanas fracasa también “en orden al derecho que invoca”. Casanello advirtió que la ley le reconoce la facultad de intervenir en las causas a las víctimas e incluso a asociaciones, pero “cuando se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos”.

“La condición que habilita la legitimación activa en el proceso penal -persona particularmente ofendida- es propia de quien, de modo especial, singular, individual y directo se presenta afectada por el daño o peligro que el delito comporte”, dijo el juez, que sostuvo que en el caso de Bases Republicanas -como pasó con la Fundación por la Paz y con Stolbizer, a quien el magistrado le reconoció “sus aportes” a la investigación-, “no se encuentra presente aquel plus respecto al común que la posicione como particularmente ofendida -y afectada de modo especial e individual- por los hechos investigados en este expediente”. Los camaristas Farah y Llorens resolverán ahora si ratifican esta decisión.