Virginia tiene 28 años y es maestra en una escuela primaria bonaerense. Una mañana, en la clase de música, compartió con sus alumnos una canción del grupo Cuanticuénticos que se llama Secretos. “Hay secretos livianitos que te llevan a volar. Y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal”, cantaban con ella.

“Ese día hablamos de cómo cuidar nuestro cuerpo al jugar y les enseñé que si jugamos a la mancha, no se pueden tocar en cualquier parte, que debemos ser respetuosos con el cuerpo propio y del otro”, explica la maestra, diplomada en Formación en Educación Sexual en la Universidad Nacional de San Martín.

“Mientras hacíamos la actividad, noté que una alumna estaba un poco rara. Al terminar la clase, me dijo que quería hablar conmigo y, en el recreo, me contó que un familiar le tocaba todas las partes de su cuerpo, incluso las que yo había dicho que otra persona no debía tocar”, recuerda Virginia, que contuvo a la niña y habló con las autoridades del colegio para activar el protocolo para este tipo de situaciones.

La ley nacional de Educación Sexual Integral (ESI) cumple este mes 17 años desde su aprobación. Aunque tiene muchos objetivos, uno de los logros que más se le reconoce a esta ley es que permitió detectar y denunciar casos de violencia y abuso sexual como e que describe Virginia, a quien le cambiamos su nombre real para proteger la identidad de la escuela y la privacidad de la nena.

Algunos datos ayudan a entender la dimensión de los casos de abuso en la infancia y la adolescencia. En Argentina, 6 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niñas, niños y adolescentes. Mientras que entre 2020 y 2021 hubo 3.219 casos, de acuerdo al informe del Programa Las Víctimas contra la Violencia que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Además, de acuerdo a un informe hecho en 2019 por el Ministerio Público Tutelar porteño, 3 de cada 10 niños que denunciaron abusos sexuales en la Sala de Entrevistas Especializada de ese organismo, pudieron comprender que fueron abusados después de tener clases de ESI. En las edades de 12 a 14 años, ese número asciende a más del 50%.

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“Una forma digna de entender el cuerpo”

“En los niveles inicial y primario, hablar de partes íntimas y que otras personas no las pueden tocar son maneras de hacerles llegar la manera saludable y digna de entender el cuerpo. Esto le permite a muchos niños decir lo que les pasa y reconocer el abuso. De esa manera, la escuela garantiza ese derecho que muchas familias no consiguen garantizar”, aclara Florencia Bianco, docente y miembro del colectivo Akelarre, organización que hace acompañamiento en causas de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.

Bianco da clases de Letras Modernas en el Instituto Dante Alighieri, de la ciudad de Córdoba y su materia le sirve como un espacio cómodo para hablar de la ESI con sus alumnos de los últimos años de la secundaria. “Estos contenidos deben ser transversales a todas las materias y no exclusivos de una materia o clase especial. Todos los docentes debemos hablar de ello. ¿No pueden hablar de la afectividad, de la equidad de género, del respeto a la diversidad con sus alumnos, sea cual sea la materia que den? Eso es justamente lo que la ESI propone, les contesto cuando me dicen que no saben cómo abordarla”, aclara.

Desde el primer día de clases, Bianco se presenta ante sus alumnos como parte de una organización que lucha contra el abuso sexual infantil. Dice que busca que la tomen como una referente de la ESI y puedan hablar con ella cualquier problema. También les cuenta que forma parte del colectivo “madres protectoras”, un grupo de madres que han vivido la triste experiencia de que sus hijos sean abusados, lo que ella describe como “el crimen más impune en la historia de la humanidad”.

“Hace 2 años, un estudiante se acercó con la clásica introducción de ‘conozco a una chica que…’. Después, con el tiempo, me fui ganando su confianza hasta que me contó, como pudo, que era abusada por un familiar. No se animaba a contárselo a su madre porque tenía miedo, pero convocamos a la familia, que pudo escuchar su relato y actuar en consecuencia”.

El 84,6% de los agresores pertenecen al ámbito de confianza de la víctima, ya sean familiares o conocidos. El padre aparece como el principal agresor, seguido de otros familiares y el padrastro. Son diagnósticos hechos a partir de un informe de agosto de este año en base a los llamados a la línea 137 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

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La preocupación de madres y padres

“Me acuerdo que en 2007 en la escuela se debatía entre ESI sí o ESI no. En ese contexto, aparece una madre espantada porque los chicos de séptimo grado estaban mirando pornografía de personas con animales”, dice Liliana Waltz, formadora de docentes y capacitadora de ESI. Y sigue: “Cuando las familias se asustan, les explicamos que la ESI justamente tiene una mirada crítica respecto de estos contenidos. Por eso, si a los chicos o chicas les llega ese contenido, es en los espacios de ESI donde van a poder hablar de eso y cuestionarlo. La ESI no es lo que los excita, lo que los excita es dejarlos solos con los medios y las redes”.

La especialista y autora del libro “Educación Sexual Integral: una oportunidad para la ternura” se enfrentó muchas veces a la pregunta respecto a por qué no le cambian el nombre a la ley, ya que “para mucha gente evoca lo genital”. En ese sentido, explica que “no se debe olvidar la importancia de la palabra ‘integral’, que acompaña a este tipo de educación, ya que que no se trata de hablar de lo biológico-genital, sino de afectividad, diversidad, respeto por el cuerpo, equidad de género y ejercicio de derechos”.

Como psicóloga, capacitadora y referente de ESI, Waltz trabajó en espacios comunitarios y educativos de todo el país desde 2007 y tuvo que trabajar “con muchos docentes que se encuentran a sí mismos con prejuicios a la hora de capacitarse. “En capacitaciones docentes, los mismos docentes se reconocen en los abusos”, señala y resalta que “la formación docente tiene que incluir un espacio importante para trabajar los propios miedos y resistencias. Estamos muy atravesados por nuestra subjetividad”, agrega.

El caso de Martina (su nombre fue cambiado para preservar su identidad) es uno de los tantos ejemplos de los que habla Maltz. Ella es profesora de Biología en una escuela secundaria desde el 2005 y decidió cursar el Postítulo de Educación Sexual Integral en el Instituto Superior Joaquín V González, en la ciudad de Buenos Aires. “A partir de lo que iba leyendo en los apuntes, comencé a indagar la causa por la cual me era imposible abordar el tema de abuso”, cuenta y sigue: “Reconocerme en lo que estudiaba, en lo que compartían los otros y en la reflexión sobre nosotros mismos, siempre me hizo ruido cuando nos pedían hacer prácticas y yo no podía abordar la temática”, recuerda Martina, quien gracias a esa capacitación logró reconocer los abusos vividos luego de que su padrastro, el abusador, sufriera un ACV y aparecieran los recuerdos de ello.

“La falta de una educación sexual durante mi adolescencia me dificultó identificarlo como tal y gracias a mi formación, pude enfrentarlo”, reflexiona hoy, muchos años después.

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El caso Sathya Aldana

A pesar de que la ESI es uno de los instrumentos que más ayudaron a identificar abusos sexuales en la infancia y adolescencia, “no todos tienen un final feliz”, aclara Florencia Bianco a partir de su experiencia como docente. “Me tocó ver familias que cuando se enteraban de que sus hijos habían denunciado a sus agresores, los sacaban de la escuela”.

En ese sentido, uno de los casos más trágicos de los últimos años ocurrió en la provincia de Córdoba. Fue el de Sathya Aldana, una adolescente de 17 años que, en 2017, luego de una clase de ESI, denunció los abusos sexuales que venía sufriendo de parte de su padre desde que ella tenía 9 años. La mamá se enteró de ello cuando acudió al llamado de la escuela, que activó los protocolos y lo denunció.

“Todos los derechos que la escuela le garantizó a Sathya, la Justicia se los quitó. La fiscal llamó a declarar a Sathya cinco veces, revictimizándola, mientras que el abusador seguía libre. La investigación se estancó durante dos años y eso deterioró la salud mental de Sathya. En 2020, se suicidó y recién ahí la Justicia actuó y condenó al acusado”, agrega Martina.

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De las resistencias a lo que dicen los estudiantes

Desde que la ley fue promulgada en octubre de 2006, contó con muchas adhesiones y también voces en contra que repudiaban principalmente su obligatoriedad y sus contenidos, desvirtuando sus prácticas y acusando a quienes las ejercían de llevar pornografía a las aulas. Y en 2018, con la resolución que obligaba su dictado en todas las escuelas públicas y privadas del país, aparecieron varias equiparando a la ESI con corrupción de menores.

La ley fue pensada de manera tal que los contenidos de la ESI formen parte del programa de estudios de todas las materias que se dictan en la escuela, desde el jardín de infantes hasta el nivel terciario, en forma obligatoria. “La ESI está extendida en las escuelas públicas, donde se les brinda a los chicos el piso mínimo de contenidos que marca la ley, mediante la Resolución 340/18, que se anexó en 2018″, explica Paula Wachter, directora ejecutiva de Fundación Red por la Infancia. “Lamentablemente esta no es la realidad en el sector privado”, agrega, “donde en muchos colegios queda a criterio de la institución qué contenidos brinda. Incluso, hay provincias que se declararon ‘pro vida’ y directamente no cumplen con la legislación vigente”.

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Más allá de esa discusión, hubo varias investigaciones que buscaron escuchar a las y los estudiantes. Un relevamiento entre estudiantes de 16 a 24 años, publicado en 2021 e impulsado por #EsConEsi, un grupo de jóvenes que trabajan por la implementación de la ESI, con el apoyo de la Unión Europea y las Naciones Unidas, determinó que un 50% de los encuestados pudo identificar situaciones de violencia gracias a la ESI y 6 de cada 10 encuentran en la falta de formación docente la principal barrera para la implementación efectiva de la ESI.

Además de la poca formación docente, los consultados consideran que la educación sexual que se brinda es biologicista y heteronormativa (52%) y reconocen cierta negación de la escuela a tratar estos temas (47%). “Más allá de los saberes teóricos, falta entender el paradigma de la ESI. A los docentes les implica revisarse a sí mismos, desde lo afectivo, lo sexual y no todos están abiertos a revisar ciertas cosas”, explica Florencia Bianco, que observa que las nuevas camadas de docentes más jóvenes llegan más capacitados y siguen el protocolo a la perfección. Aunque, aclara: “Hay muchas instituciones que tratan de esconder todo bajo la alfombra y no cumplen con la ley. Yo escuché a docentes decir que esto ‘es una moda que va a pasar’”.

Desde el Observatorio de las Violencias de Género #AhoraQueSíNosVen, confirman esta apreciación a partir de una encuesta a alumnos de escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires, realizada entre 2019 y 2020, bajo el título “Ahora que nos escuchen”. Determinó que 8 de cada 10 estudiantes vivió una situación de violencia en la escuela, 4 de cada 10 fue de acoso y en el 58% de los casos, el acosador siguió haciéndolo. Además, más de la mitad de los estudiantes manifiestan no tener un equipo referente de ESI en su escuela.

“Consideramos que estos resultados dan cuenta de una situación desalentadora y crítica”, afirman, en sus conclusiones, los responsables de la encuesta y agregan que “mientras contamos con una Ley Nacional de Educación Sexual Integral sancionada hace 17 años, todavía su implementación no se ha completado”.

Hace pocos días, el 11 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de Ley sobre Protocolos de Actuación para Detectar el Abuso Sexual Infantil, que establece que toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que corresponda.

En los últimos años, el ejercicio de la ESI en todas las escuelas del país, permitió que muchos niñas, niños y adolescentes encontraran en ese espacio escolar la posibilidad de poner en palabras los abusos que vivían. Muchos de ellos fueron de conocimiento público, como el de una niña de 7 años en Formosa que, en 2018 dibujó un pene en la clase de ESI y le explicó a la directora que ya lo conocía porque el Director de la Biblioteca Judicial, donde su mamá trabajaba en tareas de limpieza, se lo mostraba.

En 2019, alumnos de diferentes ciudades del país, como los casos de Río Negro, Córdoba y Santa Fe, denunciaron individual y colectivamente a sus abusadores, también luego de recibir una clase de ESI. Entre 2020 y 2021, la pandemia obligó el cierre de las escuelas y los casos de abuso sexual infantil aumentaron un 150%, de acuerdo al informe del Programa Víctimas contra las Violencias. En 2022, el regreso a las aulas permitió que muchos de esos delitos vuelvan a ser visibilizados y denunciados. Desde Rosario de la Frontera hasta General Roca, desde San Juan a La Pampa, desde Catamarca a Buenos Aires, las víctimas de abuso sexual infantil encuentran en estos espacios escolares una manera de poner en palabras un sufrimiento que les hirió la vida para siempre.

Más informaciónHablemos de abuso sexual: en esta guía de Fundación La Nación podés encontrár más información sobre dónde pedir ayuda y señales de alerta.