A fines del siglo XIX la educación tenía centralidad en el proyecto político de la clase dirigente. Era un objetivo compartido, aunque con matices, como se palpó en los agitados debates entre católicos y laicos en torno la ley 1420 de educación común, promulgada en julio de 1884. No por eso dejó de ser una pieza basal de un país que quería construir ciudadanía a través de ella y edificar una nación sólida, próspera y con movilidad social, esta última insólita, si la observamos desde un presente de carencias y estancamiento.

Presidentes como Mitre, Avellaneda, Sarmiento y Roca rivalizaron en muchos aspectos, pero se reunieron en uno, quizá, el más importante. La educación no solo fue un valor declarado o un eslogan de campaña, constituyó un conjunto de instrumentos legales sostenidos por el poder económico del Estado nacional. Leyes como la universitaria de 1874, la 1420 y la denominada Laínez, en 1905, dieron forma a un sistema público, universal y sostenido por el erario público que tuvo su hito posterior con el movimiento de la Reforma Universitaria de 1918, apoyada por el gobierno de Hipólito Yrigoyen y surgido en la Docta Córdoba.

El resultado económico-social de ese proceso fue notable: edificios de escuelas monumentales, reducción drástica del analfabetismo, extensión de la matrícula escolar, ascenso de las clases medias, expansión de las llamadas hoy industrias culturales y la conformación de una idea de prosperidad que se instaló en el universo de creencias del país.

Más tarde, la nación entraría en ciclos de inestabilidad, violencia, auge y caídas económicas crónicas, que terminaron edificando el más grave de los problemas que una democracia puede tener: un porcentaje inédito de pobreza estructural sumada a una creciente desigualdad entre los distintos estratos sociales. La educación los padeció de igual modo y los consensos en torno a ella fueron esporádicos, más motivados por urgencias que por un largo plazo que necesita pensar la ciencia, la tecnología y la política educativa como un todo vinculado al progreso social, al desarrollo económico y a la profundización de la democracia

Resulta decepcionante, entonces, la ausencia de centralidad de los temas educativos en el debate público y, especialmente, en un año de campaña electoral por la presidencia. Aparecen tímidamente, pidiendo permiso y en forma de enunciados sin sustancia, un poco repetidos y obsoletos, dichos como para quedar bien y sin estar estructurados en un proyecto de país concreto y factible.

Es apasionante leer discursos, escritos, ensayos y artículos de prensa de una época en la que uno de los temas era aquel que hoy está ausente. No se trata de idealizar esas figuras del pasado, todas tienen sus grises, su oscuridad y sus controversias. Cada uno de ellos fue y es motivo de discusiones acaloradas dentro y fuera del mundo académico. El punto no es ese.

El historiador Eduardo Zimmermann, refiriéndose a Sarmiento, decía que para el sanjuanino la educación era un eslabón fundamental de un proyecto político, cuyo objetivo era construir una República Liberal de ciudadanos, un eslabón que contribuiría a modernizar la estructura social del país y colaboraría en la consolidación de un Estado moderno y fuerte. Plan que, en palabras del historiador, tenía como objeto “conciliar libertad y orden”. Un proyecto formidable del cual varias generaciones fueron tributarias. Lejos estamos hoy de esas convicciones profundas y consistentes. El contexto es otro, el mundo también, así como las necesidades del país son distintas. Esta realidad evidente no puede ocultar que la ausencia de una dirigencia ocupada mancomunadamente en los temas educativos sea, quizá, la carencia más grave y de consecuencias negativas más duraderas que el presente nos ofrece con indiferencia.