Resulta llamativo que aún no se haya definido el futuro de la autoridad ambiental. Los trascendidos indican que el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sería convertido, nuevamente, en una Secretaría de Estado no dependiente de la Presidencia de la Nación sino de la Jefatura de Gabinete o de algún ministerio.

Las últimas autoridades ambientales, de las diversas gestiones, han recaído en personas que poco sabían de la materia. Lo mismo puede afirmarse de quienes ostentaron el más alto cargo de la presidencia de la Administración de Parques Nacionales. El mérito para su designación ha sido la amistad con el primer mandatario o su afinidad ideológica.

La conservación y el uso sustentable de la naturaleza, junto con la erradicación de la pobreza y la modificación de modalidades insostenibles de producción y consumo, constituyen un requisito esencial del desarrollo que nuestro país debe abordar de forma urgente. No es posible despilfarrar los recursos naturales ya que estos, cada día más escasos, son necesarios para las generaciones presentes y futuras. Los parques nacionales constituyen una herramienta estratégica para el desarrollo de las economías regionales, sin espacio para usurpaciones.

La grave crisis que afecta a la Argentina plantea la necesidad de encontrar nuevas respuestas para las acuciantes necesidades que sufre la sociedad, revalorizando la deteriorada agenda ambiental, cuya constante politización en uno u otro sentido la ha vaciado de todo contenido.

Una agenda que contiene cuestiones vinculadas a la conservación, recuperación, protección y uso sustentable de los recursos naturales; al ordenamiento ambiental del territorio; a la gestión de los recursos hídricos; a los residuos comunes y peligrosos; a cuestiones de infraestructura y su correspondiente evaluación de impacto ambiental; a la definición de políticas vinculadas con la información y cooperación internacional; a la conservación de la biodiversidad, y a las relaciones con las organizaciones relacionadas con los temas ambientales.

Es tan relevante y compleja la temática que aborda la autoridad de esta área que su desafío no es solo ambiental, sino ético. Lo que está en juego precisa de una sensibilidad con un sentido de mediano y largo plazo, y no meras respuestas coyunturales.

La forma en que se organiza una administración para abordar la problemática ambiental refleja el nivel de atención y prioridad que cada gestión le otorga. Por ello su correcto funcionamiento es fundamental para garantizar el derecho al ambiente y controlar el cumplimiento del deber de preservarlo.

La falta de inversiones nunca obedece a exigencias ambientales. Por el contrario, la ausencia de requerimientos ambientales razonables es propia del subdesarrollo. Una voluntad política clara en el proceso de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental fortalecerá un sector empresarial genuino.

Sin una planificación adecuada, el deterioro de la calidad de vida será inevitable y resultará imposible afrontar con éxito los problemas que ya hoy nos superan: cómo alcanzar un uso sustentable de los recursos naturales; qué hacer con los residuos; cómo evitar que sea devastada la diversidad biológica; cómo incluir las funciones de los ecosistemas en los procesos de toma de decisiones para saber si gran parte del llamado progreso económico puede ser una ilusión basada en la no contabilización de la pérdida de recursos naturales, y cómo hacer que la nueva autoridad ambiental contribuya al desarrollo.

Estas son solo algunas de las preguntas que deberemos analizar y responder si nos preocupa el porvenir. La Argentina está ante un cambio positivo y la agenda ambiental debería tener el mismo sentido.