La crisis adopta disfraz de zombis que salen al atardecer a buscar la vereda donde pueda pasar la noche su osamenta. Cualquier voladizo sirve para refugiar el cuerpo desalmado de las inclemencias. Últimamente los cajeros automáticos se convierten en casillas de vidrio reforzado, donde varios se tiran a dormir a vista de cualquiera.

El cartón que anoche fue colchón se convierte de día en el cartel en que cada pobre escribe su desgracia, como quien pone en venta el microrrelato de su decadencia. Que se vocea también en el transporte, o se reparte a los pasajeros en esquelas como si fueran naipes del juego del hambre que gana cuando alguien afloja una dádiva a ese crupier de la pobreza. Al atardecer, a la hora en que se sacan las bolsas negras de la basura, bultos humanos se zambullen en ellas para encontrar su cena.

Alrededor de las mesas de los cafés o a la salida de los supermercados se repite como mantra “¿No tiene una moneda?”. Un ruego sin sentido en un país en que la inflación se devora hasta el metálico. El mendicante debería tener la suerte de recibir ochenta monedas de las más grandes para juntar un dólar, a penas.

Alrededor de las mesas de los cafés o a la salida de los supermercados se repite como mantra “¿No tiene una moneda?”. Un ruego sin sentido en un país en que la inflación se devora hasta el metálico

Como ocurre tantas veces en Argentina, se pone en la sanción de una ley toda la expectativa de solución del problema. La Ley 27.654 se publicó en el Boletín Oficial la Nochebuena de 2021, día particular para “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”. Como quien reconoce que esos derechos estaban pendientes.

Y si después de esa Navidad siguen para para mucha gente sin vigencia, el artículo 8 asume que la vía pública es el único bien público que les queda. El “Derecho al acceso y al uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos” para las personas en situación de calle es el “derecho al acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos sin discriminación por su condición de vulnerabilidad.” El mismo artículo impone, específicamente, evitar el uso coercitivo de la fuerza.

Se entiende, entonces, que la política pública ampara a esos dos hombres que vi hace unos domingos desnudarse en una de las fuentes de la Avenida 9 de Julio. Se enjabonaban en una tarde de invierno como si el frío y los transeúntes no existieran. Total, en tren de indiferencia, ni siquiera los cuentan.

El censo de 2022 contó 2.962 personas sin hogar en todo el país. Esa falsa precisión confirma que el termómetro estatal está roto. Solo la ciudad de Buenos Aires informó el pasado junio más de tres mil quinientas. Mientras la ley define su derecho a la intemperie ni el censo, ni la encuesta permanente de hogares, ni las líneas de investigación que les dedica del Conicet proponen qué hacer con ellas.

La imprecisión numérica coincide con la lingüística que designa “personas en situación de calle” lo que hace un tiempo podían llamarse menesterosos, mendigos, desalojados, indigentes. Sin embargo, esta gente no está en la calle. Deambulan por ella como autómatas que perdieron la vida que tenían, y se resignan a que no vuelve.

Lo más dramático es que la situación es grave pero no nueva. Al consultar por cuánta gente duerme en la calle, el buscador confirma que las noticias periodísticas se renuevan desde hace demasiados años. En novela de Pedro Mairal El año del desierto contaba una distopía en que la intemperie se iba comiendo la periferia, poniendo un cerco de hambre y ausencia de ley que se cerraba en la metrópoli porteña. La obra fue en 2005 y ahora ha sido reeditada, confirmando que el paisaje de gente despojada de toda suerte se ha vuelto, desde entonces, recurrente.